Campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales y sus
colaboradores proponen la Soberanía Alimentaria de los Pueblos como
alternativa a las posiciones de EEUU/ UE y el G20

En Septiembre de 2003 en Cancún, colapsó la Ministerial de la OMC en
medio de escenas dramáticas. El cese repentino de las negociaciones
que se estaban llevando a cabo en Cancún, México, fue celebrado por
varios millones de personas en todo el mundo como una victoria de
sus campañas tendientes a impedir que los gobiernos continúen
imponiéndoles políticas de liberalización y privatización no
deseadas.

Las movilizaciones en Cancún durante las cuales Mr. Lee Kyung Hae,
un agricultor de Corea del Sur, se quitó la vida, obligaron al mundo
a tomar conciencia respecto a los impactos destructivos de la OMC
sobre los agricultores. La situación desesperada de los
agricultores, campesinos y pescadores artesanales en todo el mundo,
especialmente en África, exige una respuesta urgente. Los
movimientos sociales y las comunidades en todas partes exhortan a
los gobiernos a que abandonen las políticas neoliberales para dar
lugar a aquellas que satisfacen las necesidades reales y apremiantes
de sus poblaciones. Las actuales políticas de liberalización
centradas en incrementar las exportaciones y en satisfacer las
necesidades de las corporaciones actúan en sentido contrario,
amenazando esas necesidades. Esas políticas destruyen el sustento y
las culturas, así como los métodos de producción local, y atentan
contra el acceso a los alimentos, las semillas, el agua y la tierra.

Las negociaciones en la OMC no consideran las luchas diarias en la
vida de los pueblos. Estas negociaciones versan sobre la ampliación
de los monopolios comerciales y las disputas en torno a porciones
del mercado global agropecuario y en otros sectores. Los
negociadores comerciales consideran que es aceptable sacrificar la
producción y el consumo de alimentos, y el sustento de millones de
agricultores, a cambio de un mayor acceso a los mercados
internacionales para sus principales exportadores. Pero los
movimientos sociales en todo el mundo reclaman su derecho a ser
escuchados y a que sus propuestas sean tenidas en cuenta.

La OMC existe para promover la liberalización y los negociadores
comerciales centran su atención casi exclusivamente en el ritmo y
las formas de esta liberalización. A estos funcionarios no parece
ocurrírseles que el proceso de liberalización es en sí mismo
esencialmente defectuoso y que favorece los intereses comerciales en
contra de las necesidades de familias, comunidades, pequeñas
empresas y el medio ambiente. Los funcionarios de comercio están
decididos a incrementar las exportaciones agropecuarias a cualquier
precio.

Pero estos costos simplemente no pueden ser ignorados. Los mismos
implican impactos devastadores para los agricultores familiares,
campesinos, pescadores artesanales, trabajadores de la alimentación
y consumidores en todo el mundo, y severos procesos de degradación
ambiental en todos los lugares en donde se introduce la agricultura
intensiva de exportación. El priorizar la producción para la
exportación por encima de la producción para los mercados locales y
nacionales, conduce a la escasez de alimentos a nivel local y
provoca el divorcio de la alimentación, la agricultura y la pesca,
de sus importantes dimensiones sociales, culturales y ambientales.
Debilita además, la capacidad de los gobiernos de desarrollar
políticas centradas en las necesidades locales; fomentando el
predomino de los intereses de las grandes empresas. Incluso aquellos
gobiernos que han cuestionado la agenda de la Unión Europea (UE) y
del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en Cancún, continúan con las
negociaciones que priorizan fundamentalmente la agricultura
orientada a las exportaciones.

La diversas agrupaciones de países del Sur -incluyendo al G21, la
Alianza en defensa de los Productos Especiales y los Mecanismos
Especiales de Salvaguarda, la Cooperación Económica de Asia y el
Pacífico (APEC) y el "grupo multifuncional" liderado por Corea-
básicamente han aceptado que las negociaciones continúen sobre la
base del denominado "texto de Derbez", propuesto por el presidente
mexicano de la Conferencia Ministerial de Cancún. Este texto, que
fuera rechazado por esos mismos gobiernos durante la Conferencia
Ministerial, ha sido diseñado para honrar los intereses de las
corporaciones de EE.UU. y la UE que ya dominan el comercio global de
alimentos y productos agropecuarios.

Además, las normas de la OMC exigen que el comercio agrícola sea
incluido en un "compromiso único" que vincula a todos los diferentes
sectores. Esto permite que las promesas de reducción arancelaria y
acceso a los mercados agropecuarios de los países desarrollados
(promesas que no han sido cumplidas en el pasado) sean usadas como
incentivos, por lo que cualquier país en desarrollo que quiera
lograr esos beneficios tendrá que hacer concesiones en otras áreas
clave (tales como liberalización del mercado de servicios y de la
inversión extranjera). Ese toma y daca resulta inaceptable ya que
subordina el derecho fundamental a la alimentación y a la producción
de alimentos a los intereses en otros sectores, y crea múltiples
impactos negativos en la medida en que las comunidades y sus
ambientes corren el riesgo de sufrir pérdidas en diferentes sectores
al mismo tiempo.

Los gobiernos tampoco hacen frente a la creciente concentración del
poder en los mercados en manos de los cárteles empresariales que
operan en el sector agrícola.

EE.UU. y la UE tienen como blanco los mercados agropecuarios de
otros países, utilizando cada oportunidad, tanto mediante las
negociaciones en la OMC como a través de acuerdos comerciales
bilaterales y regionales, para lograr la reducción de los aranceles
a las importaciones agropecuarias y mayor acceso a los mercados.
Esta política está diseñada para provocar la caída de los precios de
productos agropecuarios clave por debajo de los costos de
producción, resultando en la expulsión de los campesinos y pequeños
agricultores de sus tierras. Esta política de 'precios agresivos'
lleva a que los agricultores ya no tengan la posibilidad de producir
alimentos ni siquiera para sus propios mercados locales. En muchos
países, especialmente en el Sur, la producción campesina está siendo
sustituida por las importaciones a bajo precio de otros países y por
la producción agroindustrial orientada a las exportaciones que hace
uso de la mano de obra barata y aprovecha el escaso cumplimiento de
las normas sociales y ambientales. Este comportamiento es hipócrita
ya que la UE y EE.UU. protegen sus propios mercados por razones
políticas internas, con mecanismos que no permiten utilizar a otros.

Además, EE.UU. y la UE. han llevado a cabo grandes cambios en sus
políticas agrícolas, bajando los precios y eliminando los precios
mínimos que recibían los productores agrícolas. Los precios se han
reducido de tal forma que llegan a estar un 57% por debajo de los
cotos reales de producción. Al mismo tiempo los grandes productores
de estos países son protegidos por crecientes subsidios agrícolas
internos. Esta política perpetúa la espiral descendente de los
precios de las commodities, al permitir a los grandes agricultores
en la UE y EE.UU. producir excedentes que luego son volcados en los
mercados internacionales a precios bajos, devastando más aún las
economías rurales de base campesina y de producción familiar
independiente, especialmente en el Sur. En el Norte, el resultado ya
ha sido la desaparición de gran parte de la agricultura familiar y
campesina. A los productores familiares que aún permanecen en el
campo se les recomienda exportar mas y más, pero ellos ganan cada
vez menos y muchos dan quiebra.

La UE y EE.UU. afirman que sus subsidios son aceptables bajo las
normas de la OMC porque no distorsionan el comercio (amparándose en
el sistema de excepciones de la OMC o 'compartimientos', que el
'texto de Derbez' perpetúa). Sin embargo, estas ayudas directas
están dirigidas principalmente a los productores de mayor escala y a
las empresas exportadoras, y en la medida en que brindan a esos
productores y exportadores un margen competitivo, nosotros
argumentamos que sí distorsionan el comercio a favor de las grandes
empresas y los países más ricos.

Las negociaciones sobre agricultura en la OMC continúan sin mayores
cambios y están dominadas por los esfuerzos combinados de EE.UU. y
la UE de proteger sus respectivos intereses comerciales. La
propuesta de EE.UU. y la UE de una 'fórmula mixta' (blended formula)
les permitiría continuar utilizando las ayudas internas para
facilitar el dumping y utilizar al mismo tiempo aranceles para
proteger sectores sensibles. Al mismo tiempo esta 'fórmula mixta'
impondría reducciones arancelarias abruptas en los mercados
agrícolas de los países en desarrollo. El enfoque de EE.UU. "hagan
lo que yo digo, no lo que yo hago" es obvio en sus objetivos de
negociación. Exhorta por ejemplo, a la restricción del poder
"monopólico" de las empresas comerciales estatales, tales como el
Consejo Canadiense del Trigo (Canadian Wheat Board), al tiempo que
no reconoce la necesidad crucial de restringir el poder monopólico
de mayor envergadura de los cárteles agro empresariales
multinacionales, que tienen como finalidad la generación de lucro y
que en su mayoría son capitales estadounidenses. Los miles de
millones de dólares de ayuda interna aprobados en la Ley Agrícola de
EE.UU., principalmente destinados a las empresas agro-industriales,
combinados con el desmantelamiento de los mecanismos institucionales
internos, apuntalan el poder de las empresas agrícolas de EE.UU. y
colocan de lleno al mercado de alimentos bajo el control
empresarial.

Ningún gobierno ha demostrado hasta ahora la voluntad política para
exigir un enfoque totalmente nuevo y diferente, que responda a las
demandas de millones de pequeños agricultores que reclaman la
protección de sus medios de sustento y culturas contra la voracidad
de las corporaciones que los sacrifican en el altar del "libre
comercio".

El G20 (anteriormente G21), si bien es un contrapeso político a
EE.UU. y la UE muy necesario, representa principalmente a los
intereses de los exportadores en el Sur, pero no defiende los
intereses de la gran mayoría de agricultores y campesinos que
producen para los mercados nacionales. Más aun, ya se ha debilitado
su resolución de resistir al texto de Derbez que protege los
subsidios para la agricultura de exportación en la UE y en EE.UU. y
busca una mayor liberalización de los mercados agrícolas en el Sur.

El G20 en efecto representa los intereses de una pequeña minoría de
su población que controla la agricultura de exportación y las
empresas agroindustriales. Por esta razón, ellos también exigen la
abolición de los subsidios que "distorsionan el comercio" y más
acceso a los mercados, tanto en el Norte como en el Sur, sin
reconocer que el principal problema es la predominancia de las
exportaciones y de los intereses de las corporaciones. Si bien vemos
con beneplácito la resistencia del G20 contra la imposición del
"marco" de la UE y de EE.UU. para la negociaciones agrícolas que se
expresa en el texto de Derbez, su posición general respeto al
comercio agrícola no es una alternativa viable. El avance de la
liberalización y el acceso generalizado a los mercados sólo
fortalecerán el dominio de los cárteles de las empresas
agroindustriales transnacionales, profundizando los problemas de
pobreza y exclusión social de millones de personas en todo el mundo.

La Alianza sobre Productos Estratégicos y Mecanismos Especiales de
Salvaguarda, por otro lado ha demandado la protección de los
aranceles para algunos productos, por razones de seguridad
alimentaria y sustento rural. Los países desarrollados les han
expresado que les otorgarán ese tipo de protección (aunque en una
forma extremadamente diluida y acompañada por recortes arancelarios)
si los países de estos agrupamientos aceptan la fórmula mixta del
texto de Derbez. Por el momento estos países se han resistido a la
oferta de los países desarrollados, pero continúan enfrentando
enormes presiones a través de otros canales bilaterales y
multilaterales.

A pesar de todo, no hay serios cuestionamientos desde los países en
desarrollo al actual régimen de comercio dominado por la OMC. La
mayoría están preparados para arriesgar la producción y los mercados
nacionales frente a la posibilidad de acceso a los mercados
internacionales distantes.

No hay un conflicto Norte-Sur, sino un conflicto social esencial que
necesita ser abordado.

Las consultas previas a la Ministerial de Cancún daban la impresión
de que existía un conflicto Norte-Sur que era central y necesitaba
ser resuelto. Esta impresión ha sido perpetuada en las negociaciones
subsiguientes, con posiciones gubernamentales aparentemente
conflictivas presentadas por un lado por EE.UU. y la UE y por otro
por el G21. No obstante, el verdadero conflicto –en torno a los
alimentos, la agricultura, la pesca, las fuentes de trabajo, el
medio ambiente y el acceso a los recursos- no es entre el Norte y el
Sur, sino entre ricos y pobres. Es un conflicto que gira en torno a
los diferentes modelos de producción agrícola y desarrollo rural, un
conflicto que está presente tanto en el Norte como en el Sur. Es un
conflicto entre la agricultura industrializada centralizada,
controlada por las corporaciones y orientada hacia las
exportaciones, por un lado, y la producción campesina y familiar
sustentable y descentralizada principalmente destinada a los
mercados nacionales, por otro. Esta lucha, la lucha de los
movimientos sociales contra las políticas neoliberales no es
reconocida por quiénes están involucrados en las negociaciones
comerciales globales.

La producción familiar y campesina destinada a los mercados
nacionales representa aproximadamente el 90% de la producción
mundial de alimentos, que en su gran mayoría no pasa por los
mercados . Por otro lado el comercio mundial agropecuario representa
sólo el 10% de la producción agrícola mundial. El grueso de las
ganancias generadas por las exportaciones agropecuarias quedan en
manos de los grandes productores y de los cárteles de las empresas
agroindustriales multinacionales que controlan el comercio
internacional de productos agrícolas y alimentarios y las cadenas
internacionales de producción. Además, la agricultura intensiva
orientada a la exportación, tiene enormes impactos ambientales
negativos a causa de sus métodos de producción, de la destrucción de
los cultivos locales y la biodiversidad y de las largas distancias
que recorren los productos.

Dada la importancia real de la agricultura campesina y de base
familiar, para el suministro mundial de alimentos, es clave que
estos productores sean protegidos por sus sociedades y economías y
que se les garantice el acceso equitativo a los mercados nacionales.
Las políticas de comercio internacional deben apoyar, no destruir,
las políticas agrícolas y de desarrollo rural nacionales que se
necesitan desesperadamente para estabilizar los mercados internos.

Una auténtica respuesta socialmente adecuada a la actual crisis en
la alimentación y la agricultura reside en el marco que ofrece la
Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Esta respuesta es apoyada por
campesinos, agricultores sin tierra, pescadores artesanales,
trabajadores rurales y de la industria alimentaria, ambientalistas y
muchos otros tanto en el Norte como en el Sur, y brinda soluciones
para algunos de los problemas esenciales asociados con el comercio
alimentario, agrícola y de productos de la pesca.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS es una alternativa al actual
punto muerto
Desde una perspectiva amplia del desarrollo económico nacional y
local, es mucho más importante hacer frente a la pobreza y al
hambre, gestionar los recursos en forma sustentable y producir en
primer lugar para los mercados locales antes que exportar. La gente
en cada país debe tener el derecho y la capacidad de definir sus
propias políticas alimentarias, productivas y agrícolas, el derecho
de proteger sus mercados nacionales y de mantener los subsidios
públicos que apoyan la producción sustentable de base campesina,
garantizando al mismo tiempo alimentos saludables y accesibles para
todos los miembros de la sociedad. Estos derechos constituyen la
esencia de las demandas de los ciudadanos del mundo por soberanía
política, democracia y paz. Para lograr esto resulta crucial lo se
plantea a continuación:

Control de las importaciones y manejo de la oferta, para garantizar
precios estables que cubran los costos de producción.
Los agricultores enfrentan en todas partes del mundo, incluso en
Estados Unidos y Europa, precios que se encuentran por debajo de los
costos de producción. Para que sea posible una estabilización de los
precios a niveles que cubran los costos de producción, es necesario
manejar la oferta e impedir la producción de excedentes
alimentarios, especialmente en los grandes países agro-exportadores.
En el ámbito internacional, los acuerdos sobre commodities (rubros
agrícolas específicos) deberían regular la oferta total en los
mercados internacionales. Los gobiernos deberán tener total libertad
de aplicar medidas para controlar la importación de alimentos,
incluyendo cuotas para las importaciones, sistemas de bandas de
precio y aranceles a las importaciones, etc.

Poner fin a los subsidios directos e indirectos a las exportaciones.
Los subsidios públicos deben estar orientados a quiénes más los
necesitan, los campesinos, productores familiares y pescadores
artesanales.

El mal uso de los subsidios públicos en los países industrializados
agro-exportadores, especialmente en EE.UU. y la UE, para apoyar el
dumping, ha provocado el descrédito de todos los subsidios públicos
en el sector agrícola.

Se debe identificar y prohibir todo tipo de subsidios, directos o
indirectos, explícitos o encubiertos, que permitan exportar a
precios bajos y fomenten el dumping. Sin embargo, es importante
recordar que las ayudas públicas internas son cruciales para
estimular o mantener una producción sustentable de alimentos. En
lugar de un llamado generalizado a la abolición de todos los
subsidios, exhortamos a distinguir entre la ayuda para los
productores de alimentos a pequeña escala y los pobres, y aquella
destinada a fomentar los intereses de las corporaciones agro-
industriales. Los subsidios públicos deben apoyar la agricultura
sustentable, la producción y distribución de alimentos y la equidad
económica y social. Los mismos deben ayudar a mejorar la capacidad
de los productores locales y garantizar el acceso equitativo a la
alimentación y a los medios de sustento clave para los pobres. Al
mismo tiempo, se deberían identificar y prohibir todas las formas de
subsidios directos e indirectos que contribuyan a la baja de los
precios y fomenten el dumping. Los subsidios que promueven la
agricultura industrial insustentable y patrones inequitativos de
tenencia de la tierra, deben ser reorientados para apoyar la
producción campesina y sustentable y programas de reforma agraria
integral.

El control de la oferta es clave para evitar la sobreproducción,
estabilizar los precios y permitir subsidios para la producción
nacional. El control de la oferta debería garantizar que la ayuda
pública no conduzca a