Pronunciamiento público de las Autoridades Tradicionales del Norte del Cauca – Colombia
Los Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, reunidos en Junta Directiva, en
el Resguardo Indígena de Toéz Caloto hoy 01 de octubre de 2002; ante la
situación de orden público a nivel nacional y la misma política actual de
seguridad democrática, la preocupación manifiesta de las comunidades
indígenas y campesinas y la actual declaratoria del Estado de Conmoción
Interior mediante decreto 1837 de 2002 y el decreto 2002 de 2002, por medio
de la cual se adoptan medidas para el control de orden público y se definen
las zonas del rehabilitación y consolidación.
Manifestamos
Como pueblos indígenas milenarios, que habitamos estos territorios y que
desde hace cinco centurias venimos en un proceso de lucha, resistencia y
organización por la pervivencia como pueblos; derechos que hemos ganado a
precio de sangre, esfuerzo, convicción y altruismo. Fruto de ello, hoy
tenemos un reconocimiento en la Constitución Política y una legitimidad
nacional e internacional. Además, hemos trabajado para el mejoramiento de
las condiciones de vida con el desarrollo del Plan de Vida de los pueblos
indígenas, convencidos de que nadie nos va a solucionar nuestros problemas;
somos nosotros mismos, luchando por nuestros derechos ancestrales, el
territorio, la unidad, la organización, el fortalecimiento de nuestra
identidad continuaremos construyendo nuestro propio futuro.
Ratificamos la posición política de autonomía que mediante resolución, las
autoridades indígenas del Departamento del Cauca adoptamos en 1999, en la
que afirmamos que nuestra legitimas autoridades son los Cabildos, elegidos
democráticamente para ejercer control en los territorios indígenas y ningún
grupo armado debe inmiscuirse en nuestros asuntos, como tampoco nos
sentimos representados por ningún grupo armado, movimiento político o
religioso, o cualquier otra organización fuera de las autoridades y
organizaciones indígenas.
Todo nuestro esfuerzo es y será por el fortalecimiento del plan de vida de
los pueblos indígenas, encaminados a fortalecer la identidad, la
organización, el método y programa de trabajo que nos conducirá a una
finalidad, lograr la autonomía territorial, económica, política y cultural;
como el mismo fortalecimiento de la unidad en la diversidad.
Reconocemos que la situación de inseguridad del país es cada vez más
crítica, al igual que el aumento del desempleo, la miseria, el secuestro,
el desplazamiento forzado, el ataque a la población civil e indefensa por
parte de los grupos armados y que es necesario buscar caminos de solución
política y tomar medidas para evitar tragedias mayores.
Resistimos a un modelo económico que produce muerte y pobreza, a un sistema
político que consagra la exclusión y a unos actores del conflicto armado
que no respetan los procesos sociales ni nuestro proceso de autonomía,
cultural y territorial, desconociendo nuestros derechos como pueblos, los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Por ello nuestra
acción organizativa se realiza como un acto de afirmación de dignidad y
verdadera resistencia basado en lo propio, pues no queremos que poderes
externos, independientemente de sus motivaciones políticas e ideológicas,
vengan a imponernos formas de vida contrarias a nuestro propio proceso
organizativo. Por esto determinamos:
1. No aceptar que en los territorios Indígenas se declaren zonas de
Rehabilitación y Consolidación, según el decreto 2002 de 2002, ya que
agudiza la situación de violencia, pobreza, miseria y viola los Derechos
Humanos y el espíritu de la misma Constitución Política atentando la
pervivencia de los pueblos indígenas, su proceso de desarrollo integral y
el plan de vida.
2. No es verdad que el origen principal de los problemas del país sea la
delincuencia organizada, los grupos armados, el narcotráfico, puesto que
aunque crean gran inestabilidad institucional e inseguridad social, también
los verdaderos problemas están en los miles de niños, hombres, mujeres, y
ancianos que a diario sufren el dolor de la guerra y del hambre, la falta
de vivienda, salud, educación y vestido, mientras que otros se roban la
plata, se grava con mas impuestos al pueblo, se destinan mayores recursos
para fortalecer la guerra creyendo solucionarla, limitando la inversión
social, permitiendo la invasión de multinacionales y el saqueo de nuestros
últimos recursos naturales obedeciendo a tratados internacionales que en su
mayoría violan la soberanía de los pueblos.
3. Por las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país, sí es
necesario hacer una declaratoria del Estado de excepción, pero no de
conmoción interior, sino de Emergencia Económica y Social, pues lo que
existe, es la perturbación del orden social y económico del país y no debe
ser por los treinta días, sino hasta que se restablezca un nivel de vida
digna para el conjunto del pueblo colombiano.
4. Las autoridades y comunidades indígenas exigimos al gobierno nacional
el cumplimiento del Decreto 982 del 10 de junio de 1999, mediante el cual
se declaró la emergencia económica, social y cultural de los pueblos
indígenas del Cauca, cuyo acuerdo fue firmado entre el gobierno nacional y
la organización regional indígena del Cauca CRIC.
5. A los actores armados, al gobierno nacional y demás organizaciones
sociales, los invitamos a buscar una salida política al conflicto social y
armado que vive el país durante varias décadas y que evitemos una mayor
degradación de la guerra y generalización en el territorio nacional, motivo
por el cual, ratificamos el compromiso de DEFENSA DEL PLAN DE VIDA y
nuestra posición política, de lucha por la AUTONOMÍA, mediante mesas de
DIALOGO con los diferentes sectores sociales comprometidos y convencidos de
que Colombia si tiene futuro con niveles de armonía y equilibrio. Esto nos
debe conducir a la desmilitarización de todo actor armado de nuestros
territorios indígenas ancestrales, con veedurías internacionales,
organismos de Derechos Humanos que apoyen los verdaderos procesos de
resistencia civil que luchamos en la reivindicación de nuestros derechos
ante la injusticia, la exclusión y el sometimiento destinando recursos
económicos para la inversión social y el mejoramiento de la calidad de vida
de los Colombianos.
Junta Directiva de Cabildos del Norte del Cauca ACIN
Resguardo Indígena de Tóez – Caloto
Octubre 1 de 2002