Plataforma Agraria demanda el esclarecimiento de los actos de intimidación dirigidos contra organizaciones del movimiento social y ONGs internacionales que luchan por la justicia social y los derechos de la población marginada de Guatemala. Las amenazas, allanamientos, robos y cualquier otra forma de control, muestran el interés de grupos de poder por reprimir las voces de quienes reclaman justicia y buscan cambiar el rumbo del país.

Durante el gobierno de Oscar Berger la disputa entre la oligarquía y el crimen organizado se ha incrementado, llegando a manifestarse de forma más abierta dentro de las mismas fuerzas de seguridad, que han demostrado ser generadoras de violencia y no erradicadoras de ella. Han promovido la represión y la limpieza social como mecanismos para garantizar la seguridad.

La inseguridad no es provocada para crear ingobernabilidad ni afectar a los partidos políticos en la contienda electoral, es una política promovida por grupos de poder que buscan en el militarismo y autoritarismo una excusa para mantener un Estado represor, racista, finquero, destructor y machista que promueve relaciones de acumulación, violencia y sometimiento.

De ahí que Plataforma Agraria rechaza las candidaturas de personajes con un pasado militar ligados al autoritarismo y la violencia, que buscan por medio de sus propuestas legitimar un Estado que avala la represión de voces y expresiones diferentes y la limpieza social.

Para Plataforma Agraria la seguridad y la confianza van más allá de que el ejército patrulle las calles, pasa por romper con esquemas y políticas dominantes; por impulsar procesos políticos transparentes que permitan la participación de la población; la aplicación de una política de seguridad que permita la reestructuración total de éstas instituciones; combatir la limpieza social y el crimen organizado; garantizar el acceso a la justicia; crear políticas que promuevan el empleo, la educación, la salud, la vivienda, el acceso a activos productivos y económicos que permitan que mujeres y hombres tengan una vida digna.

Guatemala, 28 de junio de 2007