Plataforma Agraria lamenta que el Estado responda con eficacia y rapidez a las exigencias de los empresarios, aunque sus propuestas atenten contra el bienestar de la población guatemalteca. Vemos con preocupación el fallo de la Corte de Constitucionalidad que autoriza a los productores no yodar la sal y señalamos como irresponsable la decisión del Ejecutivo que la respalda.

Esta medida pone en riesgo la salud principalmente de la niñez y las mujeres del campo, que dependen de políticas públicas para tener acceso a la ingesta de alimentos que contribuyan de manera mínima con su desarrollo integral.

En nuestro país dos terceras partes de los habitantes son demasiado pobres para poder alimentarse adecuadamente y en un 60 por ciento de hogares el gasto en alimentos no alcanza a cubrir los requisitos dietéticos mínimos diarios. La mitad de la niñez guatemalteca menor de 5 años padece raquitismo, enfermedad que afecta al 70% de la niñez indígena. De acuerdo con el Relator para el Derecho a la Alimentación, en el país aumentó el índice de malnutrición grave tras las sequías y la crisis del café.

El Estado no puede privilegiar un criterio de productividad que responde a las exigencias del mercado, y por ello desechar un programa que se ha implementado por más de casi 50 años, en detrimento de la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables.

Plataforma Agraria exige a la Corte de Constitucionalidad aplicar en sus decisiones el principio de bien común y se esfuerce por tener una visión más integral de los derechos humanos, en este caso el derecho de la población a una alimentación adecuada.

Guatemala, 31 de enero de 2007

Plataforma Agraria