Nueva caravana de migrantes hondureñas/os entre los cuales se encuentran niñas/os, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, que intentan llegar a Estados Unidos. Miles huyen de su país a causa de la violencia, la corrupción, el desempleo, la inseguridad, la pobreza extrema y amenazas que viven en sus respectivas comunidades; pensar en estos factores como determinantes para que tantas personas decidan emprender una peligrosa travesía, también nos remite a cuestionar un modelo histórico del llamado “Desarrollo” como es el extractivismo.

 

Lo que se vive en Honduras es el resultado de la implementación de estrategias excluyentes, racistas y represivas por parte del Estado, cuyos intereses se perfilan en función de los capitales regionales y globales corporativos, y con el fin de garantizar que las industrias extractivas sigan tomando posesión de los territorios, se judicializa y criminaliza cualquier acción organizada o espontanea de las y los comunitarios afectados.

 

La población se enfrenta a prácticas institucionalizadas en las que el despojo de los territorios-una práctica histórica-se han venido profundizando cada vez más, sobre todo en los últimos diez años, periodo que se relaciona con el golpe de Estado Militar del 2009.

 

Un ejemplo de ello es la comunidad Garífuna,  quienes se enfrentan a verdadera estrategia de exterminio, entre el 2019 y lo que va de este año han sido asesinadas/os  17 líderes Garífunas, estas/os desde sus diferentes espacios comunitarios, y en su mayoría integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) venían desarrollando acciones contra la expansión de las industrias hoteleras, la implementación de los monocultivos, la compra abusiva de tierras o la misma expulsión de estas comunidades de sus espacios que por derecho ancestral les pertenecen.

 

Esta situación se extiende a lo largo del territorio hondureño, ya que estas prácticas de exterminio y criminalización también alcanzan a los demás pueblos originarios del país, quienes en su mayoría constituyen diversas formas organizativas para hacer frente a los efectos catastróficos de este modelo, enfrentando un Estado de terror que afianza sus métodos de persecución y criminalización.

 

Esto ha hecho que diversos casos sean llevados a cortes internacionales y que autoridades del ámbito global de protección a los pueblos indígenas se pronuncien al respecto, exigiendo se cumpla los derechos y las normas internacionales. 

 

A partir de ellos, reiteramos la necesidad de alzar las voces de denuncias contra el Estado de Honduras, y hacemos un llamado a las acciones de solidaridad activa con un pueblo aguerrido que sigue en resistencia día a día.

 

 

 

¡No debemos, No pagamos!

¡Somos los pueblos, Los acreedores!

¡La vida antes que la deuda ¡

 

Latinoamérica y el Caribe

20 enero 2020