En Paraguay, organizaciones sociales y campesinas vienen desde hace tiempo movilizándose por el derecho y el acceso a la tierra, un conflicto central en el país donde intervienen distintos actores, entre ellos agro empresarios, presidentes, generales y militares que detentan grandes cantidades de tierra(1) y que lejos de garantizar los derechos de los pueblos, los violentan a costa de cuidar sus intereses
 
Dentro de este contexto, las organizaciones que integran la Vía Campesina en Paraguay, como Lucha por la Tierra -OLT, Movimiento Campesino Paraguayo-MCP, Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas-MCNOC y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas-CONAMURI, vienen siendo objeto de acusaciones falsas y criminalización por parte de estos sectores de la burguesía que pretenden vincular la protesta social con la delincuencia y el terrorismo, siendo los representantes de la justicia los principales ejecutores de esta línea.
 
Como indican en su comunicado haciendo un llamado a la comunidad nacional e internacional, “Las excusas que utilizan estos agentes del Poder Judicial para atacar son diversas, van desde acusaciones e imputaciones a dirigentes, hasta la alusión de pertenencia de estas organizaciones sociales y campesinas a una supuesta guerrilla, el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), a pesar de que las mismas han expresado su absoluto desacuerdo con el método de lucha del EPP, al momento de denunciar que sus acciones son  totalmente funcionales a la derecha intolerante y golpista”.
 
Como antecedentes históricos, Paraguay vive una intensificación del desarraigo campesino, que se debe, “por una parte, a los hechos de que la modernización agraria excluyente, basada en el predominio de las medianas y grandes explotaciones empresariales, recién se ha consolidado durante las dos últimas décadas pasadas (años setenta y ochenta) y de que su vigencia se concentró en determinadas regiones (el contexto de la frontera con el Brasil y la Argentina fundamentalmente). Por otra parte, la persistente crisis experimentada por el algodón y la de otros rubros de renta, causadas por el empeoramiento de los niveles de los precios de los productos en los mercados internacionales, han deprimido los ingresos y deteriorado fuertemente las capacidades de reproducción de las explotaciones campesinas, fenómeno que está incentivando el agravamiento del desarraigo”(2).
 
Cifras alarmantes expresan la dimensión del problema. Según el censo agropecuario de 91, el 1% de los propietarios concentra el 77% de las tierra, mientras el 40% de los agricultores dispone solo del 1% de tierras que tienen de 0 a 5 hctas. Existe un proceso de minifundización, en que los campesinos, por la limitación de la tierra no pueden garantizar el sustento familiar, recurriendo a trabajos no agrícolas, migración y abandono de sus parcelas.
 
Las tierras en su gran mayoría son malhabidas, inmuebles del Estado adjudicadas de forma ilegal. “Estas adjudicaciones hechas violando la ley, es decir, de manera ilícita y fraudulenta, son actos jurídicos nulos según el Código Civil. Esto significa que los jueces pueden declarar la nulidad de los títulos de las tierras malhabidas, y recuperarlas de este modo al dominio del Estado”(3).
 
En este marco las organizaciones que vienen luchando por una causa justa en defensa de la reforma agraria, la tierra y el territorio, denuncian mediante un comunicado señalado anteriormente, que:
 
1.Que, el día viernes 20 del corriente mes, la Escuela Agrícola de Capiibary, ubicada en el Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, fue intervenida de manera arbitraria e ilegalmente, por parte de una comitiva Fiscal y Policial encabezada por el Fiscal Alcides Corvalán y el Comisario Andrés Ferreira. Los intervinientes no contaban con una orden de allanamiento, sin embargo han procedido a la requisa de todo el predio e infraestructura de la institución educativa, decomisando banderas de las organizaciones campesinas mencionadas más arriba, además de la Vía Campesina y textos varios de estudio, que no constituyen parte de evidencias según el caso por el que realizaron la intervención, que es la búsqueda del secuestrado Sr. Fidel Zavala. 
 
2.      Que, al momento del allanamiento de la Escuela Agrícola, los jóvenes miembros de ocho organizaciones campesinas, postulantes al Instituto Agroecológico Latinoamericano-IALA Guaraní en construcción, parte de una Red de institutos de educación superior, que posibilitará el acceso de campesinos, campesinas e indígenas a ese grado de enseñanza, en vista de que en la mayoría de los países latinoamericanos, éstos se encuentran excluidos de ese nivel educacional. Estos jóvenes se encontraban realizando un curso  de capacitación en producción agroecológica
 
3.      Repudiamos, el oportunismo de sectores políticos y miembros de la justicia interesados, que aprovechándose de un abominable hecho, como el secuestro del Sr. Zavala realizan este tipo de intervenciones para asociar a las organizaciones campesinas, con este tipo de actividades.
 
4.      Solicitamos el cese inmediato de las persecuciones a las organizaciones campesinas, quienes históricamente han reclamado derechos de manera legítima y abiertamente.  Convocamos a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse ante el hecho, puesto que aprovechándose de situaciones particulares del país se están violando los Derechos Humanos de los campesinos y las campesinas organizados y organizadas.
 
Casos como este no pueden quedar en la impunidad, por lo cual, las organizaciones de la Vía Campesina(4), en su llamado a la solidaridad y a la defensa de la lucha por la tierra, solicitan “el cese inmediato de las persecuciones a las organizaciones campesinas, quienes históricamente han reclamado derechos de manera legítima y abiertamente”, y convocan  “a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse ante el hecho, puesto que aprovechándose de situaciones particulares del país se están violando los Derechos Humanos de los campesinos y las campesinas organizados y organizadas”.
 
1) Ver Alderete, Alberto. 2006. Las tierras malhabidas. Mimeo
 
2) Ver Galeano, Luis. 1997. La pobreza en el Paraguay rural. Informe de DDHH en Paraguay, en:http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/1997/25.html. Galeano, Luis 2003.
 
3)Alderete, Alberto. 2005. El problema de la tierra en Paraguay. Mimeo).
 
4) La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, gente sin tierra, y trabajadores agrícolas del mundo entero. Está compuesta por 148 organizaciones miembro, activas en 69 países de Asia, África, Europa y el continente Americano.