Las organizaciones, alianzas y redes que integramos la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares expresamos nuestro más contundente rechazo a la actitud antidemocrática del Presidente Nayib Bukele de no acatar disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque constituye una flagrante violación a la institucionalidad, la separación de poderes, el orden constitucional y el Estado de derecho.

Esta semana la Sala prohibió que las personas que incumplen la cuarentena establecida por el Ejecutivo para prevenir el coronavirus COVID-19 sean detenidas (o “retenidas”) y enviadas a centros de contención del Ministerio de Salud o a bartolinas policiales. Según la Sala, estas personas deben ser devueltas a sus casas; mientras la Asamblea Legislativa no prueba una ley que establezca el procedimiento respectivo.

Sin embargo, el Presidente Bukele, en un acto de prepotencia y soberbia impropias de un gobernante democrático, reiteró que estas personas serán “retenidas” y llevadas a centros de contención donde “podría ser infectados con el virus (COVID-19)”. En su tenebrosa declaración, el Mandatario -inclusoamenazó con que las personas “retenidas” podrían estar ahí por tiempo indefinido y que “no serán prioridad en la atención médica y en la aplicación de las pruebas” (como castigo) por haber violado la cuarentena. Como organizaciones sociales avalamos las medidas de prevención establecidas por el Ejecutivo y respaldamos el llamado a la población a cumplir dichas medidas, pero condenamos enérgicamente la actitud autoritaria de Bukele y denunciamos la utilización de la emergencia para instaurar un estilo de gobierno personalista, excluyente, autoritario y violador de derechos humanos.

Por tanto, frente a las crecientes y preocupantes muestras de autoritarismo presidencial, apostamos por la actuación oportuna de la institucionalidad del país, especialmente de aquéllas en cuyo rol contralor se expresa la lógica de pesos y contrapesos: Sala Constitucional, Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), Cote de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Fiscalía General de la República.

San Salvador, 10 de abril de 2020