En la
región del Magdalena Medio, la Asociación Campesina
del Valle del Río Cimitarra (ACVC) ha sido víctima
de la represión estatal. A finales de septiembre de 2007
fueron detenidos los dirigentes de ACVC Andrés Gil, Óscar
Duque, Evaristo Mena y Mario Martín.
Estas detenciones constituyen un gran impedimento para que la ACVC
siga su lucha contra la suspensión de la Zona de Reserva
Campesina (ZRC) del Valle del Cimitarra, zona creada en diciembre
de 2002 pero que fue suspendida en el 2003. La ZRC incluye a más
de 25 mil campesinos/as en un proceso de desarrollo integral y
defensa de los derechos humanos. La región sufre un bloqueo
alimentario y sanitario.

En
este momento es de suma urgencia exigir al gobierno colombiano que
la investigación judicial contra los líderes
detenidos de la ACVC se realice sin privarlos de la libertad,
según establece la nueva legislación colombiana.
Además se debe respetar, proteger y garantizar los derechos
de las familias campesinas estableciendo a la mayor brevedad la
Zona de Reserva Campesina.

Antecedentes:

Para
enfrentar los desplazamientos violentos de comunidades campesinas y
la situación de concentración de la tierra que se
observa en el país, los/as campesinos/as han desarrollado
formas novedodas de organización. La Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) desarrolla un
trabajo político, social y de coordinación en el sector
rural de seis municipios del Magdalena Medio e integra los propósitos
de la comunidad a través de las juntas de acción
comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones
de trabajadores del campo, en el marco de la defensa integral de los
derechos humanos y la lucha por la tierra.

Uno
de los instrumentos más importantes que prevee la legislación
colombiana para garantizar el acceso a la tierra y proteger las
formas de producción campesinas es la creación de Zonas
de Reserva Campesinas (ZRC). Para las comunidades campesinas, las ZRC
son esenciales para proteger legalmente su territorialidad, la
autogestión comunitaria del territorio, la protección
de la economía campesina, la realización efectiva de la
reforma agraria y la reconstrucción de la agricultura
nacional.
Tras
llevarse a cabo todos los procedimientos establecidos por las normas
legales, incluyendo una audiencia pública con participación
masiva, el 10 de diciembre de 2002 el antiguo Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria (INCORA) decretó la Zona de Reserva
Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra. Esta ZRC es un
proceso de desarrollo regional y de defensa integral de los derechos
humanos e integra a más de 25 mil campesinos de las áreas
rurales de los municipios de Yondó, Remedios, San Pablo y
Cantagallo. Sin
embargo, en abril del 2003 la ZRC fue suspendida por medio de una
resolución, sin que ésta fuera aprobada por la junta
directiva del INCORA - tal como lo declararon por escrito los
delegados campesinos a esta junta.

Desde
entonces, la ACVC ha sufrido numerosos ataques de sectores
gubernamentales y de intereses locales que se oponen a la creación
de la ZRC. La persecución policial y la judicialización
de los dirigentes de la ACVC se han incrementado en los últimos
años. Por ejemplo, en abril de 2005 se detuvo al dirigente de
la ACVC, Álvaro Manzano, por su supuesta pertenencia a la
guerrilla. El Sr. Manzano fue puesto en libertad, detenido nuevamente
y finalmente liberado por la falta de pruebas en su contra.

En
cuanto a los acontecimientos recientes, el pasado sábado 29 de
septiembre de 2007 fueron detenidos en el municipio de Cantagallo
(Sur de Bolívar) Andrés Gil, Óscar Duque y
Evaristo Mena, dirigentes de la ACVC, quienes se encontraban en una
reunión con la comunidad. Ante la oposición de los
campesinos, los agentes realizaron disparos al aire. Como motivo de
la detención se alegó según nuestros informes el
apoyo y la pertenencia a la guerrilla. Así mismo, en la ciudad
de Barrancabermeja, fue detenido en su residencia Mario Martínez,
directivo de la ACVC. Posteriormente, alrededor de 50 soldados
allanaron la oficina regional de la asociación reteniendo a
las cinco personas que se encontraban en la sede y dejándolas
en libertad posteriormente. Además puede haber todavía
más detenciones a esperas de conocer el sumario definitivo.

Las
detenciones de miembros de la ACVC han tenido lugar sin tener en
cuenta la nueva legislación colombiana (Ley 906 de 2004) que
plantea la privación de la libertad como último recurso
y que, según el principio de favorabilidad, debería
haber sido aplicada en este caso.
Por
último, en julio de 2007 el gobierno firmó con la ACVC
un acuerdo para volver a crear una ZRC, comenzando nuevamente con
todo el proceso ya llevado a cabo anteriormente. Este reinicio del
proceso no solo va en detrimento de los derechos humanos de los
campesinos en cuanto pone en riesgo la seguridad de la tenencia de
los territorios que ya habían sido declarados como protegidos,
y de los cuales depende su subsistencia, sino que también
atenta contra todos los principios de la eficiencia administrativa
promulgados por la Constitución Colombiana y el Código
Contencioso Administrativo y que son vinculantes para cualquier
autoridad administrativa. Más allá la reiniciación
del proceso puede considerarse como una medida regresiva respecto de
la garantía de los derechos humanos de la comunidad campesina,
que pone en peligro la subsistencia de los miembros de la comunidad.
Una medida de esta naturaleza es contraria a los estándares
internacionales de derechos humanos que rigen la actividad del estado
colombiano de conformidad con la doctrina del bloque de
constitucionalidad de la Corte Constitucional Colombiana (Ver: Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU,
Observaciones Generales 3 y 9, Sentencia de 2001 entre otras).

Mandato
de la Red de Emergencia:
Colombia
es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales así como del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, toda autoridad del
Estado tiene que respetar, proteger y garantizar estos derechos a
toda su población. El Estado debe adoptar medidas que aseguren
el disfrute del derecho a alimentarse dignamente de los campesinos y
las campesinas del país. El respeto y la protección de
los campesinos y campesinas y sus organizaciones y la garantía
de su acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia de la misma
por medio de la ZRC son obligaciones del Estado colombiano. En esa
medida, debería anularse la suspensión de la ZRC y
hacerse efectiva su constitución a la mayor brevedad posible.
La investigación judicial contra los miembros detenidos debe
realizarse de conformidad con los principios del debido proceso,
incluida la presunción de inocencia, sin que ellos sean
privados de su libertad.

Fin de la acción: Diciembre 1 de 2007.
Direcciones:

Dr. Álvaro
Uribe Vélez
Presidente de la República
de Colombia
Carrera 8 n.7-26
Palacio
de Nariño
Santafé de Bogotá
Colombia
Fax: 00 57 1-337 5890

Copias a:
Defensoría del Pueblo

Calle 55 No 10-32

Bogotá - Colombia
FAX: +57 1 640 04 91
Email:
defensoria@defensoria.org.co

Humanidad
VigenteCarrera 10 No 15-39 oficina 510

Bogotá – Colombia

Email:
humanidadvigent@etb.net.co

Informe
a FIAN de cualquier respuesta a sus cartas.

Dr.
Álvaro Uribe VélezPresidente
de la República de ColombiaCarrera 8
n.7-26Palacio de
NariñoSantafé
de BogotáColombiaFax:
00 57 1-337 5890

Excelentísimo
Señor Presidente,
con
la presente quiero expresarle mi profunda preocupación por los
hechos graves que han ocurrido en la región del Magdalena
Medio en contra de la Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra (ACVC), cuyas actividades siempre se han caracterizado por
su legitimidad en defensa de los derechos campesinos.
A
finales de septiembre de 2007 fueron detenidos los dirigentes de la
ACVC Andrés Gil, Óscar Duque, Evaristo Mena y Mario
Martín por su supuesto apoyo y pertenencia a la guerrilla.
Detener a la dirigencia de la ACVC justo en el momento en que se
reiniciaban negociaciones con el gobierno sobre la constitución
de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), pone en serio peligro todo el
proceso. La ZRC del Valle del Cimitarra había sido
creada en diciembre de 2002, pero fue suspendida en el 2003 mediante
una resolución que no fue aprobada por la junta directiva del
antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). La ZRC
incluye a más de 25 mil campesinos/as en un proceso de
desarrollo integral y defensa de los derechos humanos.

Colombia
es un estado miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y, por tanto, tiene la obligación de
garantizar estos derechos a toda su población. El
Estado debe adoptar medidas que aseguren el disfrute del derecho a
alimentarse dignamente de los campesinos y las campesinas del país.
El respeto y la protección de los campesinos y campesinas y
sus organizaciones y la garantía de su acceso a la tierra por
medio de la ZRC son obligaciones del Estado colombiano.
Como
persona que trabaja a nivel internacional por el derecho humano a
alimentarse, quisiera solicitar que tome todas las medidas necesarias
para:
1)
que el curso de la investigación judicial contra los miembros
detenidos de ACVC se realice sin que éstos sean privados de su
libertad, tal y como lo establece la nueva legislación
colombiana (Ley 904 de 2004),

2)
anular la suspensión de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del
Valle del Río Cimitarra y garantizar que los/as campesinos/as
organizados/as en la Asociación Campesina del Río
Cimitarra (ACVC) puedan desarrollar la ZRC basada en el desarrollo
integral y en los derechos humanos,
3)
respetar y proteger los derechos de los campesinos de la ZRC y de los
integrantes de la ACVC.
Por
favor, manténgame informado de las medidas que tome a este
respecto.

Atentamente,

La
Vía Campesina
Secretaría Operativa InternacionalJalan
Mampang Prapatan XIV No 5 Jakarta
Selatan 12790, Jakarta – IndonesiaTel
+62 21 7991890Fax
+62 21 7993426viacampesina@viacampesina.org
Contacto
Campaña Global por la Reforma Agraria:viacampesina_cgra@amnettgu.comTel:
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