La afirmación de derechos en el marco de la llamada "Sociedad de
la Información" aparece como uno de los aspectos más polémicos
en los debates de la Cumbre Mundial sobre este tema, a
realizarse en diciembre. En la "reunión intersesional" que se
lleva a cabo en Paris del 15 al 18 de julio, para avanzar en la
negociación de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre,
varias de las prioridades subrayadas por una mayoría de
organizaciones de la sociedad civil están en peligro de ser
descartadas por los gobiernos. Entre los temas más polémicos
están el derecho a la comunicación, la afirmación del dominio
público vs el régimen de propiedad intelectual, y el derecho a
la privacidad de las comunicaciones e intimidad de las personas
en relación al tema de la seguridad informativa. Incluso están
cuestionadas las referencias a la igualdad de género y a las
metas del Milenio de la ONU.

Los debates en torno a la "sociedad de la información" (término
de por sí cuestionado por muchos y sin definición clara) parten
de enfoques enfrentados, que en algo el proceso de esta Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) ha ayudado a
dilucidar, sin haber logrado consenso. En todo caso, uno de los
logros de la sociedad civil es que ha quedado ampliamente
aceptado que no se trata solamente de tecnologías, sino que
éstas son apenas el soporte para los flujos de información y la
construcción de conocimientos. El reto ahora es lograr que el
enfoque tecnologista no vuelva a imponerse en los acuerdos
concretos que emanen de la Cumbre.

En el "Documento de Prioridades" preparado por el grupo sobre
contenidos y temas de la sociedad civil para la reunión
intersesional, y endosado por decenas de organizaciones, se
reconoce que la Cumbre constituye un marco único en el plano
internacional para compartir visiones y lograr acuerdos básicos
que orienten las futuras políticas globales en esta materia. Se
expresa, sin embargo, preocupación por las decisiones que se
siguen tomando en otras arenas regionales e internacionales –
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Unión Europea,
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO)-, que
pueden ser incompatibles con los principios adoptados en la
Cumbre.

El Documento de Prioridades coloca a los derechos humanos al
centro de la sociedad de la información, enfatizando en "la
importancia de los estándares de derechos humanos como el núcleo
de principios que guían su desarrollo. La comunicación es un
proceso participativo e interactivo fundamental y es la base de
toda organización societal". La CMSI, en consecuencia, no
solo debe reafirmar el artículo 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, -referido a la libertad de expresión y el
derecho a la información-, sino "comprometerse con su vigencia
efectiva".

La primera versión de la Declaración oficial de la Cumbre
incluía una referencia al derecho a la comunicación, posición
apoyada por una mayoría de organizaciones de sociedad civil y
algunos gobiernos; incluso el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan y el Secretario General de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT - instancia organizadora de la Cumbre)
se habían pronunciado a su favor. No obstante estas referencias
han sido vetadas por varios gobiernos, entre ellos EE.UU. y la
Unión Europea, alentados por la fuerte oposición del lobby de
asociaciones de los grandes medios de comunicación (acreditadas
en la Cumbre como sociedad civil, a pesar de defender posiciones
de sector privado). Es más, podría suceder que los acuerdos no
pasen de hacer una referencia general a la UDHR, sin más mención
de derechos humanos, lo cual es inaceptable para la mayoría de
instancias de sociedad civil.

El dominio público y los DPI

Otro tema polémico tiene que ver con la necesidad de restablecer
un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual (DPI)
y el interés público. El desarrollo de un acervo de información
en el dominio público –o sea de libre acceso y protegido contra
la privatización indebida- es un tema que surge con fuerza en
este contexto, que podría contribuir a reducir las inequidades
sociales y a estimular la creatividad intelectual.

El Documento de Prioridades de sociedad civil afirma que "la
privatización del conocimiento y de la información mediante
derechos de autor, patentes y marcas de comercio ya no es un
mecanismo efectivo para retribuir la iniciativa creativa o
alentar la innovación. Más bien contribuye al crecimiento de la
desigualdad y la explotación de los pueblos y comunidades más
pobres". El documento aboga por la defensa y extensión de los
conocimientos protegidos como bienes comunes, mediante políticas
e inversiones públicas en software de fuente abierta y
contenidos de dominio público (open content), como también
por el acceso a plataformas de comunicación de carácter público
para compartir conocimientos -que incluye los medios públicos y
comunitarios-. Propone una evaluación del impacto en la pobreza
y los derechos humanos del régimen actual de propiedad
intelectual, incluyendo los acuerdos del WIPO y los TRIPS.
Exige una atención particular a la protección contra la
explotación injusta de los conocimientos indígenas.

Diversos gobiernos de países en desarrollo también comparten las
preocupaciones respecto a la propiedad intelectual. Pero otros
se oponen férreamente a entrar en un terreno que consideran de
jurisdicción exclusiva del WIPO y de la OMC y proponen incluso
afirmar que "la protección de la propiedad intelectual es
esencial a la sociedad de la información".

Entre las aplicaciones preocupantes de tales medidas se puede
mencionar la prolongación casi indefinida de los derechos de
autor; el reconocimiento de derechos privados a bancos de datos
creados con información de dominio público o a investigaciones
financiadas con fondos públicos; o las patentes otorgadas a
"invenciones" basadas en conocimientos tradicionales, sin
reconocimiento a su fuente.

El software de fuente abierta/libre también levanta polémica.
El Documento de Prioridades plantea que se debe alentar a los
gobiernos a adoptarlo, considerando que el uso de software
propietario es "económicamente insostenible y comprometedor para
la transparencia y la seguridad". EE.UU. en particular se opone
a tales referencias que podrían afectar los intereses de su
industria monopólica de software.

Seguridad informativa

La seguridad informativa es otro tema sensible. Las recientes
legislaciones nacionales y convenciones internacionales en esta
materia –cuya adopción se ha acelerado desde el 11 de septiembre
2001- demuestran una falta preocupante de consideración por las
libertades civiles; además se refuerza la tendencia hacia una
mayor vigilancia y monitoreo de las comunicaciones, retención de
datos personales, establecimiento de perfiles y "minería" de
datos, sin que existan regulaciones adecuadas de protección de
las persones y sus derechos.

Es más, una propuesta novedosa del Documento de Prioridades
identifica que "una de las mayores amenazas a la 'seguridad
informativa' reside en la militarización del espacio
informativo, incluyendo el desarrollo y despliegue de
tecnologías y técnicas de 'infoguerra'; ... el acaparamiento de
órbitas satelitales para fines militares; la destrucción
intencional de sistemas de civiles de comunicación durante
conflictos, en violación del derecho internacional". Por ello,
proponen la elaboración de una Convención contra la Guerra
Informativa.

Desarrollo sustentable y democrático

El principio del desarrollo sustentable y democrático es una de
las prioridades identificadas en este marco por la mayoría de la
sociedad civil. Reconoce el potencial de las tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo de procesos de
gobierno más democráticos, transparentes y participativos. Pero
advierte que estas tecnologías también se pueden prestar para
"perpetuar y ensanchar las relaciones de poder desiguales y no-
democráticas existentes en el seno de y entre pueblos y
naciones". Y añade que por lo mismo: "El desarrollo sustentable
y democrático de la sociedad de la información no puede ser
dejado solamente a las fuerzas de mercado". Enfatiza en la
necesidad de la reglamentación apropiada y el desarrollo de
servicios públicos, reafirmando el principio del acceso
equitativo y precios asequibles. Hace mención asimismo a la
creación de fuentes de empleo sostenibles y a la necesidad de un
manejo ambiental adecuado.

La propuesta –apoyada por diversos gobiernos, particularmente
del Sur- de vincular los resultados de la Cumbre con las Metas
del Milenio de Naciones Unidas, que incluyen metas sociales como
la reducción de la pobreza, es rechazada entre otros por la
Unión Europea.

Género y diversidad
Si bien se acepta alguna referencia específica a las mujeres, el
principio de la igualdad de género tampoco hace consenso entre
los gobiernos. El Documento de Prioridades de sociedad civil
afirma al respecto que: "el Plan de Acción debe demostrar su
compromiso para corregir los efectos de la intersección de las
relaciones de poder desiguales en las esferas sociales,
económicas y políticas, que se manifiesta en diferencias de
acceso, elección, oportunidad, participación, estatus y control
sobre los recursos, entre mujeres y hombres, así como dentro de
las comunidades en términos de clase, etnicidad, religión, raza,
ubicación geográfica y nivel de desarrollo".

Por último, si bien otros temas relacionados con la diversidad
cultural, la educación, la juventud, el acceso universal a las
telecomunicaciones están presentes en los acuerdos provisionales
de la Cumbre, queda por ver si los gobiernos asumirán
compromisos concretos para su implementación o quedarán en los
buenos deseos.

* Este artículo será publicado en América Latina en Movimiento,
No. 372, 22 de julio de 2003.