México: Posicionamiento de la UNORCA sobre la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa
México y el mundo es Ayotzinapa!
Un clamor recorre el país: ¡Justicia para los normalistas de Ayotzinapa! Ante la presión popular, la respuesta del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido negligente y dolosa, administrando el conflicto al grado de darle forma a la evidencia de que asistimos a un crimen de estado. Los hechos reflejan nítidamente la crisis de derechos humanos, de justicia, de descomposición del sistema político, de corrupción y de impunidad por la que atraviesa México, que la tragedia de Iguala, Guerrero, ha puesto en relieve ante la opinión pública mundial.
El 26 de septiembre, en Iguala, unos cien estudiantes de la carrera de profesor de educación primaria dela Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron balaceados por la policía municipal, causando la muerte de uno de ellos. La policía se retiró pero volvió con un comando armado vestido de civil y asesinó a otros dos estudiantes.
Más tarde, un equipo de futbol que viajaba en autobús fue atacado por la policía al confundirlo con normalistas de Ayotzinapa. Ahí murieron dos personas más, incluido un adolescente. Uno de los normalistas fue encontrado muerto al día siguiente, sin ojos y el rostro desollado. Seis ejecuciones extrajudiciales y varios heridos, dos de ellos muy graves, en total.
Tras la masacre, la policía se llevó a 43 estudiantes que desde ese día no han sido presentados, lo cual configura el delito de desaparición forzada, crimen de lesa humanidad en los cánones del derecho internacional. Iniciada la búsqueda, fueron encontradas decenas de fosas clandestinas y docenas de cuerpos que no correspondieron a los estudiantes. Recientemente, la PGR dio a conocer dos testimonios que aseguran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados pero no presentó pruebas contundentes de ello.
Los normalistas asesinados y los desaparecidos, jóvenes campesinos e indígenas pobres que estudiaban para ser maestros rurales, se movilizaban en defensa de su derecho a la educación, en mayor riesgo a partir de la aprobación de las recientes reformas neoliberales.
Los dolorosos hechos de Ayotzinapa son parte de un contexto de violencia estructural presente en todas las regiones del país, donde a diario se ejecuta, asalta, extorsiona y ultraja a jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, indígenas y población en general.
El ejército mexicano, las policías federal, estatales y municipales, las agencias de espionaje, los partidos políticos aliados del régimen, los medios masivos de comunicación (en particular el duopolio televisivo), el crimen organizado y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en todos sus niveles son parte activa u omisa de ese entramado.
La responsabilidad específica de Peña Nieto en este crimen proviene de haber dado continuidad a la estrategia de guerra contra el narco impuesta por el ex presidente Felipe Calderón e ideada desde Washington, y haber implantado reformas privatizadoras violatorias de derechos humanos que —en áreas reservadas anteriormente para el estado—abrieron la puerta al capital trasnacional en contra de la opinión mayoritaria del pueblo de México.
El clima de violencia que ha mantenido a la población en la incertidumbre y anestesiada políticamente no es fortuito sino parte de un plan para crear el escenario ideal para el saqueo de nuestros recursos naturales.
Entre el último sexenio panista y lo que va del regreso del PRI, unos 120 mil ejecutados y cerca de 30 mil desaparecidos han cuajado la imagen de México como un territorio desgarrado y como una inmensa fosa clandestina llena de cadáveres prácticamente imposibles de identificar, de la que las corporaciones seguirán extrayendo hidrocarburos y minerales.
Respecto a Guerrero, hace más de un año, por lo menos, que esta administración federal supo formalmente de la connivencia entre funcionarios municipales y el crimen organizado y nada hizo a pesar de disponer legalmente de todos los recursos del estado para investigar y proceder.
Dada la amistad del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y Peña Nieto, que no es un secreto para cualquier persona medianamente informada, no sorprende que en el aún breve lapso de su presidencia haya visitado Guerrero oficialmente 17 veces.
Pero el presidente tardó diez días en reaccionar ante el crimen y sólo lo hizo al ver el levantamiento de los universitarios en el país y las protestas en el extranjero. El caso dominó rápidamente la agenda nacional. La renuncia de Peña Nieto se mantuvo como exigencia durante varios días consecutivos en las redes sociales. Jornadas intensas de protesta, que han incluido paros, marchas, tomas de casetas de peaje y bloqueos carreteros, entre otras acciones, expresan el ánimo social de que lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa no debe quedar impune.
Las normales rurales como parte del legado del general Cárdenas, cristalización del pacto surgido de la Revolución Mexicana en el ámbito educativo, han estado bajo ataque desde hace varios años. La expropiación petrolera y la educación para las familias de la clase campesina fueron motores para la viabilidad de la nación y una vida digna en la sociedad rural que hoy están siendo desmantelados.
Durante el último siglo, los maestros rurales han dado palabra y letra a las demandas y sentimientos del campesinado. Nos oponemos terminantemente a que a la gente del campo se nos considere como especie prescindible condenada a la extinción.
¡Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas!
¡Demandamos justicia para todos los asesinados y desaparecidos en esta guerra estúpida, y castigo a los responsables!
Nos sumamos a las movilizaciones convocadas por los estudiantes universitarios y el pueblo de Guerrero.
Nos adherimos a los llamados al paro nacional y a la desobediencia civil, en preparación de una huelga general para demandar la salida de Peña Nieto de la presidencia y la convocatoria a elecciones anticipadas, único camino para reorientar el rumbo del país.