(Versión
integral elaborada por el grupo relator del Foro)
Plan
de Acción
Foro
de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad
Quito,
13-16 de marzo de 2001
Con
el convencimiento de que la construcción de sociedades
plurales y diversas, constituye el principal eje propositivo para
erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
todas las formas de intolerancia:
El
Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad,
celebrado en Quito (Ecuador), del 13 al 16 de marzo de 2001,
reconociendo y asumiendo todos los avances y compromisos conquistados
en Santiago de Chile, según constan en la Declaración
Final de la Conferencia Ciudadana; reconociendo el documento aprobado
por los gobiernos durante la PrepCom Regional de Chile como una
plataforma para el avance a nuevas conquistas; asumiendo la necesidad
de incorporar como base metodológica y eje transversal la
perspectiva de género; asumiendo que una vía eficaz
para erradicar la intolerancia es la educación plural y
diversa, desarrollando el pensamiento, sentimiento y acción
hacia una cultura de paz; asumiendo colectivamente el compromiso de
desplegar acciones conjuntas, encaminadas a crear una nueva sociedad
global, basada en: principios de diversidad y pluralismo; en el
reconocimiento de la interculturalidad y pluriculturalidad y
autonomía de los pueblos; en la justicia histórica,
ampliamente reclamada por los pueblos indígenas,
afrodescendientes, pueblo Rom, mestizas/os, personas de descendencia
asiática, mujeres, migrantes, desplazadas/os internas/os y
refugiadas/os, y nacionalidades oprimidas dentro de un Estado o por
origen étnico, así como por los diversos actores
sociales como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero,
travesties, personas de la tercera edad, niñas/os,
adolescentes, jóvenes, discapacitadas/os, comprometidos en la
lucha contra todas las formas de discriminación e
intolerancia.
Reconociendo
que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras Formas Relacionadas de Intolerancia,
convocada por la ONU, que se celebrará en Sudáfrica en
setiembre del año 2001, enfoca problemáticas
estructurales e históricas, y que sólo logrará
sus propósitos con la participación amplia, consensual
y decidida de la sociedad civil en su conjunto, decidimos adoptar el
siguiente PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AMÉRICAS,
el mismo que será encaminado hacia dicha Conferencia.
Resolvemos:
1.
Exigir a los gobiernos la adhesión, respeto y cumplimiento de
los principios, normas, reglas e instrumentos internacionales y
mecanismos de protección, relativos a la promoción de
los derechos humanos, en particular la Carta de las Naciones Unidas y
la Declaración de los Derechos Humanos que reafirma el
principio de la no discriminación y equidad, y proclama que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y
libertades proclamados en la Declaración, sin distinción
alguna. Exigimos que los derechos aquí enunciados sean
plenamente aplicables también, a las poblaciones de los países
en proceso de autodeterminación y relaciones coloniales.
Estos derechos están contenidos en los siguientes instrumentos
internacionales:
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención
Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, la Plataforma de Acción
Mundial de Beijing, el Estatuto de Roma, la Declaración de
Viena y su Programa de Acción, la Convención de los
Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, la Convención
de Naciones Unidas de los Refugiados, Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migrantes y de sus Familias, la Convención Interamericana
contra todas las Formas de Discriminación a las Personas
Discapacitadas; el artículo 8J de la Convención sobre
Diversidad Biológica; la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la Convención
para la Prevención del Delito de Genocidio, así como
los diversos convenios y recomendaciones de la OIT contra la
Discriminación Racial, la Igualdad de Trato y Oportunidades
para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, especialmente el
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el Convenio
111 que asegura la eliminación de todas las formas de
discriminación en el trabajo.
2.
Exigir a la ONU, la OEA y a los Estados, la adecuación de las
legislaciones nacionales con los Pactos y Convenios Internacionales
orientados a eliminar la discriminación racial, la xenofobia y
toda forma de intolerancia; como también con los instrumentos
internacionales de defensa de los derechos humanos individuales y
colectivos: económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos.
3.
Recomendar a las Naciones Unidas que todos sus instrumentos tengan
obligatoriedad jurídica.
4.
Exigir a los gobiernos y a las instituciones nacionales y organismos
regionales e internacionales, y sensibilizar a los diversos
estamentos de la sociedad, a reconocer que el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia, el sexismo, la
lesbofobia, la homofobia y la discriminación por trabajo
sexual cuyo impacto se incrementa cada día, tienen raíces
históricas y coloniales, que han resultado en la
estructuración de un mundo discriminatorio e impune, que puede
ser transformado con la erradicación de esos flagelos.
5.
Exigir a la ONU que urja a sus Estados Partes para que ratifiquen
todos los instrumentos internacionales y sus Protocolos Facultativos
pertinentes para la protección de los derechos humanos,
fundamentalmente para asegurar la no discriminación contra
toda persona y la protección de sus derechos básicos y
dignidad.
6.
Instar a las Organizaciones No Gubernamentales para que,
conjuntamente con los pueblos, nacionalidades y poblaciones, sumen
sus voces a favor de la campaña internacional emprendida por
diversos sectores para demandar la ratificación de los
Convenios e Instrumentos Internacionales antes mencionados.
7.
Exigir a que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas
Relacionadas de Intolerancia, declare las diversas formas de
discriminación tales como, el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia, el sexismo, la lesbofobia, la homofobia, entre
otras, como crímenes de lesa humanidad, que constituyen graves
violaciones de los derechos humanos fundamentales.
8.
Urgir a los Estados para que establezcan en sus Constituciones,
cláusulas que garanticen la no - discriminación y el
goce de todos los derechos individuales y colectivos para todas las
personas, sin distinción de raza, etnia, género, edad,
orientación sexual, lengua, religión, origen nacional,
situación migratoria, social, posición económica,
expresión artística, trabajo u ocupación,
condición de salud y de discapacidad, y otras diversidades;
que establezcan legislaciones y códigos para sancionar todas
las formas de discriminación y sus prácticas,
individuales y colectivas, así como para garantizar el
cumplimiento de las leyes existentes; también para que
deroguen todas las leyes que promueven toda forma de discriminación,
a fin de permitir el goce de todos los derechos y libertades
fundamentales para todas las personas; así como que deroguen
las que penalicen la orientación sexual y el trabajo sexual.
9.
Exigir a los Estados y sistema de las Naciones Unidas el respeto,
fortalecimiento de y promoción de la ciudadanía plena y
universal para los pueblos indígenas, el pueblo
afrodescendiente, el pueblo Rom y culturas discriminadas.
10.
Demandar a los Estados Partes para que incluyan a los pueblos
indígenas, pueblo afrodescendiente y pueblo Rom y culturas
discriminados, poblaciones de migrantes, desplazadas/os,
discapacitadas/os, lesbianas, gays, transexuales, transgénero,
travesties, jóvenes, personas de tercera edad, trabajadoras/es
sexuales, en las instancias de toma de decisiones, diseño e
implementación de políticas orientadas a erradicar
todas las formas de discriminación.
11.
Exigir que los Estados diseñen e implementen políticas
integrales y pluralistas de forma participativa, orientadas a
eliminar los privilegios históricos sustentados y promovidos
por la ideología de la supremacía de la raza blanca,
que constituye un componente fundamental del racismo estructural, y
se expresa tanto en la acumulación de riqueza, poder y status
de ese grupo, como a través del mantenimiento de aparatos
coercitivos que garantizan su dominio.
12.
Exigir que los Estados y Organismos Internacionales establezcan y
hagan cumplir las sanciones a los genocidas, ecocidas y etnocidas,
que justifican la discriminación racial, de género, de
edad, étnica, religiosa, de orientación sexual, o
cultural, procesos migratorios y desplazamientos internos forzados,
basándose en ideologías segregacionistas.
13.
Exigir que los Estados provean de adecuada defensa legal a las
víctimas de racismo, xenofobia, sexismo, lesbofobia,
homofobia, y de discriminación por estrato social, trabajo
sexual, por edad, discapacidad y condición de salud, quienes,
por lo general, también son afectadas por otras formas de
discriminación, que limitan las posibilidades de ejercer su
defensa. Esta situación se expresa, entre otros, en un trato
discriminatorio grave, tanto en los procesos legales y judiciales
como en los procedimientos policiales.
14.
Exigir a los Estados el reconocimiento de la contribución
cultural, económica, política y científica de
los pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo
Rom.
15.
Denunciar de manera sostenida las manifestaciones de antisemitismo,
anti- islamismo y hostilidad hacia el pueblo Rom, árabes,
asiáticos y otros pueblos, culturas y poblaciones
discriminadas.
16.
Instar a los Estados a reconocer las diversas formas de racismo,
discriminación racial, xenofobia, y formas relacionadas de
intolerancia. Proponemos exigir a los Estados Partes de los Naciones
Unidas, establezcan mecanismos nacionales encargados de monitorear,
capacitar, promover e impulsar mecanismos de protección de los
derechos humanos; y que estas acciones puedan ser compartidas por
diferentes actores a nivel nacional tales como: educadoras/res,
promotores/ras de salud, los medios de comunicación y
difusión, al igual que el equipo de profesionales que trabaja
a nivel gubernamental en el sistema judicial y en los cuerpos
legislativos.
17.
Recomendar a las Naciones Unidas la elaboración de una
Convención sobre otras formas de discriminación que
antes no hayan sido motivo de atención especial por otra
Convención o Declaración Universal.
18.
Exigir a los Estados a crear, en forma transparente y autónoma,
las Defensorías del Pueblo, con oficinas especializadas en
mujeres, niñas/os, adolescentes, jóvenes, con el
mandato específico de atender a las víctimas de
racismo, xenofobia, sexismo, lesbofobia, homofobia, y discriminación
por trabajo sexual, y de otras formas de intolerancia, y proveer los
recursos para su implementación.
19.
Exigir que los Estados y las agencias internacionales promuevan y
provean los recursos necesarios para que los propios pueblos sujetos
del estudio, desarrollen actividades de recolección,
compilación y diseminación de datos desagregados por
raza, color de la piel, nacionalidad, etnicidad, género,
orientación sexual, edad, discapacidad, tipo de trabajo u
ocupación sexual, sobre la aplicación de la justicia,
especialmente con relación con todo tipo de delito y sanción,
entre ellos la aplicación de la pena de muerte. Asimismo, que
reconozca la validez de los resultados obtenidos.
20.
Exigir que los Estados y entidades internacionales reconozcan las
instancias ciudadanas de monitoreo de las condiciones carcelarias,
que afecta a los pueblos indígenas, el pueblo
afrodescendiente, el pueblo Rom y culturas discriminadas, migrantes,
desplazadas/os, refugiadas/os, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travesties, personas de la tercera
edad, jóvenes, trabajadoras/es sexuales y otros grupos
discriminados, con pleno acceso a las penitencierías y centros
de detención; y garantías para el ejercicio de esta
función.
21.
Denunciar las condiciones inhumanas de las prisiones, que afecta
desigualmente a los pueblos indígenas, el pueblo
afrodescendiente, el pueblo Rom y culturas discriminadas, judíos,
asiáticos, islámicos, migrantes, desplazadas/os
internas/os, refugiadas/os, y otras poblaciones discriminadas.
22.
Exigir de los Estados la abolición definitiva de la pena de
muerte, porque es contraria a todos los principios e instrumentos de
los derechos humanos, cuya aplicación está además
sesgada por prejuicios racistas, xenofóbicos, sexistas,
lesbofóbicos, homofóbicos, por trabajo sexual.
23.
Exigir a los Estados e instancias nacionales e internacionales que
se legisle como delito grave en todos los países el tráfico
y/ o trata (servidumbre, trabajos forzados, esclavitud, explotación
sexual, así como de extracción y tráfico de
órganos) de personas y, de manera especial, de las mujeres,
niñas/os, adolescentes y jóvenes; sin prejuiciar su
status migratorio.
24.
Exigir a los Estados y organismos internacionales que reconozcan y
respeten el derecho de los pueblos a la reparación histórica,
a través de la adopción de políticas inmediatas
para eliminar la brecha proveniente del racismo estructural, cuyo
alcance tiene que ver con el resarcimiento económico y psico-
social de los pueblos y sectores discriminados; la valoración
de las diversas culturas y cosmovisiones; el acceso universal y goce
del conjunto de derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales, sexuales y reproductivos; y de manera especial
del derecho al desarrollo con identidad, sin distinción de
raza, etnia, género, edad, orientación sexual, idioma,
religión, discapacidad, condición de salud y otras; el
diseño e implementación de políticas públicas
dirigidas a niñas/os, adolescentes y jóvenes de grupos
que históricamente han sido discriminados. Exigir igualmente
que, de ahora en adelante, los Estados y la Comunidad Internacional
se comprometan a establecer políticas y acciones que
contemplen reparaciones a las víctimas de discriminación
racial, de xenofobia y de cualquier forma de intolerancia.
25.
Demandar a los Estados realizar las negociaciones correspondientes
para la condonación de la deuda externa como forma de
reparación al pueblo afrodescendiente, pueblo indígena,
y pueblo Rom y culturas discriminadas, de manera que los Estados
brinden mayores oportunidades para cerrar la brecha de las
desigualdades económicas, políticas, sociales y
culturales.
26.
Demandar de los Estados incluir en el Plan de Acción de la
Conferencia Mundial, en sus planes de desarrollo programas, proyectos
de acciones inmediatas y estrategias de mediano y largo plazo, la
reparación, recuperación y titulación de los
territorios y reconocimiento de la deuda histórica con los
pueblos indígenas y afrodescendientes.
27.
Demandar a los Estados y a la Comunidad Internacional el
reconocimiento de la propiedad intelectual, organización
socio-política, los sistemas propios económicos y
educativos, como así también las prácticas
culturales de los pueblos indígenas, pueblo afrodescendientes
y pueblo Rom, desarrollando e implementando un régimen de
propiedad.
28.
Exigir a los Estados y a la Comunidad Internacional el
reconocimiento de las prácticas culturales y formas propias de
economía, de organización sociopolítica y
propiedad intelectual de los pueblos indígenas, así
como de los pueblos de afrodescendientes y Rom, desarrollando e
implementando un régimen adecuado de protección de la
propiedad intelectual y del conocimiento de los pueblos indígenas,
afrodescendientes y Rom incluyendo los recursos bio-genéticos.
29.
Exigir a los Estados el reconocimiento de que los pueblos indígenas,
pueblo afrodescendientes y pueblo Rom son sujeto de derecho
colectivo, el cual debe ser considerado como condición
inalienable de su dignidad e identidad histórica y cultural.
Ello implica de modo indiscutible la vigencia del derecho a su
autodeterminación, el disfrute de sus recursos, conocimientos
y control de sus territorios.
30.
Demandar que los Estados reconozcan los saberes, conocimientos,
expresión artística dentro de las bases de los derechos
culturales como herencia milenaria y holística, apoyados por
recursos y acciones pertinentes y relevantes para la creación,
producción y promoción de las artes de los pueblos
indígenas, pueblo afrodescendientes, pueblo Rom y otras
culturas.
31.
Demandar que en la Conferencia Mundial contra el Racismo de las
Naciones Unidas se definan políticas para el rescate,
promoción y fortalecimiento de las expresiones culturales y
artísticas de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendientes, pueblo Rom y otras culturas.
32.
Reconocer que las raíces históricas del racismo, la
discriminación racial y la intolerancia encuentran su origen
también en la Iglesia Cristiana occidental. Hace más
de cinco siglos, la Iglesia Cristiana asumió el rol central en
el desarrollo del racismo religioso, cultural en el mundo. Produjo
el aparato ideológico religioso que sostuvo la jerarquía
racial de dominación y sancionó la estructuración
de un mundo discriminatorio.
33.
Exigir que la Iglesia Cristiana occidental reconozca la culpa
histórica sobre eventos que condujeron al actual orden injusto
y sin equidad, sostenido por el dominio racial. La Iglesia debe, de
igual manera, rendir cuentas, junto con los gobiernos y agencias
internacionales, por los crímenes cometidos contra la
humanidad. Dada la culpa histórica, se urge a la Iglesia
Cristiana occidental a participar plenamente en los esfuerzos de
reparación a los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendientes, pueblo Rom que han sido víctimas de la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas de
intolerancia.
34.
Exigir que los Estados y las instituciones financieras
internacionales cesen de utilizar su poder y políticas
económicas para imponer condiciones que tienen efectos
adversos hacia la mayoría de la población de las
Américas.
35.
Exigir a los Estados y a los organismos, nacionales, regionales e
internacionales, el otorgamiento de recursos destinados a fortalecer
y crear redes ciudadanas de defensa y promoción legal, que
hagan exigibles los derechos de las víctimas del racismo,
xenofobia, sexismo, lesbofobia, homofobia y de la discriminación
por trabajo sexual.
36.
Mantener las movilizaciones y la presión de los pueblos
afectados en rechazo por el modelo económico neoliberal
dominante y globalizado y sus organismos internacionales de control,
que agudizan y crean nuevas formas de racismo, como el ambiental, y
discriminaciones que afectan a nuestros pueblos, fundamentalmente a
mujeres, personas de la tercera edad, niñas/os, adolescentes y
jóvenes y discapacitados, al reproducir la inequidad social;
la exclusión económica, política y cultural; la
degradación del medio ambiente y el agotamiento de los
recursos naturales.
37.
Revisar todos los modelos económicos que, más aún
como el vigente, en su forma actual neoliberal, sin contrapeso
promueven el racismo ambiental, la inequidad social y la exclusión
económica, política y cultural, lo cual es atentatorio
a la dignidad humana, degrada el ambiente y los recursos naturales, y
refuerza, agudiza las condiciones racistas, discriminatorias y
excluyentes que afectan a nuestros pueblos.
38.
Exigir a los Estados el cese de las medidas económicas
unilaterales impuestas con mayor impacto a los pueblos indígenas,
el pueblo afrodescendiente, el pueblo Rom y culturas discriminadas,
como forma de intolerancia a la diversidad de proyectos sociales.
39.
Demandar a la ONU, para que en el marco de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y
otras Formas Relacionadas de Intolerancia, se pronuncie por la
humanización del proceso de globalización y promuevan
medidas efectivas y concretas que reviertan el deterioro de las
condiciones económicas, sociales y culturales de los sectores
populares, sociales; especialmente de los pueblos indígenas,
el pueblo afrodescendiente, el pueblo Rom y poblaciones de migrantes,
desplazadas/os, mujeres, niñas/os, jóvenes,
adolescentes, personas de la tercera edad, discapacitadas/os.
40.
Demandar a la Comunidad de Naciones a reconocer que el enfoque
predominante en el proceso de globalización, agudiza y genera
nuevas formas de desigualdades entre los Estados y al interior de los
mismos, y entre generaciones, grupos sociales y de género,
contraviniendo así a los esfuerzos que se llevan a cabo en
materia de lucha contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y la intolerancia. En consecuencia, demandar a cambios
estructurales encaminados a establecer una mayor equidad.
41.
Exigir a los Estados la toma de acciones inmediatas para garantizar
la democratización de las Instituciones Financieras
Internacionales y la reorientación de su labor hacia el
bienestar humano, con énfasis principal en la búsqueda
de equidad para los pueblos, países, nacionalidades y sectores
discriminados, en la búsqueda de equidad para todos los que
están sufriendo discriminaciones.
42.
Urgir a los organismos multilaterales, a crear un impuesto
internacional a las transacciones financieras especulativas (la Tasa
Tobín), dirigido a la financiación de un fondo especial
de Naciones Unidas para el desarrollo humano con identidad,
sustentable, efectivo, sin discriminaciones y dirigido a la
implementación de acciones para la eliminación del
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas
conexas de intolerancia. Asimismo, que se destinen recursos para
reparaciones históricas a los pueblos, y se aprueben políticas
de acción positiva hacia colectividades discriminadas, con
especial atención a pueblos indígenas, el pueblo
afrodescendiente, el pueblo Rom.
43.
Instar al cumplimiento del compromiso de los países
desarrollados de contribuir con el 0.7% de su PBI al desarrollo de
los otros países, canalizando esos recursos a través de
un fondo especial administrado de modo democrático por la
comunidad internacional.
44.
Exigir a la Conferencia Mundial contra el Racismo, para que se
pronuncie a favor de la suspensión del pago de capital e
intereses de la deuda externa pública de los países
pobres, hasta que se instituya y ejecute una auditoria internacional,
realizada por un equipo de expertos elegidos por voto secreto en
Naciones Unidas, que determine la legalidad y legitimidad de cada uno
de esos créditos desde su origen y evolución.
45.
Reorientar los recursos económicos destinados al pago de la
deuda externa hacia la indemnización de aquellos pueblos
afectados por la discriminación y que sean administrados por
instituciones autónomas.
46.
Fomentar la elaboración y promoción de un proyecto
para ser aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, que
califique como crimen de lesa humanidad aquellas políticas
promovidas e impuestas por las instituciones financieros
internacionales que se revierten en masivas violaciones de los
derechos económicos, sociales y culturales de los sectores
excluidos en los países donde son implementadas.
47.
Movilizarnos de manera permanente para exigir a los organismos
financieros o de desarrollo internacional, que integren y prioricen
una perspectiva de humanización del desarrollo, reconociendo
en los avances o en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la
intolerancia, un indicador de desarrollo cultural y un estimador de
calidad democrática.
48.
Exigir a los Estados que elaboren cláusulas y protocolos que
insten y obliguen a las corporaciones transnacionales al diseño
y aplicación irrestricta de códigos de conducta,
monitoreados por los gobiernos y la sociedad civil, específicamente
adecuados para erradicar el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia, el sexismo, la lesbofobia, la homofobia y el no respeto
a la diversidad cultural y generacional. También exigirles
que incorporen una perspectiva y cláusulas
antidiscriminatorias en los tratados comerciales y de integración
regional y extraregional que suscriben. Exigir que se apliquen
medidas que prevengan, controlen y sanciones a los causantes de
desastres ecológicos y a los que promueven la bio-piratería.
49.
Exigir a los Estados que, en consulta con la sociedad civil, defina
y diseñe códigos de conducta que deben ser observados y
cumplidos por las corporaciones transnacionales para combatir el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el sexismo,
el no respeto a la diversidad cultural, la discriminación por
edad, discapacidad, condición de salud y otras formas
relacionadas de intolerancia. También exigirles que se
incorporen cláusulas antidiscriminatorias en los tratados
comerciales y de integración regional y extraregional que
suscriben.
50.
Exigir a los Estados que elaboren políticas económicas,
comerciales y laborales para obligar a las corporaciones nacionales e
internacionales a que implementen el cumplimiento de cláusulas
y practicas antirracistas, anti-sexistas, anti . homofóbicas,
anti – lesbofóbicas, que han venido causando el
desplazamiento forzado de personas pobres y comunidades. Así
como combatir el trabajo en condiciones de explotación de
niños/as y adolescentes.
51.
Exigir a los Estados a incorporar en sus programas y propuestas de
desarrollo una perspectiva multisectorial, que tenga en cuenta las
especificidades relacionadas con edad, género, opción
laboral, orientación sexual, raza, condición social,
económica y de salud, discapacidad y otras.
52.
Instar a los Estados a reconocer que la implementación de sus
políticas de desarrollo en territorios de pueblos indígenas
y de afrodescendientes, sin su consentimiento pleno e informado,
viola los derechos ancestrales reconocidos internacional y
nacionalmente, provocando la pérdida de los territorios,
lengua e identidad, masacres y desplazamientos forzados. En esa
medida, es necesario adoptar y respetar otras perspectivas de
desarrollo, respetando la autonomía de cada pueblo, mediante
consultas a mujeres indígenas, Rom, afrodescendientes,
desplazadas y que éstas sean parte de la toma de decisiones.
53.
Exigir a los organismos financieros multilaterales y a las agencias
internacionales a desarrollar medidas y políticas de acción
positiva para la implementación de proyectos relacionados con
el desarrollo comunitario; contemplando la plena participación
de los pueblos indígenas, pueblo afrodescendientes y pueblo
Rom, en todas sus fases; y el desarrollo de estudios previos de
impacto ambiental, cultural y de derechos humanos.
54.
Llamar a la sociedad civil a desarrollar criterios no discrimatorios
para las agencias multilaterales y financieras internacionales, que
aseguren y garanticen la plena participación de las
comunidades en la preparación de proyectos y la conducción
de investigaciones (incluyendo racismo ambiental), cultural y su
impacto en los derechos humanos.
55.
Llamar a los Estados a desarrollar medidas y políticas de
acción positiva, directrices no discriminatorias para la
implementación de proyectos relacionados con el desarrollo
comunitario; contemplando la plena participación de los
pueblos indígenas, afrodescendientes y Rom, en todas sus
fases; y el desarrollo de estudios previos de impacto ambiental,
cultural y de derechos humanos.
56.
Exigir a los Estados a reconocer la importancia de la educación
multicultural como uno de los elementos culturales para combatir la
discriminación racial, revisando y elaborando nuevas currícula
educativas bilingües, multilingües, en los diferentes
niveles de la educación, para integrar las diversas
cosmovisiones, las realidades históricas de los pueblos racial
y étnicamente discriminados, así como de otras
colectividades igualmente invisibilizadas o reprimidas y los
programas de educación sexual y reproductiva dirigidos a
niñas/os, adolescentes y jóvenes.
57.
Exigir a la UNESCO que, conjuntamente con los ministerios de
educación de los países y, en todas las instancias
gubernamentales, institucionalice en todos los niveles de los
sistemas educativos, y cursos sobre racismo, la enseñanza y
respeto de la Declaración de los Derechos Humanos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; los Pactos Internacionales de
Derechos Políticos, Civiles, Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, y
otros instrumentos internacionales relevantes.
58.
Demandar el acceso a la tecnología en igualdad de condiciones
a pueblos y culturas en los centros educativos especialmente en las
áreas sin acceso a educación superior, laborales que
permita un desarrollo equitativo y sostenible y la erradicación
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas relacionadas de intolerancia.
59.
Urgimos a la ONU que emprenda dentro de cada uno de sus diversos
contextos, el establecimiento de instituciones nacionales con la
responsabilidad de proporcionar capacitación efectiva y
relevante sobre competencia cultural y antirracismo para
profesionales que trabajan con la sociedad civil, educadores,
profesionales de atención a la salud, periodistas, miembros de
los cuerpos legislativos y judiciales de los gobiernos.
60.
Llamar a los Estados y organismos intergubernamentales, no
gubernamentales y financieros a priorizar la creación de
fondos específicos dirigidos a la implementación de
proyectos de educación dirigida a pueblos indígenas,
pueblo afrodescendientes, pueblo Rom, y a culturas reprimidas dentro
de un Estado; dentro del marco de las conferencias de Jomtiem y
Dakar, sobre educación para todos, mediante programas
nacionales de acción afirmativa y como una medida concreta de
reparación histórica, igualdad de oportunidades para
todas/os y de desarrollo social.
61.
Exigir a la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud a reconocer y actuar
frente al hecho de que el racismo, afectan directamente a la salud y
las vidas de las/os afrodescendientes y pueblos indígenas,
agravado por el acceso desigual a los servicios de salud, y por la
falta de reconocimiento a las prácticas de medicina
tradicional.
62.
Exigir a la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud a reconocer y tomar
medidas frente al hecho de que el racismo, discriminación
racial, xenofobia y todas las formas de intolerancia, afectan
directamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva
y las vidas de los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendientes, y pueblo Rom; mujeres, migrantes, desplazadas/os
internas/os, refugiadas/os, poblaciones lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, y otros segmentos excluidos de la población
en general, debido al acceso desigual a los servicios de salud, al
desconocimiento de las prácticas y medicinas tradicionales, y
porque constituye un agravante para lograr el estado de óptimo
bienestar de las personas.
63.
Urgir a la OMS y a la OPS a incorporar el desarrollo de una visión
holística (de totalidad, no fragmentada), que incluyan las
prácticas ancestrales medicinales de los diferentes pueblos y
culturas.
64.
Urgir a los Estados y a la Comunidad Internacional a reconocer que
el desarrollo desigual de los Estados y las múltiples formas
de discriminación que subsisten entre ellos y al interior de
ellos, determinan que las epidemias y pandemias alcancen mayores
proporciones en los países menos desarrollados y en las
poblaciones excluidas de los países desarrollados. Asimismo,
exigir a los países desarrollados que promuevan programas para
la prevención y eliminación de tales epidemias y
pandemias, asignando los recursos necesarios para ello.
65.
Instar a los gobiernos y a la comunidad internacional para que
promuevan políticas de sensibilización y educación
para los profesionales de la salud y de la sociedad en general,
instándolo a respetar los derechos humanos de las personas,
pueblos y sectores sociales que viven con VIH/SIDA, a las poblaciones
lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, trabajadoras/es
sexuales y otros grupos humanos sometidos a exclusión y
discriminación
66.
Urgir a los Estados, la OMS y a la OPS a aumentar la diversidad
entre los profesionales de salud, reclutando o promoviendo el
reclutamiento de estudiantes de diversidad racial, étnica y
sexual, en las profesiones de salud y facilitar la capacitación
de una fuerza laboral en salud que sea racial, cultural, étnica,
sexual y lingüísticamente diversa, y que esté
motivada para trabajar en comunidades mal atendidas y garantizando
que todos los proveedores de salud estén capacitados para
brindar atención culturalmente apropiada y que las las/os
afrodescendientes, las/os indígenas, las/os migrantes y
personas de otros grupos raciales y étnicos, así como
pueblos y poblaciones estén adecuadamente representados como
proveedores de salud.
67.
Urgir a los Estados, la OMS y a la OPS a recoger datos desagregados
por raza, género, clase socioeconómica, orientación
sexual, edad, referente a la condición de salud y la atención
en salud, de manera rutinaria y sistemática. Estos datos no
se deben limitar a un censo y las estadísticas vitales, sino
que deben incluir datos sobre acceso y calidad, particularmente la
entrega de servicios, diagnóstico y tratamiento,
disponibilidad de instalaciones, disponibilidad de proveedores y
otras actividades y servicios de salud relacionados.
68.
Instar a los Estados para que promuevan políticas de
sensibilización y educación para los profesionales de
la salud y a la sociedad en general, instándolos a respetar
los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, a las
poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros,
trabajadoras/es sexuales, y otros grupos humanos sometidos a
exclusión y discriminación.
69.
Instar a la OMS y la OPS a desplegar programas con los diferentes
Estados, que promuevan: - Políticas de investigación
que permitan la reducción de costos de tratamientos para
epidemias y pandemias, como la de VIH / SIDA y otras, que afectan a
las poblaciones de escasos recursos. - Promover reformas a los
reglamentos internacionales de patentes, que permitan el acceso a
bajo costo de las medicinas - Desarrollar una visión holística
de emergencia para atender a las personas que viven con el VIH/SIDA,
y que sufren la discriminación racial, la homofobia y sexismo
en el ámbito cultural, social, jurídico, y político.
70.
Denunciar la discriminación que afecta a las personas con
discapacidades y sus familias. Movilizarnos para generar presión
en favor de la ratificación de la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad; el
fortalecimiento o creación de organismos y políticas de
Estado, de carácter multisectorial; la creación de una
instancia regional de cooperación, coordinación y
gestión asociada de dichos organismos, para atender la
temática de la discapacidad.
71.
El racismo ambiental se aplica a los pueblos indígenas y
afrodescendientes a lo largo del mundo, es una extensión
histórica de las políticas genocidas impuestas sobre
ellos desde los Estados y las corporaciones transnacionales. La
aplicación de principios coloniales promulgados en el derecho
internacional de los Estados tiene como fin negar el derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación y la
soberanía. Se urge a los gobiernos y a las instituciones
multilaterales a denunciar el racismo ambiental y luchar para
eliminar este tipo de discriminación.
72.
Urgir a los Estados a adoptar y garantizar el cumplimiento de leyes
y políticas que protejan a los pueblos y culturas del racismo
ambiental, que aseguren la participación comunitaria en
condiciones de igualdad en la toma de decisiones ambientales, que
eduquen a la sociedad sobre racismo ambiental, que requieran estudios
de impacto ambiental de todas las obras públicas y privadas, y
que utilicen medidas precautelares para promover prácticas
económicas sostenibles, y que ofrezcan resoluciones
compensatorias y reparaciones a las comunidades afectadas, a fin de
garantizar una existencia saludable y sostenible para todos los
miembros de la sociedad.
73.
Recomendar que la sociedad civil desarrolle un Red de Justicia
Ambiental en las Américas para 1) aumentar la conciencia sobre
cómo se manifiesta el racismo ambiental en la región,
2) compartir información, estrategias y lecciones aprendidas
para combatir el racismo ambiental, 3) desarrollar estrategias de
influencia que conecten el medio ambiente (incluyendo el racismo
ambiental) a los derechos humanos, y 4) tomen parte de acciones de
solidaridad.
74.
Exigir a los Estados que promulguen leyes que permitan sancionar
penal y económicamente a las empresas nacionales y
transnacionales cuya actividad causa daños que atentan contra
la vida humana, por la explotación irresponsable de los
recursos naturales.
75.
Crear con la participación de los organismos gubernamentales
y no gubernamentales un Consejo Mundial de Ecología Humana que
incorpore toda la diversidad humana y su relación con la
naturaleza, que asegure la realización de las exigencias del
presente Plan de Acción para cada realidad específica a
través de líneas de acción que transformen
verdaderamente los viejos paradigmas y realicen los cambios
necesarios.
76.
Exigir a los medios y sistemas de comunicación a reafirmar
sus principios democráticos, éticos e interculturales y
su poder social de formadores de opinión; abriendo sus
espacios para sensibilizar a la sociedad y para incluir la expresión
de la diversidad; reconocer el derecho a la comunicación de
los sectores discriminados; y erradicar la difusión de
estereotipos y productos con contenidos, símbolos, valores y
palabras discriminatorios. Poner atención especial al tema en
que las mujeres, niñas, jóvenes, mujeres de tercera
edad y discapacitadas son afectadas por la manera en que los medios
de comunicación promueven imágenes, mensajes y
publicidad con contenidos racistas, sexistas y degradantes sobre
ellas.
77.
Exigir a los Estados, gobiernos locales, estatales y nacionales que
elaboren políticas y mecanismos de comunicación que
garanticen el acceso a los medios de comunicación a los grupos
marginados, mujeres, los pueblos indígenas, pueblo
afrodescendientes y pueblo Rom; jóvenes, personas de la
tercera edad, lesbianas, gays, e migrantes, desplazadas/os,
discapacitadas/os.
78.
Exigir la eliminación de los estereotipos de nuestras
identidades, símbolos, idiomas, costumbres, tradiciones y
vestimentas que son promovidos por diversos medios de comunicación,
comercio y otros. Exigir que los Estados cesen la explotación
de las imágenes culturales de las mujeres de los pueblos
indígenas, el pueblo afrodescendientes, pueblo Rom, las/os
migrantes y desplazadas/os, jóvenes, niñas/os, personas
de la tercera edad, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
transgénero, travesties y discapacitadas/os que promueven el
turismo y la comercialización de nuestras culturas.
79.
Exigir al Estado, leyes y políticas que penalicen la
explotación y la degradación de las imágenes y
culturas en los medios de comunicación y el establecimiento de
mecanismos de monitoreo del cumplimiento.
80.
Impulsar la creación de instancias ciudadanas de monitoreo de
los contenidos difundidos a través de los medios de
comunicación, con respecto a su tratamiento de la diversidad
existente en la sociedad y sus avances hacia la erradicación
del contenido racista, xenofóbico, sexista, lesbofóbico,
homofóbico, u otros contenidos discriminatorios. Asimismo,
realizar una acción anual de monitoreo con la difusión
de sus resultados. Para ello, se hace necesario la eliminación
de programas transmitidos en los diferentes medios de comunicación
que favorecen y alimentan de manera permanente el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas relacionadas
de intolerancia.
81.
Exigir a la ONU y sus organismos afiliados a respaldar y financiar
las iniciativas ciudadanas orientadas a poner las nuevas tecnologías
de la información al servicio de la causa antirracista,
antidiscriminatoria, anti-xenofóbica; y a favor de la
diversidad de una sociedad pluralista.
82.
Hacer un llamado a las Naciones Unidas y los Estados para que
promuevan la creación de un fondo proveniente de las ganancias
obtenidas por las compañías privadas de comunicaciones
como resultado de la venta de productos de nuevas tecnologías,
el cual será destinado a que los pueblos y poblaciones en
desventaja social, económica, cultural o geográfica
tengan acceso a equipos actualizados, servicios y mantenimiento de
estos equipos.
83.
Exigir a los medios y sistemas de comunicación para que, en
cumplimiento de su vocación de servicio público, que
capaciten a las mujeres y hombres que trabajan con ellos y apoyen las
iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para
la eliminación de la discriminación racial, la
xenofobia, el sexismo, la intolerancia, la lesbofobia, la homofobia,
la discriminación por condición de salud y otros tipos
de discriminación.
84.
Invitar a los centros formadores de comunicadores a incorporar en
sus currícula educativas, aspectos relativos a los derechos
humanos y a la lucha contra el racismo.
85.
Exigir que se impulsen políticas educativas formales e
informales, inclusivas de la diversidad cultural, racial y sexual que
recuperen la contribución histórica de las mujeres para
el desarrollo de sus respectivos pueblos, comunidades y naciones.
86.
Urgir a la Comunidad Internacional a tener presente la doble o
múltiple discriminación que afecta a las mujeres por
razones de raza, género y clase social de los pueblos
indígenas, pueblo afrodescendientes y pueblo Rom, y
colectividades discriminadas, como las migrantes, lesbianas,
bisexuales, transgénero, discapacitadas y de distintas
condiciones de salud, lo que tiene particular relevancia en lo
relativo al otorgamiento de recursos dirigidos a disminuir la brecha
racial, de género y generacional, como para la aplicación
de los Instrumentos Internacionales que garantizan la igualdad entre
los géneros.
87.
Exigir que se estipulen y adopten las medidas necesarias para
incluir una efectiva participación de las ONG de mujeres y de
las organizaciones de base de mujeres, en la Conferencia Mundial
contra el Racismo, garantizando también, espacios físicos
adecuados y traducción simultánea.
88.
Instar a los Estados Partes, sus agencias, ONG, sociedad civil y
sectores privados a adoptar y encausar medidas para el seguimiento
inmediato de la Conferencia Mundial contra el Racismo, Discriminación
Racial, Xenofobia y Formas Relacionadas de Intolerancia.
Implementando mecanismos de monitoreo y cabildeo para aplicar las
recomendaciones de la Conferencia Mundial a niveles local y nacional,
incluyendo las reuniones regionales, locales y nacionales donde se
promoverá la Declaración y el Plan de Ación de
la Conferencia Mundial Contra el Racismo y se desarrollara una red
del trabajo de las ONG para eliminar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y formas relacionadas de intolerancia.
89.
Exigir a los Estados y la ONU, el reconocimiento del rol y autonomía
de las ONG, así como la asignación de fondos para
implementar programas y proyectos orientados a la erradicación
de todas las formas de discriminación.
90.
Exigir que los Estados Partes de las Naciones Unidas promuevan y
financien la participación de las poblaciones, pueblos y
nacionalidades que luchan contra el racismo, la xenofobia, el
sexismo, la homofobia, la lesbofobia y otras formas de discriminación
en la Segunda Reunión del Comité Preparatorio (PrepCom
II) y en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras Formas Relacionadas de Intolerancia.
91.
Instar a los Estados Partes, agencias especializadas, ONG,
instituciones inter-gubernamentales, al sector privado y a la
sociedad civil a trabajar conjuntamente para proveer los recursos
financieros que respalden la creación y el funcionamiento de
una red global de ONG, que trabajen para eliminar el racismo, la
discriminación racial, xenofobia, lesbofobia, homofobia,
sexismo y todas las formas de intolerancia relacionada.
92.
Demandamos que sea otorgado el acceso a la sociedad civil incluyendo
ONG para informar directamente a las Comisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el avance alcanzado en cada
Estado con relación a la implementación de las
recomendaciones del Plan de Acción de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, Discriminación Racial, la Xenofobia y otros
formas de intolerancia relacionadas.
93.
Demandamos que las Naciones Unidas imponga sanciones a aquellos
Estados que no implementen o no informen sobre los avances de la
implementación de las recomendaciones del Plan de Acción
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, Discriminación
Racial, la Xenofobia y otros formas de intolerancia relacionadas o
que se demoren en cumplir con sus obligaciones.
PUEBLOS INDÍGENAS Reconociendo la lucha de los pueblos
indígenas originarios de las Américas, sus aportes en
conocimientos y prácticas culturales y los avances alcanzados
en la identidad y derechos colectivos como pueblo, así como el
reconocimiento a su libre determinación y derechos
territoriales.
94.
Exigir que la comunidad internacional, la ONU y la OEA reconozcan
que los pueblos indígenas somos pueblos en el sentido que este
término tiene en el derecho internacional.
95.
Exigir a los Estados a adoptar rápidamente el texto actual de
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas
de la ONU como muestra de su voluntad política para terminar
con la discriminación hacia los pueblos indígenas. De
la misma manera, llamar a los Estados de las Américas a
priorizar la aprobación de una Declaración
Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas con
plena participación de las/os representantes de dichos pueblos
y nacionalidades.
96.
Exigir a los Estados Americanos a que, antes de aprobar una
Declaración Interamericana de los Derechos de los pueblos
indígenas, se lleven a cabo amplias consultas con previa
participación de los pueblos indígenas que definan su
participación en el sistema interamericano y las reformas
necesarias tomando en cuenta los avances alcanzados.
97.
Exigimos a los Estados que ratifiquen y apliquen el Convenio 169 de
la OIT, procurando en procedimientos posteriores, la superación
de sus deficiencias, así como su permanente evolución
por parte de los pueblos indígenas.
98.
Exigir a los Estados y sistema de las Naciones Unidas el respeto,
fortalecimiento de y promoción de la ciudadanía plena y
universal para los pueblos indígenas.
99.
Demandar a los Estados Partes para que tomen en cuenta a los
incluyan a pueblos indígenas, en las instancias de toma de
decisiones, diseño e implementación de políticas
orientadas a erradicar todas las formas de discriminación
100.
Exigir que los Estados y las agencias internacionales promuevan y
provean los recursos necesarios para que los pueblos indígenas
sujeto del estudio, desarrollen actividades de recolección,
compilación y diseminación de datos, sobre la
aplicación de la justicia, especialmente con relación
con todo tipo de delito y sanción, entre ellos la aplicación
de la pena de muerte. Que los Estados y las agencias internacionales
deben proveer a los pueblos indígenas los recursos necesarios
y asegurar que estas actividades puedan ser desarrollados por ellos
mismos. Asimismo, que reconozca la validez de los resultados
obtenidos.
101.
Denunciar y rechazar ante las instancias nacionales e
internacionales pertinentes, la imposición hegemónica
de sistemas jurídicos coloniales que desconocen y anulan los
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas
102.
Exigir a los Estados el reconocimiento y respeto al ejercicio y
desarrollo de los diversos sistemas jurídicos de los pueblos
indígenas, y fortalecer la administración de justicia
según el derecho de cada uno de estos pueblos.
103.
Exigir que los Estados y la sociedad civil se abstengan de usar el
término amplio como “latino” o “hispano”,
para referirse a los pueblos indígenas.
104.
Exigir la eliminación de los estereotipos de nuestras
identidades, símbolos, idiomas, costumbres, tradiciones y
vestimentas que son promovidos por diversos medios de comunicación,
comercio y otros. Exigir que los Estados cesen la explotación
de las imágenes culturales de las mujeres de los pueblos
indígenas
105.
Los Estados deben reconocer la discriminación individual y
colectiva de forma sistemática que sufren los pueblos
indígenas y en particular mujeres indígenas. Los
estados deben capacitar y sensibilizar a quienes imparten justicia a
cerca de la naturaleza de esa discriminación, así como
la situación específica de carácter cultural,
lingüísticos social y políticos - organizativo de
los pueblos indígenas
106.
Exigir a los Estados el reconocimiento de la contribución
cultural, económica, política y científica de
los pueblos indígenas.
107.
Exigir que los Estados cesen de expropiar los territorios de los
pueblos indígenas o de sus miembros y que se devuelvan los
territorios usurpados.
108.
Exigir a los Estados a que cesen con el despojo y la explotación
de nuestras tierras y los recursos naturales inmediatamente y a que
trabajen con los pueblos indígenas, particularmente con las
mujeres indígenas, para desarrollar políticas y
programas que apunten a mejorar las condiciones económicas y
sociales de quienes hayan sido obligados a migrar hacia centros
urbanos.
109.
El racismo ambiental se aplica a los pueblos indígenas a lo
largo del mundo, es una extensión histórica de las
políticas genocidas impuestas sobre ellos desde los Estados y
las corporaciones transnacionales. La aplicación de
principios coloniales promulgados en el derecho internacional de los
Estados tiene como fin negar el derecho de los pueblos indígenas
a la libre determinación y la soberanía. Se urge a los
Estados y a las instituciones multilaterales a denunciar el racismo
ambiental y luchar para eliminar este tipo de discriminación.
110.
Instar a los Estados el reconocimiento e indemnización por
daños irreversibles causados por la pérdida de la
biodiversidad y la contaminación del medioambiente que afecta
a los pueblos indígenas y, en particular, a las mujeres,
niñas/os y adolescentes, así como a las futuras
generaciones y demandamos a los Estados que cesen con esa destrucción
inmediatamente.
111.
Exigir a los Estados que reconozcan los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, cuyos derechos incluyen sin limitación,
el uso, administración y protección de sus recursos y
conocimientos tradicionales, el control sobre territorios, así
como el establecimiento transparente de participación plena y
efectiva en la toma de decisiones a nivel local y nacional
112.
Exigir a los Estados y a la Comunidad Internacional el
reconocimiento de las prácticas culturales y formas propias de
economía, de organización socio-política y
propiedad intelectual de los pueblos indígenas.
113.
Demandamos a los Estados, a la comunidad internacional el
reconocimiento de la propiedad intelectual, organización
social y política los sistemas propios y educativos como así
también las prácticas culturales de los pueblos
indígenas
114.
Desarrollar e implementar un régimen adecuado de protección
de la propiedad intelectual y del conocimiento milenarios de los
pueblos indígenas, incluyendo los recursos bio-genéticos.
115.
Demandar a los Estados y a la sociedad en general que reconozcan y
respeten el rol fundamental de las mujeres indígenas en la
educación y transmisión de conocimientos y valores
culturales.
116.
Demandar a los Estados y a la sociedad en general que reconozcan y
respeten el rol fundamental de las mujeres indígenas en la
educación y transmisión de conocimientos y valores
culturales.
117.
Exigir a los Estados que reconozcan los sistemas y metodologías
propias de la educación de los pueblos indígenas.
118.
Demandar a los Estados que garantice a los pueblos indígenas
y, en particular, a las mujeres indígenas el acceso a la
educación que ofrecen si así lo desean, y pongan a
disposición recursos para el desarrollo e implementación
de nuestros propios sistemas educativos en nuestras propias lenguas,
lo que es parte de nuestros derechos como pueblos indígenas.
119.
Urgir a la Comunidad Internacional a tener presente la doble o
múltiple discriminación que afecta a las mujeres de los
pueblos indígenas, por razones de raza, género y clase
social.
120.
Exigir a la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud a reconocer y actuar
frente al hecho de que el racismo, afectan directamente a la salud y
las vidas de las/os pueblos indígenas, agravado por el acceso
desigual a los servicios de salud, y por la falta de reconocimiento a
las prácticas de medicina tradicional.
121.
Los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas,
especialmente los derechos de las mujeres a una atención de
salud de calidad que sea culturalmente apropiada y respete la
identidad y los conocimientos médicos tradicionales de los
pueblos indígenas. Los Estados deben, además, proveer
fondos suficientes para una atención de salud de calidad para
la protección y la utilización de la medicina
tradicional. Finalmente, los Estados deben inmediatamente: 122.
Cesar las políticas de control de población genocidas,
de esterilización forzada de las mujeres indígenas y la
imposición de otros contraceptivos peligrosos. 123.
Programas de experimentación medica dirigidos a Pueblos
Indígenas en particular con aquellos privados de libertad sin
consentimiento libre e informado. 124. Finalmente, demandamos a que
se sancionen a los responsables de tales prácticas.
125.
Exigir a la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud a reconocer y tomar
medidas frente al hecho de que el racismo, discriminación
racial, xenofobia y todas las formas de intolerancia, afectan
directamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva
y las vidas de los pueblos indígenas y agravado por el acceso
desigual a los servicios de salud y por la falta de reconocimiento a
las practicas de medicina tradicional.
126.
Denunciar la utilización de todas las formas de violencia
incluyendo la violencia sexual como arma de genocidio de guerra en
conflictos armados, en particular, en contra de las mujeres
indígenas, niñas/os. Apoyar los esfuerzos
internacionales de criminalizar la violencia sexual en el contexto de
conflictos armados.
127.
Exigir a los Estados hacer las reformas políticas pertinentes
que permitan la presencia de pueblos indígenas parlamentaria,
y así revertir las actuales relaciones de desigualdad y
exclusión.
PUEBLO
AFRODESCENDIENTE
127.
Denunciar y rechazar ante las instancias nacionales e
internacionales pertinentes, la imposición hegemónica
de sistemas jurídicos coloniales que desconocen y anulan los
sistemas jurídicos del pueblo afrodescendiente.
128.
Exigir a los Estados el reconocimiento y respeto al ejercicio y
desarrollo de los diversos sistemas jurídicos del pueblo
afrodescendiente y fortalecer la administración de justicia
según sus prácticas ancestrales.
129.
Exigir a los Estados el reconocimiento de que los pueblos
afrodescendientes son sujeto de derecho colectivo, el cual debe ser
considerado como condición inalienable de su dignidad e
identidad histórica y cultural. Ello implica de modo
indiscutible la vigencia del derecho a su autodeterminación,
el disfrute de sus recursos, conocimientos y control de sus
territorios.
130.
Demandar a los Estados a desarrollar legislación, políticas
y programas para reconocer los derechos de los afrodescendientes a
sus tierras ancestrales y a los territorios y recursos naturales en
estas tierras, así como la participación plena y
efectiva a nivel local y nacional. Llamamos a los Estados reconocer
los derechos de los afrodescendientes a la administración,
control y uso los de estos recursos naturales a través de
practicas tradicionales. Llamamos a los Estados a denunciar y poner
fin a la presión sistemática aplicada por métodos
administrativos y legales para privar a los afrodescendientes de sus
tierras, territorios y recursos naturales. Tales presiones amparadas
por los Estados han resultado en el desplazamiento interno,
migración, altos niveles de pobreza y la destrucción de
familias, culturas y ecosistemas.
131.
Exigir a los Estados y a la ONU que reconozcan que las / los
afrodescendientes han sido víctimas de racismo, discriminación
racial y esclavitud por siglos y la negación histórica
de muchos de sus derechos. Exigimos que deben ser tratados con
equidad y respeto a su dignidad, que no deben sufrir discriminación
alguna por su origen, cultura, color de piel y/o condición
social. Se debe reconocer su derecho a su propia cultura e
identidad; a participar libremente en igualdad de condiciones en la
vida política, social, económica y cultural, a tener,
mantener y fomentar sus propias formas de organización, su
modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas, y a
mantener y usar su idioma propio.
132.
Demandar de los Estados y a la ONU el reconocimiento de que el
legado de la esclavitud ha contribuido a la permanencia del racismo,
a la discriminación racial, a la xenofobia y a las formas de
intolerancia relacionadas contra las / los afrodescendientes a través
de las Américas y el resto del mundo. Exigimos que los
Estados reconozcan que la esclavitud constituye un crimen de lesa
humanidad. Las consecuencias nefastas de la esclavitud se encuentran
en la raíz de las situaciones de profunda desigualdad social y
económica de que son, generalmente, víctimas las/ los
afrodescendientes en las Américas, así como las
personas afrodescendientes en la diáspora a través del
mundo.
133.
Exigir a los Estados, la ONU y OEA voluntad política para
combatir el racismo, discriminación, xenofobia y formas
relacionadas de intolerancia y que esta se manifieste mediante un
enfoque colectivo en reparaciones, compensaciones y otras medidas que
deban ser adoptadas por los Estados y se reconozca y valore la
contribución de los afrodescendientes al desarrollo económico
y cultural, lingüístico artístico e identidad
histórica de las Américas, que beneficie directamente a
los afrodescendientes y, en especial, a las mujeres, niños/niñas
y jóvenes: 1. Exigir a los Estados la creación de
políticas de acción afirmativa como parte de las
políticas públicas y las políticas de desarrollo
en el ámbito nacional y regional. Entre las áreas a
ser cubiertas por tales políticas afirmativas se encuentra la
vivienda, patrimonio cultural, acceso a la justicia, salud y en
especial con: a. Cuotas porcentuales de participación en las
estructuras ejecutivas, legislativas y judiciales de los gobiernos
nacionales. b. Cuotas porcentuales de participación, en los
programas de acción afirmativa, en la selección y
promoción de los empleados en las empresas privadas. c.
Cuotas porcentuales de participación en la selección de
empresas de comunicación privadas y gubernamentales. d.
Cuotas porcentuales de participación en el sistema educativo,
particularmente en la docencia de escuelas primarias, secundarias y
educación universitaria. 2. Se exige la penalización
y la prohibición al acceso a licitaciones gubernamentales a
empresas privadas que no tengan políticas y planes de acción
afirmativa y un programa de incentivo tributarios a aquellos que la
tengan. 3. Se exige la implementación de políticas en
las instituciones financieras internacionales para programas de
inversiones y prestamos dirigidos al desarrollo de las comunidades
afrodescendientes y en especial, la constitución de fondos de
capital semilla para promover el desarrollo integral en los próximos
treinta años. a. Urgir a los gobiernos por desarrollar
programas de capacitación que enfatice en nuevas técnicas
de desarrollo integral, desarrollo económico y tecnología
de comunicaciones. 5. Exigir a los gobiernos, a nivel regional, la
creación de un Instituto Regional para Estudios y Intersesoria
(Advocacy) Contra la Discriminación Racial. 6. Urgir el
nombramiento de un relator especial adscrito al Sistema
Interamericano Contra la Discriminación Racial.
134.
Exigimos a la ONU y, en América a la OEA, la elaboración
y aprobación de “Declaración de los Derechos de
los Pueblos Afrodescendientes”.
135.
Exigimos a los Estados a reconocer que el racismo y la
discriminación racial se manifiesta de manera diferenciada y
profunda en perjuicio de las mujeres afrodescendientes. Además
exigimos que los Estados desarrollen legislación, políticas
y programas que permitan el pleno acceso a las mujeres
afrodescendientes a la educación a la vivienda, empleo, salud
y servicios educativos.
136.
Exigimos a los Estados reconocer que el racismo es un factor
determinante en el disfrute de la salud plena y la salud mental (en
el caso del VIH y SIDA). Esto requerirá acceso a servicios
preventivos y curativos a las comunidades de los afrodescendientes.
137.
Llamar a los Estados y a la comunidad internacional a reconocer que
los afrodescendientes son víctimas de brutalidad policial y
perciben un trato discriminatorio grave en el sistema judicial.
Además, exigimos a los Estados desarrollar legislación,
políticas y programas para prevenir el trato discriminatorio
que ha resultado en un numero desproporcionado de afrodescendientes
encarcelados e involucrados en el sistema de justicia criminal e
incluso condenados a la pena de muerte.
138.
Llamar a los Estados a respetar, proteger y promover las identidades
religiosas de los afrodescendientes a cesar la persecución
religiosa, social y económica de grupos tales como los
Rastafari u otras expresiones de espiritualidad Africana.
139.
Exigimos a los Estados garantizar que los afrodescendientes, en
particular a las mujeres, el acceso a la educación y a nuevas
tecnologías a través de recursos adecuados para el
desarrollo educacional y tecnológico y educación a
larga distancia para comunidades rurales. Además, exigimos
que la historia de las contribuciones de los afrodescendientes se
incorporen plenamente en todos los niveles del currículo
educacional.
140.
Exigimos a los Estados a reconocer y tomar acciones inmediatas para
prevenir y erradicar nuevas formas de racismo y discriminación
racial tales como el racismo y discriminación racial tales
como el racismo ambiental, como por ejemplo, usar los territorios y
comunidades de los afredescendientes como desechos tóxicos y
permitir la instalación de negocios que no cumplan con un
standard mínimo ambiental.
PUEBLO ROM: Tras las huellas de un pueblo invisible, mensajeros de
paz por un mundo mejor dentro de muchos mundos.
141.
Exigir a los Estados, gobiernos, pueblos, movimientos sociales, a
los medios de información a reivindicar mutuamente al pueblo
Rom y sus familias ya que se encuentran en dificultades y con
barreras para ejercer en plenitud sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, mejorando la calidad de
vida, eliminación de estereotipos y participar del desarrollo
nacional de cada país con igualdad de oportunidades en
consideración de que los Rom son también actores
sociales históricos cuya población es aproximadamente
de cuatro millones en el Continente. La Declaración Universal
de los Derechos Humanos debe ser aplicada íntegramente a la
sociedad Rom porque ha sido y es una de las culturas más
discriminadas, segregadas y sufren el flagelo de la discriminacion
racial, la xenofobia y la intolerancia.
142.
Exigir a la ONU la elaboración de una Declaración
consultada con el pueblo Rom de las Américas como muestra de
su voluntad política para terminar con la discriminación
hacia el Pueblo Rom. De la misma manera, llamar a los Estados de las
Américas a priorizar la aprobación de una Declaración
Interamericana de los Derecho del pueblo Rom con plena participación
de las/os representantes Rom de todo el Continente que defina su
participación en el sistema Interamericano tomando en cuenta
los avances alcanzados. 143. Exigir a la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud
a reconocer y actuar frente al hecho de que el racismo, afectan
directamente a la salud y las vidas del pueblo Rom, agravado por el
acceso desigual a los servicios de salud, y por la falta de
reconocimiento a las prácticas de medicina tradicional.
144.
Exigir a los Estados que reconozcan los derechos colectivos del
pueblo Rom, cuyos derechos incluyen sin limitación, el uso,
administración y protección de sus recursos renovables
y no renovables, los saberes y conocimientos milenarios, acceso a
territorios así como el establecimiento transparente de
participación plena y efectiva en la toma de decisiones a
nivel local, nacional e internacional.
145.
Exigir a los Estados el reconocimiento y respeto al ejercicio y
desarrollo de los diversos sistemas jurídicos propios y
fortalecer la administración de justicia según el
derecho consuetudinario del pueblo Rom.
146.
Exigir a los Estados y a la Comunidad Internacional el
reconocimiento de las prácticas culturales y formas propias de
economía, de organización socio-política y
propiedad intelectual del pueblo Rom desarrollando e implementando un
régimen adecuado de protección de la propiedad
intelectual y del conocimiento milenarios del pueblo Rom incluyendo
los recursos bio-genéticos.
147.
Exigir a los Estados el reconocimiento de la contribución
cultural, económica, política y científica de
pueblo Rom.
148.
Exigir a los Estados hacer las reformas políticas pertinentes
que permitan la presencia parlamentaria del pueblo Rom, y así
revertir las actuales relaciones de desigualdad y exclusión.
149.
Los estados deben reconocer la discriminación individual y
colectiva de forma sistemática que sufre el pueblo Rom y en
particular mujeres Rom. Los estados deben capacitar y sensibilizar a
quienes imparten justicia a cerca de la naturaleza de esa
discriminación, así como la situación específica
de carácter cultural, lingüísticos social y
políticos- organizativos del pueblo Rom.
150.
Los Estados deben garantizar el derecho del pueblo Rom,
especialmente los derechos de las mujeres y niños y niñas
a una atención de salud de calidad que sea culturalmente
apropiada y respete la identidad y los conocimientos médicos
tradicionales. Los Estados deben, además, proveer fondos
suficientes para una atención de salud de calidad para la
protección y la utilización de la medicina tradicional.
151.
Demandar de los Estados que garantice al pueblo Rom y, en
particular, a las mujeres y niños y niñas el acceso a
la educación que ofrecen con libre determinación, y
pongan a disposición recursos para el desarrollo e
implementación de sistemas propios de educación.
152.
Exigir a los Estados que reconozcan los sistemas y metodologías
propias de la educación del pueblo Rom.
153.
Urgimos a las naciones unidas a diseñar instancias,
mecanismos y procedimientos que posibiliten la participación
plena del pueblo Rom en condiciones de igualdad frente a los estados.
Asimismo, el establecimiento de un foro permanente para el pueblo
Rom que en el nivel mas elevado posible, con una composición
mixta y equitativa y con un mandato amplio que incluya los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
ambientales, sanitarios, educativos, lingüísticos, de
género, de desarrollo, prevención de conflictos, entre
otros, facilite el diálogo entre los Estados Partes de la ONU,
el pueblo Rom, las agencias internacionales y organismos
especializados del sistema de naciones unidas sobre temas e intereses
que afecten a nuestro pueblo.
154.
Instar a los estados y gobiernos para que se expidan y formulen
normas y legislaciones que faciliten el libre tránsito del
pueblo Rom a través de las fronteras internacionales en el
continente y existan las garantías necesarias para que la
forma de vida nómade e itinerante que conservan muchos grupos
familiares Rom de las Américas puedan ser sostenibles en el
tiempo, adecuar y proteger lugares seguros para que se instalen los
campamentos necesarios para el desarrollo normal de su forma de vida.
155.
Recomendar a las Naciones Unidas la elaboración de una
Convención sobre los Derechos del Pueblo Rom.
156.
Exigir a la OEA, ONU, la elaboración de una Declaración
del Pueblo Rom.
157.
Exigir porque los Estados reconozcan el derecho de libre
determinación para el pueblo Rom. Declarar el día 8 de
Abril como el Día Internacional del Pueblo Rom.
158.
Exigir que los Estados y la sociedad civil se abstengan de utilizar
terminologías discriminantes, para referirse al pueblo Rom.
159.
Demandar de los Estados incluir en el Plan de Acción de la
Conferencia Mundial, en sus planes de desarrollo programas, proyectos
de acciones inmediatas y estrategias de mediano y largo plazo, la
compensación a las poblaciones de desplazados por pérdida
de territorios. Asimismo, la reparación y reconocimiento de
la deuda histórica con el pueblo Rom.
MESTIZOS
160.
Exigir a los Estados y a la OEA que reconozcan que una de las formas
más invisibilizadas del racismo en las Américas, es la
que afecta a las poblaciones mestizas, a las que se niega la
posibilidad de un reconocimiento cultural a su filiación
también indígena y afrodescendiente. Hacer un llamado
a todas las personas mestizas a reconocerse en su tradición
cultural hasta ahora sumergida o dominada, y reivindicar su lugar en
la lucha universal y americana contra el racismo y la discriminación
que también les conculca sus derechos a la identidad y la
igualdad social y cultural.
DESCENDIENTES ASIÁTICOS
161.
Urgir a los Estados Partes que, en la Declaración y Plan de
Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, se
reconozca la historia de personas de descendencia asiática en
las Américas, como una caracterizada a menudo por la
discriminación sistémica y abierta que viola sus
derechos humanos y confirma con profunda preocupación el hecho
de que continúan sujetas a actos de violencia, al racismo,
discriminación racial y xenofobia.
MIGRANTES
162.
Los Estados deben reconocer la discriminación individual y
sistémica sufrida por las mujeres migrantes y desplazadas de
los pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo
Rom, en particular. Los gobiernos deben sensibilizar a quienes
imparten justicia, acerca de la naturaleza de la discriminación,
así como la situación específica de carácter
cultural, social y político - organizativo de los pueblos
indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo Rom, culturas
discriminadas y de personas migrantes y desplazadas.
163.
Exigir a los Estados reconocer el desplazamiento forzado a que son
sometidos individuos, comunidades y pueblos que los lleva a ser
víctimas del racismo, xenofobia y otras formas de
discriminación. Llamar la atención especialmente sobre
la situación que se está presentando en países
cuyas poblaciones son objeto de desplazamiento forzado causado por
diferentes actores, como el ensayo de prácticas de guerra,
guerrillas, grupos paramilitares, compañías
multinacionales y narcotraficantes.
164.
Exigir a los Estados para que tomen las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona será expulsada, extraditada o
enviada a otro Estado, si existen fundamentos sustanciales para creer
que él o ella estará en peligro de ser sujeto a tortura
o persecución por razón de raza, opinión
política, nacionalidad, religión, orientación
sexual o membresia a grupo particular y/o social.
165.
Exigir a los Estados, en el marco de los acuerdos de reciprocidad
entre ellos, el reconocimiento de la libre circulación de
personas y los derechos humanos de las personas migrantes,
desplazadas/os en la regularización de su status jurídico
- legal; sin importar su tendencia religiosa y/o política,
orientación sexual, discapacidad, y otras formas de
diversidad, incluyendo el acceso a la residencia permanente y a la
ciudadanía. Asimismo, atender de forma adecuada y justa las
diversas necesidades de las personas desplazadas, refugiadas, sin
distingo de grupo étnico, género, orientación
sexual, edad, nacionalidad y condición de salud, que por
derecho se merecen.
166.
Exigir a los Estados brindar todos los servicios jurídicos
que permita la defensa de las personas migrantes en los procesos
legales en que estuvieran inmiscuidos y que se lo hagan en
condiciones equitativas con otras personas de ese país.
167.
Urgir a los Estados la revisión de las políticas
migratorias que actualmente desfavorecen a las personas migrantes y
desplazadas, a través de la actualización de las
políticas dentro del contexto de integración
socioeconómica y cultural de las naciones.
168.
Exigir que las reformas o enmiendas que se hagan a las leyes de
migración, sean elaboradas con la participación de las
personas migrantes, y dentro de los principios de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de las/los
Trabajadoras/es Migrantes y sus Familias.
169.
Exigir a los gobiernos que no se considere delito el no tener
documentos migratorios en regla. Así como eliminar la
denominación de ilegales a las personas migrantes y
desplazadas.
170.
Urgir a los Estados y al sistema de la Organización de las
Naciones Unidas la implementación inmediata de una amnistía
total para las personas migrantes y desplazadas, indocumentados a fin
de regularizar su status.
171.
Demandar que el Plan de Acción tenga especial consideración
de la situación de las personas migrantes y desplazadas, que
son incorporados en función del sistema económico, y
sumergidos y reprimidos en las demás esferas de la vida
social. La identificación de las actitudes y prácticas
xenófobas, así como de los abusos por su vulnerabilidad
social, deben ser objetivos inmediatos para los Estados.
172.
Exigir a los Estados y organismos internacionales el reconocimiento
del desarrollo desigual de los Estados como principal causa de la
migración y desplazamientos forzados.
173.
Urgir a los Estados y a la Comunidad Internacional a reconocer que
el desarrollo desigual de los Estados y las inequidades que subsisten
al interior de ellos, producen una migración y desplazamientos
forzados que coloca a las personas en situaciones de desigualdad,
tanto en el campo laboral como en los aspectos socioculturales y
lingüísticos.
174.
Demandar de los Estados incluir en el Plan de Acción de la
Conferencia Mundial contra el Racismo, en sus planes de desarrollo
programas, proyectos de acciones inmediatas y estrategias de mediano
y largo plazo, la compensación a las poblaciones de
desplazados por pérdida de territorios. Asimismo, la
reparación y reconocimiento de la deuda histórica con
el pueblo Rom.
175.
Urgir a los Estados el reconocimiento de los aportes que realizan
las personas migrantes y desplazadas a las economías de los
países receptores.
176.
Denunciar en todas las instancias y foros que los Estados receptores
de la migración, criminalizan a las personas migrantes
documentadas e indocumentadas y desplazadas; ejercen diversas formas
de persecución contra los trabajadores y trabajadoras
migrantes. Asimismo, denunciar a los medios de difusión y
agentes de producción cultural que estigmatizan a estas
poblaciones.
177.
Exigir a los Estados mejorar las condiciones de vida de los pueblos
indígenas, pueblo afrodescendientes y pueblo Rom para prevenir
la migración y desplazamiento forzado, y para que tengan la
opción de quedarse en sus comunidades.
178.
Demandar a los Estados la adopción de legislaciones y
políticas migratorias orientadas a garantizar la plenitud de
los derechos humanos de las personas migrantes, documentadas o no y
desplazadas.
179.
Exigir a la UNESCO que, conjuntamente con los Ministerios de
Educación de los países y en todas las instancias
gubernamentales institucionalicen las reformas curriculares que
busquen eliminar toda denominación con palabras peyorativas
para las personas migrantes y desplazadas.
180.
Exigir de la Comunidad Internacional y de los gobiernos el respeto
de los derechos humanos, acordar pronta asistencia y canalizar los
recursos apropiados para auxiliar a los pueblos y personas forzados a
desplazarse internamente, especialmente a los niñas/os,
adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de tercera edad,
personas con discapacidad, o con diferentes condiciones de salud, que
son sujeto de formas específicas de violencia, en ese marco.
DIVERSIDAD
SEXUAL
181.
Instar a las Naciones Unidas a incorporar en los instrumentos de
derechos humanos el respeto a la diversidad sexual y a rechazar la
imposición de cualquier modelo de vida basado en la
intolerancia y la negación de la libertad y dignidad de las
personas. Se entiende diversidad, como característica
intrínseca de la humanidad, de las sociedades y las culturas,
comprende también la identidad y la vida / actividad sexual de
todas las personas, aspectos que, al amparo de derechos humanos
específicos, no pueden estar sometidos a la imposición
de modelos, ser motivo de intolerancia o de negación de la
libertad y respeto.
JÓVENES
182.
Recomendar a los Estados Partes de la ONU que incluyan en el
concepto de intolerancia la invisibilización, violaciones a
los derechos sociales, económicos, políticos,
culturales y sexuales basados en relaciones de poder
inter-generacionales.
183.
Demandar a los Estados que, en colaboración con las ONG y la
sociedad civil, a facilitar un diálogo internacional juvenil
sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
relacionadas de intolerancia, a través del foro mundial de la
juventud, y utilizando nuevas tecnologías, intercambios y
otros medios, y tomar medidas para asegurar la participación
de la juventud, especialmente de aquellos que pertenecen a
comunidades tradicionalmente marginadas, en el foro mundial de la
juventud y la Conferencia Mundial contra el Racismo.
184.
Exigir a los Estados la eliminación de las normas sustantivas
y procesales de los sistemas jurídicos que prevean condenas
máximas a niñas/os y adolescentes.
185.
Urgir a los Estados a permitir la objeción de conciencia y a
erradicar del servicio militar las prácticas que no respeten
el pleno desenvolvimiento de los seres humanos, especialmente de la
niñez, adolescencia y juventud, desconociendo su ética,
religión, orientación sexual y conciencia, costumbres
milenarias; y las conductas y prácticas etnocentristas,
xenófobas, sexistas, intolerantes y discriminatorias.
186.
Demandar a los organismos internacionales a que efectúen una
directa y verdadera participación de los derechos humanos de
las/os niñas/os y adolescentes en los conflictos armados.
187.
Reconocer a niñas/os, adolescentes y jóvenes la
objeción de conciencia como derecho a la participación
voluntaria en cualquier categoría en el campo militar sin que
se arriesgue la pérdida de derechos ciudadanos o coerción
social, penal, o militar.
188.
Recomendar a las Naciones Unidas la elaboración de una Carta
Universal de los Derechos de las/los Jóvenes.
*
Pueblos indígenas, en este contexto se entiende como naciones,
nacionalidades, aborígenes, tribus, originarios y otras
denominaciones semejantes (aclaración del Caucus Indígena
en este Foro).
