Plataforma Agraria manifiesta su preocupación porque el gobierno de Álvaro Colom sigue poniendo en el centro de sus planes de desarrollo el fortalecimiento institucional y político de la agroexportación de mediana y gran escala, con lo cual favorece al 1.87% de la población que concentra la tierra en este país y que la destina para la producción de monocultivos.
 
Como lo hemos manifestado desde hace casi dos años, las crisis económicas y de alimentos están pasando la factura a las familias campesinas que hasta hoy habían logrado sobrevivir con la casi nula intervención del Estado guatemalteco. El campo sigue en crisis, pues a ningún gobierno le ha interesado posicionar a las economías campesinas como un motor de cambio para las transformaciones que este país requiere.
 
Contrario a la mirada asistencial y paternalista de las políticas públicas del gobierno de Colom, las economías campesinas necesitan recursos e insumos para la producción, asistencia técnica y crediticia, es decir, las mismas prerrogativas concedidas a los empresarios y terratenientes de esta nación. Por eso nos oponemos a cualquier plan de desarrollo que busque reproducir los intereses de los finqueros.
 
Las mujeres indígenas y campesinas reunidas en Plataforma Agraria exigimos al Estado que garantice nuestros derechos a la propiedad de la tierra, al trabajo, a una vida sin violencia y a la participación. No avalamos aquellos programas que buscan situarnos sólo como sujetas económicas, pero siguen sin hacer ningún esfuerzo por cambiar las mentalidades, prácticas y estructuras patriarcales que nos oprimen día con día.
 
Mujeres y hombres organizados en la alianza multisectorial de Plataforma Agraria extendemos nuestro apoyo a la lucha del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Exigimos al gobierno de la República que demuestre su compromiso genuino con el desarrollo rural mediante la asignación suficiente de recursos a la Política de Desarrollo Rural Integral especialmente reorientando sustancialmente la política agraria basada en el mercado; la puesta en marcha de planes de dinamización de la economía en todas las regiones del país; la suspensión de las actividades mineras por ser lesivas a los interés nacionales; la suspensión del contrato a la empresa Perenco; y respetar la voluntad de las comunidades con relación a no construir grandes hidroeléctricas.
 
Guatemala, 30 de abril de 2010