(Síntesis editada por el Comité Organizador)
Plan
de Acción
Foro
de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad
Quito,
13-16 de marzo de 2001
Con
el convencimiento de que la construcción de sociedades
plurales y diversas, constituye el principal eje propositivo para
erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
todas las formas de intolerancia:
El
Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad,
celebrado en Quito (Ecuador), del 13 al 16 de marzo de 2001,
reconociendo y asumiendo todos los avances y compromisos conquistados
en Santiago de Chile, según constan en la Declaración
Final de la Conferencia Ciudadana; reconociendo el documento aprobado
por los gobiernos durante la PrepCom Regional de Chile como una
plataforma para el avance a nuevas conquistas; asumiendo la necesidad
de incorporar como base metodológica y eje transversal la
perspectiva de género; asumiendo que una vía eficaz
para erradicar la intolerancia es la educación plural y
diversa, desarrollando el pensamiento, sentimiento y acción
hacia una cultura de paz; asumiendo colectivamente el compromiso de
desplegar acciones conjuntas, encaminadas a crear una nueva sociedad
global, basada en: principios de diversidad y pluralismo; en el
reconocimiento de la interculturalidad y pluriculturalidad y
autonomía de los pueblos; en la justicia histórica,
ampliamente reclamada por los pueblos indígenas,
afrodescendientes, pueblo Rom, nacionalidades oprimidas dentro de un
Estado o por origen étnico, personas mestizas y de
descendencia asiática, mujeres, migrantes, personas
desplazadas internas y refugiadas, y así como por los diversos
actores sociales como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero;
personas de la tercera edad, niñas/os, adolescentes, jóvenes,
discapacitadas/os, comprometidos en la lucha contra todas las formas
de discriminación e intolerancia.
Reconociendo
que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras Formas Relacionadas de Intolerancia,
convocada por la ONU, que se celebrará en Sudáfrica del
31 de agosto al 7 de setiembre del año 2001, enfoca
problemáticas estructurales e históricas, y que sólo
logrará sus propósitos con la participación
amplia, consensual y decidida de la sociedad civil en su conjunto,
decidimos adoptar el siguiente PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS AMÉRICAS, el mismo que será encaminado hacia dicha
Conferencia.
Resolvemos:
1.
Exigir a los Estados la adhesión, respeto y cumplimiento de
los principios, normas, reglas e instrumentos internacionales y
mecanismos de protección, relativos a la promoción de
los derechos humanos, en particular la Carta de las Naciones Unidas y
la Declaración de los Derechos Humanos, universales,
indivisibles e interdependientes, basados en principios de
no-discriminación y equidad, en que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona
puede invocarlos sin distinción alguna. Estos derechos están
contenidos en los siguientes instrumentos internacionales:
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención
Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación hacia la Mujer y su Protocolo
Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; la Plataforma de
Acción Mundial de Beijing; el Estatuto de Roma; la Declaración
de Viena y su Programa de Acción; la Convención de los
Derechos del Niño; la Convención de Naciones Unidas de
los Refugiados; la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes
y sus Familias; la Convención Interamericana contra todas las
Formas de Discriminación a las Personas Discapacitadas; el
artículo 8J de la Convención sobre Diversidad
Biológica; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; la Convención
para la Prevención del Delito de Genocidio; así como
los diversos convenios y recomendaciones de la OIT contra la
Discriminación Racial, la Igualdad de Trato y Oportunidades
para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, especialmente el
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes y el Convenio 111 que asegura la eliminación de
todas las formas de discriminación en el campo del empleo y
ocupación.
2.
Exigir que los Derechos enunciados en los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos sean plenamente aplicables a las
poblaciones de los países en proceso de autodeterminación
y relaciones coloniales.
3.
Exigir a la ONU que urja a sus Estados Partes para que ratifiquen
todos los instrumentos internacionales y sus Protocolos Facultativos
pertinentes para la protección de los derechos humanos,
fundamentalmente para garantizar la vigencia de los derechos
colectivos y asegurar la no-discriminación contra toda persona
y la protección de sus derechos integrales y dignidad.
4.
Exigir a los Estados, la adecuación de las legislaciones
nacionales con los Pactos y Convenios Internacionales orientados a
eliminar la discriminación racial, la xenofobia y toda forma
de intolerancia; como también con los instrumentos
internacionales de defensa de los derechos humanos individuales y
colectivos: civiles, políticos; económicos, sociales,
culturales y al desarrollo.
5.
Exigir que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas
Relacionadas de Intolerancia, declare las diversas formas de
discriminación tales como, racismo, discriminación
racial, xenofobia, sexismo, lesbofobia y homofobia, como crímenes
de lesa humanidad.
6.
Urgir a la ONU, el nombramiento de un Relator Especial; así
como a la OEA, el nombramiento de un Relator adscrito al Sistema
Interamericano Contra la Discriminación Racial.
7.
Exigir a los Estados el reconocimiento de que los pueblos indígenas,
pueblo afrodescendiente y pueblo Rom son sujeto de derecho colectivo,
el cual debe ser considerado como condición inalienable de su
dignidad e identidad histórica y cultural. Ello implica, de
modo indiscutible, la vigencia del derecho a su autodeterminación,
el disfrute de sus recursos, conocimientos y control de sus
territorios.
8.
Exigir que la comunidad internacional, la ONU y la OEA reconozcan
que los pueblos indígenas son pueblos en el sentido que este
término tiene en el derecho internacional.
9.
Urgir a los Estados a adoptar de manera expedita el texto actual de
la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, demostrando su voluntad política para
terminar con la discriminación hacia los pueblos indígenas.
De igual manera, exigir a los Estados Americanos a priorizar la
aprobación de una Declaración Interamericana de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, con plena participación
de las/los representantes de dichos pueblos en el conjunto del
sistema interamericano.
10.
Exigir a los Estados que ratifiquen y apliquen el Convenio 169 de la
OIT sobre pueblos indígenas y tribales, procurando mejoras en
procedimientos posteriores y garantizando el monitoreo permanente por
parte de los pueblos indígenas.
11.
Exigir a la ONU y a la OEA, la elaboración y aprobación
de la “Declaración de los Derechos del Pueblo
Afrodescendiente de las Américas”.
12.
Exigir a los Estados y a la ONU que reconozcan que las / los
afrodescendientes han sido por siglos víctimas de racismo,
discriminación racial, esclavitud y de negación
histórica de muchos de sus derechos. Exigir que sean
tratados/as con equidad y respeto a su dignidad, que no sean sujetos
de discriminación alguna por su origen, cultura, color de piel
y/o condición social.
13.
Recomendar a la ONU la elaboración de una Convención
sobre los Derechos del Pueblo Rom, una Declaración y un Foro
Permanente, con una composición mixta y equitativa y con un
mandato amplio que incluya los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales; y facilite el diálogo
entre los Estados Partes de la ONU, las agencias internacionales y
organismos especializados del sistema de la ONU, sobre temas e
intereses que afecten al pueblo Rom. Asimismo, llamar a la OEA a
elaborar y aprobar una Declaración Interamericana de los
Derechos del Pueblo Rom de las Américas con la participación
de sus representantes.
14.
Urgir a la ONU a diseñar instancias, mecanismos y
procedimientos que posibiliten la participación plena del
pueblo Rom en condiciones de igualdad frente a los Estados.
15.
Instar a la ONU a declarar el día 8 de Abril como el Día
Internacional del Pueblo Rom.
16.
Urgir a los Estados Partes que, en la Declaración y Plan de
Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, se
reconozca la historia de personas de descendencia asiática en
las Américas, caracterizada a menudo por la discriminación
sistémica y abierta que viola sus derechos humanos y confirma
con profunda preocupación el hecho de que continúan
sujetas a actos de violencia, al racismo, discriminación
racial y xenofobia.
17.
Urgir a los Estados y a la Comunidad Internacional a tener presente
la doble o múltiple discriminación que afecta a las
mujeres de los pueblos indígenas, pueblo afrodescendientes y
pueblo Rom, y de poblaciones discriminadas, como migrantes,
lesbianas, bisexuales, transgénero, discapacitadas y de
distintas condiciones de salud, lo que tiene particular relevancia en
lo relativo al otorgamiento de recursos dirigidos a disminuir la
brecha racial, de género y generacional, así como para
la aplicación de los Instrumentos Internacionales que
garantizan la igualdad entre los géneros.
18.
Urgir a los Estados a reconocer que las mujeres indígenas,
afrodescendientes y romaníes son objeto de formas específicas
de discriminación racial, que se conjuga con la xenofobia en
el contexto de la migración y desplazamiento.
19.
Recomendar a las Naciones Unidas la elaboración de una Carta
Universal de los Derechos de las/los Jóvenes.
20.
Instar a la ONU a incorporar en los instrumentos de derechos humanos
el respeto a la libre orientación sexual y sancionar la
imposición de cualquier modelo de vida basado en la
intolerancia y la negación de la libertad, autonomía y
dignidad de las personas.
21.
Recomendar a la ONU la elaboración de una Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
por Orientación Sexual.
22.
Llamar a la ONU para que urja a sus Estados miembros la ratificación
de la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
23.
Urgir a los Estados la ratificación de la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
24.
Instar a la OEA para la creación de una instancia regional de
cooperación, coordinación y gestión asociada de
dichos organismos, para atender la temática de la
discapacidad.
25.
Exigir que los Estados diseñen e implementen políticas
integrales y pluralistas de forma participativa, orientadas a
eliminar los privilegios históricos sustentados y promovidos
por la ideología de la supremacía de la raza blanca,
que constituye un componente fundamental del racismo estructural, y
se expresa tanto en la acumulación de riqueza, poder y status
de ese grupo, como a través del mantenimiento de aparatos
coercitivos que garantizan su dominio.
26.
Urgir a los Estados para que establezcan en sus Constituciones,
cláusulas que garanticen la no-discriminación y el goce
de todos los derechos individuales y colectivos para todas las
personas, sin distinción de raza, etnia, género, edad,
orientación sexual, lengua, religión, origen nacional,
situación migratoria, social, económica, expresión
artística, trabajo u ocupación, condición de
salud y de discapacidad, y otras diversidades. Asimismo, urgir a los
Estados a que deroguen todas las leyes que promueven alguna forma de
discriminación.
27.
Exigir a los Estados, las instituciones nacionales, organismos
regionales e internacionales, y sensibilizar a los diversos
estamentos de la sociedad, a reconocer que el racismo, discriminación
racial, xenofobia, sexismo, lesbofobia, y homofobia, cuyo impacto se
incrementa cada día, tienen raíces históricas y
coloniales, que han resultado en la estructuración de un mundo
discriminatorio e impune, que puede ser transformado con la
erradicación de esa impunidad. Para este fin, que establezcan
legislaciones para sancionar y penalizar todas las formas de
discriminación y sus prácticas, individuales y
colectivas, así como mecanismos para garantizar el
cumplimiento de las leyes existentes.
28.
Exigir que los Estados y a la ONU reconozcan que la esclavitud
constituye un crimen de lesa humanidad, cuyo legado ha contribuido a
la permanencia del racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas de intolerancia relacionadas, contra las/los
afrodescendientes a lo largo de las Américas y el resto del
mundo. Las consecuencias nefastas de la esclavitud se encuentran en
la raíz de las situaciones de profunda desigualdad social y
económica de que son, generalmente, víctimas las/los
afrodescendientes en las Américas, así como las
personas afrodescendientes en la diáspora a lo largo del
mundo.
29.
Recomendar a los Estados Partes de la ONU que incluyan en el
concepto de intolerancia la invisibilización, violaciones a
los derechos sociales, económicos, políticos,
culturales y sexuales basados en relaciones de poder
inter-generacionales.
30.
Denunciar de manera sostenida las manifestaciones de antisemitismo,
anti- islamismo y hostilidad hacia el pueblo Rom, árabes,
asiáticos y otros pueblos, culturas y poblaciones
discriminadas.
31.
Llamar a la Conferencia Mundial contra el Racismo a reconocer que
parte de las raíces históricas del racismo, la
discriminación racial y la intolerancia encuentran su origen
en la Iglesia Cristiana occidental, en tanto asumió el rol
central en el desarrollo del racismo religioso y cultural en el
mundo, produciendo el aparato ideológico religioso que sostuvo
la jerarquía racial de dominación y contribuyó a
la estructuración de un mundo discriminatorio.
32.
Exigir que la Iglesia Cristiana occidental reconozca la
responsabilidad histórica sobre su participación en la
construcción del actual orden injusto y sin equidad, sostenido
por el dominio racial. La Iglesia debe, de igual manera, rendir
cuentas, junto con los gobiernos y agencias internacionales, por los
crímenes cometidos contra la humanidad. Dada la
responsabilidad histórica, se urge a la Iglesia Cristiana
occidental a participar plenamente en los esfuerzos de reparación
a los pueblos indígenas, pueblo afrodescendiente y pueblo Rom
que han sido víctimas de la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas de intolerancia.
33.
Exigir que los Estados y Organismos Internacionales establezcan y
hagan cumplir las sanciones a los genocidas, ecocidas y etnocidas,
que basándose en ideologías segregacionistas,
justifican la discriminación racial, de género, etaria,
étnica, religiosa, de orientación sexual, cultural, por
estatus migratorio y desplazamientos.
34.
Exigir a los Estados a poner fin a la presión sistemática
aplicada amparándose en argumentos legales y administrativos
para privar a los pueblos indígenas y pueblo afrodecendiente
de sus tierras y recursos naturales, que han acarreado como resultado
altos niveles de pobreza; la destrucción de familias, culturas
y ecosistemas; el desplazamiento interno y la migración.
35.
Exigir a los Estados, en el marco de los acuerdos de reciprocidad
entre ellos, el reconocimiento de la libre circulación de
personas y los derechos humanos de las personas migrantes y
desplazadas y garantizar la regularización de su status
jurídico-legal; incluyendo el acceso a la residencia
permanente y a la ciudadanía, con especial atención a
las víctimas de persecución religiosa, política,
por orientación sexual, y otras formas de intolerancia.
36.
Urgir a los Estados y al sistema de la ONU la implementación
inmediata de una amnistía total para las personas migrantes
indocumentadas a fin de regularizar su status, como también
derogar cualquier reglamento o legislación que penalice la
condición de estas personas o las califique de ilegales.
37.
Demandar a los Estados la adopción de legislaciones y
políticas migratorias orientadas a garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes,
documentadas o no.
38.
Urgir a los Estados a tomar en cuenta los aportes que realizan las
personas migrantes a las economías de los países
receptores en la revisión de las políticas migratorias
que actualmente desfavorecen a las personas migrantes, y
reformularlas dentro del contexto de integración
socioeconómica y cultural de las naciones.
39.
Instar a los Estados para que formulen normas y legislaciones que
faciliten el libre tránsito del pueblo Rom a través de
las fronteras internacionales y garanticen las condiciones necesarias
para que la forma de vida nómade e itinerante que conservan
muchos grupos familiares pueda ser sostenible en el tiempo; entre
ellas adecuar y proteger lugares seguros para que se instalen los
campamentos para el desarrollo normal de su forma de vida.
40.
Exigir a los Estados que tomen medidas para contrarrestar las
dimensiones racistas y xenofóbicas que se expresan en los
casos de desplazamiento forzado, en los cuales intervienen los
ejércitos, los diversos actores en conflictos armados, grupos
paramilitares, compañías multinacionales y
narcotraficantes.
41.
Exigir a los Estados para que tomen las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona será expulsada, extraditada o
enviada a otro Estado, si existen fundamentos sustanciales para creer
que él o ella estará en peligro de ser sujeto a tortura
o persecución por razón de raza, opinión
política, nacionalidad, religión, orientación
sexual o membresía a grupo particular y/o social.
42.
Exigir a los Estados e instancias nacionales e internacionales que
se legisle como delito grave el tráfico de personas,
incluyendo servidumbre, trabajos forzados, esclavitud, explotación
sexual y tráfico de órganos. Exigir que se sancione a
los perpetradores y se proteja los derechos humanos de las víctimas
de este crimen; particularmente de mujeres y niñas/os.
43.
Exigir a los Estados que establezcan mecanismos nacionales
encargados de monitorear, capacitar, promover e impulsar la
protección de los derechos humanos; y que estas acciones sean
compartidas por diferentes actores a nivel nacional, tales como:
educadoras/res, promotores/ras de salud, medios de comunicación
y difusión, al igual que los/as profesionales que trabajan a
nivel gubernamental en el sistema judicial y en los cuerpos
legislativos.
44.
Exigir que los Estados capaciten y sensibilicen a quienes imparten
justicia acerca de la naturaleza de la discriminación hacia
los pueblos indígenas, pueblo afrodescendiente y pueblo Rom,
así como la situación específica de carácter
cultural, lingüísticos social y político -
organizativo de estos pueblos.
45.
Exigir a los Estados el reconocimiento y respeto al ejercicio y
desarrollo de los diversos sistemas jurídicos de los pueblos
indígenas, el pueblo afrodescendiente y pueblo Rom y
fortalecer la administración de justicia según sus
prácticas ancestrales.
46.
Llamar a los Estados y a la comunidad internacional a reconocer que
las víctimas de racismo, xenofobia, sexismo, lesbofobia,
homofobia, y de discriminación por estrato social, trabajo
sexual, por edad, discapacidad y condición de salud, son
víctimas de brutalidad policial y perciben un trato
discriminatorio grave tanto en los procesos legales y judiciales como
en los procedimientos policiales.
47.
Exigir a los Estados desarrollar legislación, políticas
y programas para prevenir el trato discriminatorio que ha resultado
en el encarcelamiento, procesamiento judicial y penal, e incluso en
la pena de muerte, de en un número desproporcionado de
personas de los pueblos y poblaciones discriminadas.
48.
Exigir que los Estados y las agencias internacionales desarrollen
actividades de recolección, compilación y diseminación
de datos desagregados por raza, color de la piel, nacionalidad,
etnicidad, género, orientación sexual, edad,
discapacidad, tipo de trabajo u ocupación, sobre la aplicación
de la justicia, especialmente con relación a todo tipo de
delito y sanción, entre ellos la aplicación de la pena
de muerte.
49.
Exigir que los Estados y entidades internacionales reconozcan las
instancias ciudadanas de monitoreo y denuncia de las condiciones
carcelarias, que afecta a los pueblos indígenas, el pueblo
afrodescendiente, el pueblo Rom y culturas discriminadas y migrantes,
con pleno acceso a las penitenciarías y centros de detención;
y garantías para el ejercicio de esta función.
Asimismo, prestar atención a las condiciones carcelarias de
otras poblaciones discriminadas, como: mujeres, lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, personas de la tercera edad, jóvenes,
trabajadoras/es sexuales y personas desplazadas, refugiadas, judíos,
árabes, asiáticos, islámicos.
50.
Exigir de los Estados la abolición definitiva de la pena de
muerte, porque es contraria a todos los principios e instrumentos de
los derechos humanos, cuya aplicación está además
sesgada por prejuicios racistas y xenofóbicos. 51. Exigir
que los Estados provean de adecuada defensa legal a los pueblos y
poblaciones discriminadas quienes, por lo general, también ven
limitadas sus posibilidades de ejercer su defensa. Asimismo, exigir
a los Estados y a los organismos, nacionales, regionales e
internacionales, la asignación de recursos destinados a
fortalecer y crear redes ciudadanas de defensa y promoción
legal, que hagan exigibles los derechos de los pueblos y poblaciones
discriminados.
52.
Exigir a los Estados brindar todos los servicios jurídicos
que permita la defensa adecuada y equitativa a las personas migrantes
sujetas a procesos legales.
53.
Exigir a los Estados a crear, en forma transparente y autónoma,
y proveer los recursos para la implementación de Defensorías
del Pueblo, con el mandato específico de atender a las
víctimas de racismo, xenofobia y de otras formas de
intolerancia tales como el sexismo, lesbofobia, homofobia y
discriminación por edad.
54.
Denunciar la utilización de todas las formas de violencia
incluyendo la violencia sexual como arma de guerra en conflictos
armados, en particular, en contra de las mujeres y niñas/os
indígenas. Apoyar los esfuerzos internacionales de penalizar
la violencia sexual en el contexto de conflictos armados.
55.
Demandar a los organismos internacionales a garantizar el respeto
irrestricto de los derechos humanos de las/os niñas/os y
adolescentes en los conflictos armados.
56.
Exigir a los Estados el respeto de los derechos humanos, acordar
pronta asistencia y canalizar los recursos apropiados para auxiliar a
los pueblos y personas forzados a desplazarse internamente,
especialmente a los niñas/os, adolescentes, jóvenes,
mujeres, personas de tercera edad, personas con discapacidad, o con
diferentes condiciones de salud, que son sujeto de formas específicas
de violencia en ese marco.
57.
Exigir a los Estados y sistema de la ONU el respeto, fortalecimiento
y promoción de la ciudadanía plena y universa, así
como garantizar la plena participación política de los
pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo Rom y
culturas discriminadas, en los poderes locales, nacionales e
internacionales.
58.
Demandar a los Estados Partes que en las instancias de toma de
decisiones, diseño e implementación de políticas
orientadas a erradicar todas las formas de discriminación
incluyan a los pueblos indígenas, pueblo afrodescendiente y
pueblo Rom y culturas discriminadas, así como a migrantes,
personas desplazadas, discapacitadas, lesbianas, gays, transgénero,
jóvenes, personas de tercera edad, trabajadoras/es sexuales.
59.
Exigir a los Estados incluir a las personas migrantes en el
delineamiento de políticas, reformas o enmiendas relativas a
las leyes migratorias, y a permanecer vigilantes para que dichas
elaboraciones se hagan dentro de los principios de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familias.
60.
Exigir a los Estados y la ONU, el reconocimiento del rol y autonomía
de las ONG, así como la asignación de fondos para
implementar programas y proyectos orientados a la erradicación
de todas las formas de discriminación.
61.
Instar a las Organizaciones No Gubernamentales para que,
conjuntamente con los pueblos y poblaciones, sumen sus voces a favor
de la campaña internacional emprendida por diversos sectores
para demandar la ratificación de los Convenios e Instrumentos
Internacionales sobre Derechos Humanos.
62.
Urgir a los Estados a reconocer la objeción de conciencia y a
erradicar del servicio militar las prácticas que no respeten
el pleno desenvolvimiento de los seres humanos, especialmente de la
niñez, adolescencia y juventud, desconociendo su ética,
religión, orientación sexual y conciencia, costumbres
milenarias; y las conductas y prácticas etnocentristas,
xenófobas, sexistas, intolerantes y discriminatorias.
63.
Exigir a los Estados y organismos internacionales que reconozcan y
respeten el derecho de los pueblos a la reparación histórica,
a través de la adopción de políticas inmediatas
para eliminar la brecha proveniente del racismo estructural, cuyo
alcance tiene que ver con el resarcimiento económico y
psico-social de los pueblos discriminados; la valoración de
las diversas culturas y cosmovisiones; el acceso universal y goce del
conjunto de derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales; y de manera especial del derecho al desarrollo
con identidad. Exigir igualmente que, de ahora en adelante, los
Estados y la Comunidad Internacional se comprometan a establecer
políticas y acciones que contemplen reparaciones a las
víctimas de discriminación racial, de xenofobia y de
cualquier forma de intolerancia.
64.
Exigir a los Estados a que cesen el despojo y la explotación
de los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas,
que los territorios ancestrales usurpados sean devueltos e
implementen programas de desarrollo que apunten a mejorar las
condiciones económicas y sociales.
65.
Demandar a los Estados incluir en el Plan de Acción de la
Conferencia Mundial, la reparación, recuperación y
titulación de los territorios y reconocimiento de la deuda
histórica con los pueblos indígenas y
afrodescendientes. Exigir la inmediata puesta en marcha de planes,
programas, proyectos y estrategias de desarrollo de mediano y largo
plazo. .
66.
Exigir a los Estados la compensación a las poblaciones de
desplazados por la pérdida de territorios.
67.
Demandar a los Estados realizar las negociaciones correspondientes
para la condonación de la deuda externa como forma de
reparación a los pueblos indígenas, al pueblo
afrodescendiente y pueblo Rom y culturas discriminadas, de manera que
los Estados brinden mayores oportunidades para cerrar la brecha de
las desigualdades civiles, políticas, económicas,
sociales y culturales.
68.
Exigir que los Estados reorienten los recursos económicos
destinados al pago de la deuda externa hacia la reparación a
aquellos pueblos afectados por la discriminación.
69.
Exigir a los Estados, la ONU y OEA que la voluntad política
para combatir el racismo, discriminación, xenofobia y formas
relacionadas de intolerancia, se manifieste mediante la adopción
de un enfoque integral y colectivo en reparaciones, compensaciones y
otras medidas, que beneficien directamente al pueblo
afrodescendiente.
70.
Exigir a los Estados la creación de políticas de
acción afirmativa para pueblos indígenas y
afrodescendientes, como parte de las políticas públicas
y las políticas de desarrollo, en el ámbito nacional y
regional, que englobe: la vivienda, patrimonio cultural, acceso a la
justicia, salud y, de manera especial, la participación
política plena con cuotas porcentuales de participación
en las estructuras ejecutivas, legislativas y judiciales de los
gobiernos nacionales; cuotas porcentuales en la selección y
promoción de los empleados en las empresas privadas; de
comunicación y gubernamentales; cuotas porcentuales de
participación en el sistema educativo, particularmente en la
docencia de escuelas primarias, secundarias y educación
universitaria.
71.
Demandar a la ONU, para que en el marco de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y
otras Formas Relacionadas de Intolerancia, se pronuncie por la
humanización del proceso de globalización y promueva
medidas efectivas y concretas que reviertan el deterioro de las
condiciones económicas, sociales y culturales de los pueblos
indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo Rom, como
también de los sectores populares y sociales más
vulnerables.
72.
Demandar a la Comunidad de Naciones a reconocer que el enfoque
predominante en el proceso de globalización, agudiza y genera
nuevas formas de desigualdades entre los Estados y al interior de los
mismos, contraviniendo así a los esfuerzos que se llevan a
cabo en materia de lucha contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y la intolerancia. En consecuencia, demandar
cambios estructurales encaminados a establecer una mayor equidad.
73.
Demandar que el Plan de Acción de la Conferencia Mundial
contra el Racismo tome medidas urgentes para revertir la situación
que afecta a las personas migrantes en el contexto de la
globalización, cuya mano de obra es instrumentalizada en
función de las necesidades del sistema económico,
conculcando sus derechos económicos, sociales y culturales.
74.
Exigir a los Estados combatir el trabajo en condiciones de
explotación de niñas/os y adolescentes.
75.
Exigir a los Estados que reconsideren la aplicación del
modelo económico neoliberal y reconozcan las diversas
propuestas alternativas y de desarrollo sustentadas por los pueblos
indígenas, afrodescendientes y otros sectores.
76.
Exigir a los Estados el cese de la imposición de medidas
económicas unilaterales, intolerantes a la diversidad de
proyectos sociales y culturales, que afectan principalmente a los
pueblos indígenas, l pueblo afrodescendiente, el pueblo Rom y
culturas discriminadas
77.
Mantener las movilizaciones y la presión en rechazo al modelo
económico neoliberal dominante y globalizado y sus organismos
financieros internacionales que agrava el racismo, la exclusión,
la desigualdad social, económica, política y cultural,
degrada el medio ambiente, agota los recursos naturales y agudiza el
racismo ambiental.
78.
Exigir a la ONU la toma de acciones inmediatas para garantizar la
democratización de las Instituciones Financieras
Internacionales y la reorientación de su labor hacia el
bienestar humano, con énfasis principal en la búsqueda
de equidad para los pueblos, países, nacionalidades y sectores
discriminados.
79.
Exigir a la Organización Mundial de Comercio para que, en
consulta con la sociedad civil, elabore códigos de conducta
para las corporaciones transnacionales e incorpore cláusulas
antidiscriminatorias en los tratados comerciales y de integración
regional y extra-regional que suscriben. Exigir que la aplicación
de estos tratados sea monitoreada por los gobiernos y la sociedad
civil.
80.
Urgir a la Asamblea General de la ONU, que califique como crimen de
lesa humanidad aquellas políticas promovidas e impuestas por
las Instituciones Financieras Internacionales, que se revierten en
masivas violaciones de los derechos económicos, sociales y
culturales de los sectores excluidos en los países donde son
implementadas.
81.
Exigir a los Estados la penalización y la prohibición
al acceso a licitaciones gubernamentales a empresas privadas que no
tengan políticas y planes de acción afirmativa
específicamente adecuadas para el combate al racismo, la
discriminación racial, la xenofobia, el sexismo y el no
respeto a la diversidad cultural. Asimismo, establecer incentivos a
quienes las tengan.
82.
Exigir a las Instituciones Financieras Internacionales la
implementación de políticas para programas de
inversiones y prestamos dirigidos al desarrollo de las comunidades
afrodescendientes y en especial, la constitución de fondos de
capital semilla para promover el desarrollo integral en los próximos
treinta años.
83.
Urgir a los organismos multilaterales, a crear un impuesto
internacional a las transacciones financieras especulativas (la Tasa
Tobín), dirigido a la creación de un fondo especial de
la ONU para el desarrollo humano, sustentable, efectivo, sin
discriminaciones. Este fondo deberá ser utilizado
prioritariamente para la implementación de acciones para la
eliminación del racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas relacionadas de intolerancia, como también
para las reparaciones históricas a los pueblos.
84.
Instar al cumplimiento del compromiso de los países
desarrollados de contribuir con el 0.7% de su PBI al desarrollo de
los otros países, canalizando esos recursos a través de
un fondo especial administrado de modo democrático por la
comunidad internacional.
85.
Hacer un llamado a la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se
pronuncie a favor de la suspensión del pago de capital e
intereses de la deuda externa pública de los países
pobres, hasta que se instituya y ejecute una auditoria internacional,
realizada por un equipo de expertos elegidos por voto secreto en la
ONU, que determine la legalidad y legitimidad de cada uno de esos
créditos desde su origen y en su evolución.
86.
Exigir a los Estados, organismos financieros multilaterales y
agencias internacionales a desarrollar medidas y políticas de
acción positiva para la implementación de proyectos
relacionados con el desarrollo comunitario; contemplando la plena
participación de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendiente y pueblo Rom, en todas sus fases; y el desarrollo de
estudios previos de impacto ambiental, cultural y de derechos
humanos.
87.
Exigir a los organismos financieros o de desarrollo internacional,
que integren y prioricen una perspectiva de humanización del
desarrollo, diseñando indicadores para medir los avances en la
erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia.
88.
Exigir a los Estados a incorporar en sus programas y propuestas de
desarrollo una perspectiva multisectorial, respetuosas de las
cosmovisiones de los pueblos indígenas y pueblo
afrodescendiente y de la diversidad cultural; que tenga en cuenta las
especificidades relacionadas con edad, género, opción
laboral, orientación sexual, raza, condición social,
económica y de salud, discapacidad y otras.
89.
Instar a los Estados a reconocer que la implementación de sus
políticas de desarrollo en territorios de pueblos indígenas
y pueblo afrodescendiente, sin su consentimiento pleno e informado,
viola los derechos ancestrales reconocidos internacional y
nacionalmente, provocando la pérdida de los territorios,
lengua e identidad, masacres y desplazamientos forzados. En esa
medida, es necesario adoptar y respetar otras perspectivas de
desarrollo, respetando la autonomía de cada pueblo, mediante
consultas, que incluyan a las mujeres en la toma de decisiones.
90.
Exigir a los Estados y organismos internacionales el reconocimiento
del desarrollo desigual y de las inequidades que persisten al
interior de ellos, constituyen la principal causa de la migración
y desplazamientos forzados, que coloca a las personas en situaciones
de desigualdad, tanto en el campo laboral como en los aspectos
socio-culturales y lingüísticos.
91.
Exigir a los Estados mejorar las condiciones de vida de los pueblos
indígenas, pueblo afrodescendiente y pueblo Rom para prevenir
la migración y desplazamiento forzado.
92.
Llamar a la sociedad civil a desarrollar criterios no
discriminatorios para que sean aplicados por las agencias
multilaterales y financieras internacionales, que aseguren y
garanticen la plena participación de las comunidades en la
preparación de proyectos y la conducción de
investigaciones que contemplen su impacto en los derechos humanos,
derechos culturales y la erradicación del racismo ambiental.
93.
Exigir a los Estados y demandar a las agencias internacionales que
provean los recursos necesarios para que los pueblos desarrollen
diagnósticos e investigaciones sobre su situación.
94.
Urgir a los gobiernos y a las instituciones multilaterales a
denunciar el racismo ambiental que se aplica a los pueblos indígenas
y pueblo afrodescendiente a lo largo del mundo, como una extensión
histórica de las políticas genocidas impuestas sobre
ellos desde los Estados y las corporaciones transnacionales.
95.
Urgir a los Estados a adoptar y garantizar el cumplimiento de leyes
y políticas que protejan a los pueblos y culturas del racismo
ambiental, previniendo el uso de los territorios de los pueblos
indígenas y pueblo afrodescendiente para el depósito de
desechos tóxicos y la instalación de industrias
privadas y estatales que no cumplan con los estándares de
impacto ambiental.
96.
Urgir a los Estados a asegurar la participación comunitaria,
en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre el medio
ambiente y utilizar medidas precautelares para promover prácticas
económicas sostenibles. Los Estados deben exigir a las
empresas a realizar estudios de impacto ambiental y ofrecer
resoluciones compensatorias y reparaciones a las comunidades
afectadas, a fin de garantizar una existencia saludable y sostenible
para todos los miembros de la sociedad.
97.
Recomendar que la sociedad civil desarrolle un Red de Justicia
Ambiental en las Américas para aumentar la conciencia sobre
cómo se manifiesta el racismo ambiental en la región;
compartir información, estrategias y lecciones aprendidas para
combatir el racismo ambiental; desarrollar estrategias de influencia
que interrelacionen el medio ambiente y los derechos humanos, y tomar
parte de acciones de solidaridad.
98.
Exigir a los Estados que promulguen leyes y apliquen medidas que
prevengan, controlen y sancionen penal y económicamente a las
empresas, nacionales y transnacionales, cuya actividad causa daños
que atentan contra la vida humana, por la explotación
irresponsable de los recursos naturales; así como a los
causantes de desastres ecológicos y a los que promueven la
bio-piratería.
99.
Instar a los Estados a reconocer y otorgar reparaciones a los
pueblos indígenas por los daños irreversibles causados
por la pérdida de la biodiversidad y la contaminación
del medio ambiente.
100.
Instar a los organismos gubernamentales a crear, conjuntamente con
la sociedad civil, un Consejo Mundial de Ecología Humana, que
incorpore toda la diversidad humana y su relación con la
naturaleza, que promueva la realización de las exigencias del
presente Plan de Acción para cada realidad específica.
101.
Instar a la ONU y a los medios y sistemas de comunicación a
reconocer el derecho de los pueblos y sectores discriminados a la
comunicación, como parte del cumplimiento de sus derechos
humanos y del ejercicio democrático participativo; de la
libertad de pensamiento y expresión; y del derecho ciudadano a
acceder a diversas interacciones sociales, que se producen a través
de ellos.
102.
Urgir a los medios y sistemas de comunicación a reafirmar sus
principios democráticos, éticos y su función
social de formadores de opinión; abriendo sus espacios para
incluir la expresión y representaciones simbólicas de
la diversidad e interculturalidad, y sensibilizar a la opinión
pública sobre la urgencia de erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia, la intolerancia, la
homofobia y el sexismo.
103.
Llamar a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia relacionadas, a
hacer un llamado urgente a la democratización del conjunto de
sistemas y medios de comunicación, su diversificación a
todas las escalas y, por ende, el acceso del conjunto de la
ciudadanía, y especialmente de los pueblos y sectores
discriminados, a los bienes comunicacionales y al conocimiento.
104.
Llamar a los medios de comunicación a garantizar el acceso a
sus espacios y la expresión propia de los pueblos indígenas,
pueblo afrodescendiente, pueblo Rom y culturas discriminadas, así
como a migrantes, personas desplazadas, discapacitadas, lesbianas,
gays, transgénero, jóvenes, personas de tercera edad.
105.
Urgir a la ONU a que inste a los medios y sistemas de comunicación
a que cesen la explotación de las imágenes culturales
de las mujeres de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendiente, pueblo Rom, las personas migrantes y desplazadas;
que cesen de transmitir estereotipos basados en la orientación
sexual, edad, y condición de discapacidad.
106.
Exigir a los medios de comunicación, la industria de turismo,
el marketing y la publicidad, la eliminación de los
estereotipos basados en las identidades, símbolos, idiomas,
costumbres, tradiciones y vestimentas y la explotación
comercial de las culturas.
107.
Impulsar la creación de instancias ciudadanas de monitoreo de
los contenidos difundidos a través de los medios de
comunicación, con respecto a su tratamiento de la diversidad
existente en la sociedad y sus avances hacia la erradicación
del contenido racista, xenofóbico, sexista, lesbofóbico,
homofóbico, u otros contenidos discriminatorios. Asimismo,
realizar una acción anual de monitoreo con la difusión
de sus resultados.
108.
Impulsar campañas de boicot para presionar a los medios a
eliminar las programaciones que favorecen y alimentan de manera
permanente el racismo, la discriminación racial, la xenofobia
y las formas relacionadas de intolerancia.
109.
Exigir a la ONU y sus organismos afiliados a respaldar y financiar
las iniciativas ciudadanas orientadas a poner las nuevas tecnologías
de la información al servicio de la causa antirracista,
antidiscriminatoria, antixenofóbica; y a favor de la
diversidad de una sociedad pluralista.
110.
Instar a la UNESCO para que desarrolle programas de capacitación
sobre la problemática de racismo, discriminación
racial, xenofobia y otras formas relacionadas de intolerancia, para
las mujeres y hombres que trabajan en los medios y sistemas de
comunicación y otros profesionales, que intervienen en el
campo social y cultural.
111.
Instar a la UNESCO a apoyar las iniciativas de organizaciones de la
sociedad civil que trabajan para la eliminación de la
discriminación racial, la xenofobia, el sexismo, la
intolerancia, la lesbofobia, la homofobia, la discriminación
por condición de salud y otros tipos de discriminación.
112.
Instar a la UNESCO a poner en marcha programas que propicien la
utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación, intercambios y otros medios, para asegurar la
participación de la juventud, especialmente de aquellos que
pertenecen a pueblos y poblaciones tradicionalmente marginados.
113.
Hacer un llamado a la ONU y los Estados para que promuevan la
creación de un fondo, proveniente de las ganancias obtenidas
por la venta de productos de nuevas tecnologías por las
compañías privadas de comunicaciones, destinado a
fomentar el acceso a la tecnología a los pueblos y poblaciones
en desventaja social, económica, cultural o geográfica.
114.
Invitar a los centros formadores de comunicadores a incorporar en
sus currícula educativas, aspectos relativos a los derechos
humanos y a la lucha contra el racismo.
115.
Exigir a la UNESCO que, conjuntamente con los Estados,
institucionalice en todos los niveles de los sistemas educativos, el
respeto a los derechos humanos, a la diversidad y la pluralidad, y
elimine todos los contenidos racistas, xenófobos y sexistas.
116.
Exigir a los Estados a reconocer la importancia de la educación
multicultural como uno de los instrumentos para combatir la
discriminación racial, revisando y elaborando nuevas currícula
educativas bilingües, multilingües, en los diferentes
niveles de la educación, para integrar las diversas
cosmovisiones, las realidades y contribuciones históricas de
los pueblos racial y étnicamente discriminados, así
como de otras colectividades igualmente invisibilizadas.
117.
Exigir que los Estados reconozcan los sistemas y metodologías
educativas propias de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendiente y pueblo Rom, y pongan a disposición recursos
para el desarrollo e implementación de estos sistemas
educativos en sus propios idiomas; así como para el desarrollo
educacional y tecnológico a distancia para comunidades
rurales.
118.
Demandar el acceso a la tecnología en los centros educativos,
en igualdad de condiciones a pueblos y culturas, especialmente en las
áreas geográficas sin acceso a educación
superior y técnica, que contribuyan al desarrollo equitativo y
sostenible.
119.
Llamar a los Estados y organismos intergubernamentales, no
gubernamentales y financieros a priorizar la creación de
fondos específicos orientados a la implementación de
proyectos de educación dirigida a pueblos indígenas,
pueblo afrodescendiente, pueblo Rom, y a culturas discriminadas.
Como también para desplegar programas nacionales de acción
afirmativa y como una medida concreta de reparación histórica,
igualdad de oportunidades para todas/os y de desarrollo social.
120.
Exigir a los Estados que impulsen políticas educativas
formales e informales, inclusivas de la diversidad cultural, racial y
sexual que recuperen la contribución histórica de las
mujeres para el desarrollo de sus respectivos pueblos, comunidades y
naciones.
121.
Urgir a los Estados a desarrollar programas de capacitación
que enfaticen en nuevas técnicas de desarrollo integral,
desarrollo económico y tecnología de comunicaciones.
122.
Exigir a los Estados, la creación de un Instituto Regional
para Estudios y Intersesoría (Advocacy) Contra la
Discriminación Racial.
123.
Exigir a los Estados el reconocimiento de la contribución
cultural, económica, política y científica de
los pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo
Rom.
124.
Exigir a los Estados y a la Comunidad Internacional el
reconocimiento de las prácticas culturales y formas propias de
economía, educación, organización socio-política
y propiedad intelectual de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendiente y pueblo Rom, desarrollando e implementando un
régimen adecuado de protección de la propiedad
intelectual, del conocimiento y de los recursos bio-genéticos
de estos pueblos.
125.
Demandar que la ONU y los Estados reconozcan e incorporen la
herencia milenaria y holística de saberes, conocimientos,
expresión artística de los pueblos indígenas,
pueblo afrodescendiente, pueblo Rom y otras culturas, como parte de
los Derechos Culturales. Asimismo, demandar que definan políticas
y se asignen los recursos necesarios para el rescate, promoción
y fortalecimiento de las expresiones culturales y artísticas
de estos pueblos y culturas.
126.
Demandar a los Estados y a la sociedad en general que reconozcan y
respeten el rol fundamental de las mujeres indígenas en la
educación y transmisión de conocimientos y valores
culturales.
127.
Llamar a los Estados a respetar, proteger y promover las identidades
religiosas de los afrodescendientes, a cesar la persecución
religiosa, social y económica de grupos tales como los
Rastafari u otras expresiones de espiritualidad africana.
128.
Hacer un llamado a todas las personas mestizas a reconocerse en su
tradición cultural hasta ahora sumergida o dominada, y
reivindicar su lugar en la lucha universal y americana contra el
racismo y la discriminación que también les conculca
sus derechos a la identidad y la igualdad social y cultural.
129.
Exigir a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) a reconocer y
tomar medidas frente al hecho de que el racismo, discriminación
racial, xenofobia y todas las formas de intolerancia, afectan
directamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva
y las vidas de las personas de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendiente, y pueblo Rom; así como a otros segmentos
excluidos de la población como mujeres, migrantes, personas
desplazadas internas y refugiadas, poblaciones lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero; debido al acceso desigual a los
servicios de salud, al desconocimiento de las prácticas y
medicinas tradicionales, y porque constituye un agravante para lograr
el estado de óptimo bienestar de las personas.
130.
Urgir a la OMS y a la OPS a incorporar el desarrollo de una visión
holística, que incluyan las prácticas ancestrales
medicinales de los diferentes pueblos y culturas.
131.
Los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas,
especialmente de las mujeres, a una atención de salud de
calidad que sea apropiada a sus culturas y respete la identidad y los
conocimientos médicos tradicionales de estos pueblos. Los
Estados deben, además, proveer fondos suficientes para una
atención de salud de calidad para la protección y la
utilización de la medicina tradicional.
132.
Exigir a los Estados el cese de las políticas genocidas de
control de población, de esterilización forzada de las
mujeres indígenas y la imposición de otros
anticonceptivos peligrosos, como también la experimentación
medica practicada con pueblos indígenas.
133.
Urgir a los Estados, la OMS y a la OPS a eliminar los obstáculos
que limitan la incorporación de profesionales de salud
provenientes de los diversos pueblos y poblaciones. Asimismo,
capacitar a las/los trabajadores en salud, en las problemáticas
de racismo, discriminación, xenofobia y otras formas
relacionadas de intolerancia.
134.
Demandar a los Estados a atender de manera adecuada y justa las
diversas necesidades de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros, así como a otros grupos humanos sometidos
a exclusión y discriminación
135.
Urgir a los Estados, la OMS y a la OPS a compilar, de manera
sistemática, datos desagregados por raza, género,
clase, situación socioeconómica, orientación
sexual, edad, referente a la condición de salud y la atención
en salud. Estos datos deben incluir información sobre acceso
y calidad de la prestación de servicios, diagnóstico y
tratamiento, disponibilidad de instalaciones, disponibilidad de
proveedores y otras actividades y servicios de salud relacionados.
136.
Urgir a los Estados y a la Comunidad Internacional a reconocer que
el desarrollo desigual de los Estados y las múltiples formas
de discriminación que subsisten entre ellos y al interior de
ellos, determinan que las epidemias y pandemias alcancen mayores
proporciones en los países menos desarrollados y en las
poblaciones excluidas de los países desarrollados. Asimismo,
exigir a los países desarrollados que promuevan programas para
la prevención y eliminación de tales epidemias y
pandemias, asignando los recursos necesarios para ello.
137.
Instar a la OMS y la OPS a desplegar programas con los diferentes
Estados, que promuevan: políticas de investigación que
permitan la reducción de costos de tratamientos para epidemias
y pandemias, como la de VIH / SIDA y otras, que afectan a las
poblaciones de escasos recursos; reformas a los reglamentos
internacionales de patentes, que permitan el acceso a bajo costo de
las medicinas; el desarrollo de una visión holística de
emergencia para atender a las personas que viven con el VIH/SIDA, y
que sufren la discriminación racial, la homofobia y sexismo en
el ámbito cultural, social, jurídico y político.
138.
Instar a los Estados y a la comunidad internacional para que
promuevan políticas de sensibilización y educación
para los profesionales de la salud y de la sociedad en general, a fin
de respetar los derechos humanos de las personas que viven con
VIH/SIDA.
139.
Instar a los Estados Partes, sus agencias, ONG, sociedad civil y
sectores privados, a adoptar y encausar medidas para el seguimiento
inmediato de la Conferencia Mundial contra el Racismo, Discriminación
Racial, Xenofobia y Formas Relacionadas de Intolerancia. Implementar
mecanismos de monitoreo y cabildeo para aplicar las recomendaciones
de la Conferencia Mundial a niveles local y nacional, incluyendo las
reuniones regionales, locales y nacionales, donde se promoverá
la Declaración y el Plan de Ación de la Conferencia
Mundial Contra el Racismo y se desarrollará una red del
trabajo de las ONG para eliminar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y otras formas relacionadas de intolerancia.
140.
Exigir que los Estados Partes de la ONU promuevan y financien la
participación de las poblaciones, pueblos y nacionalidades que
luchan contra el racismo, la xenofobia, el sexismo, la lesbofobia, la
homofobia, y otras formas de discriminación, en la Segunda
Reunión del Comité Preparatorio (PrepCom II) y en la
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras Formas Relacionadas de Intolerancia.
141.
Demandar a la Presidencia de la Conferencia Mundial contra el
Racismo que se estipulen y adopten las medidas necesarias para
incluir una efectiva participación de las ONG de mujeres y de
las organizaciones de base de mujeres, en la Conferencia Mundial
contra el Racismo, garantizando también, espacios físicos
adecuados y traducción simultánea.
142.
Demandar que la ONU imponga sanciones a aquellos Estados que no
implementen o no informen sobre los avances de la implementación
de las recomendaciones del Plan de Acción de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, Discriminación Racial, la Xenofobia
y otros Formas Relacionadas de Intolerancia o que se demoren en
cumplir con sus obligaciones.
143.
Demandar que sea otorgado el acceso a la sociedad civil, incluyendo
las ONG para informar directamente a las Comisiones de la Asamblea
General de la ONU sobre el avance alcanzado en cada Estado con
relación a la implementación de las recomendaciones del
Plan de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo.
144.
Instar a los Estados Partes, agencias especializadas, ONG,
instituciones inter- gubernamentales, al sector privado y a la
sociedad civil, a trabajar conjuntamente para proveer los recursos
financieros que respalden la creación y el funcionamiento de
una red global de ONG, que trabajen para eliminar el racismo, la
discriminación racial, xenofobia, lesbofobia, homofobia,
sexismo y todas las formas relacionadas de intolerancia.
145.
Demandar a los Estados que, en colaboración con las ONG y la
sociedad civil, faciliten un diálogo internacional juvenil
sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
relacionadas de intolerancia, a través del foro mundial de la
juventud.
