Derechos de la Madre Tierra

México
 
Este 12 de octubre se cumplen 519 años de lucha y resistencia del pueblo mexicano. Aún en la memoria histórica recordamos la invasión de 1492; a lo que siguieron 300 años de lucha contra la opresión de la aristocracia española y mestiza; la Independencia en 1810, la época de Reforma, la Revolución Mexicana en 1910; a partir de la mitad del siglo pasado los movimientos de masas de ferrocarrileros, magisterial, estudiantil, campesino, de amas de casa, que reivindicaron la exigencia por mejorar las condiciones de vida para nuestro pueblo trabajador. Y en lo que va de este siglo los movimientos populares en defensa de los derechos más elementales: agua, trabajo, salud, educación, por tarifas justas, por una procuración de justicia imparcial, por la desmilitarización y desparamilitarización del país, por la presentación con vida de los desaparecidos y libertad de los presos políticos y consciencia del país, y por la defesa de la tierra.
 
Las libertades políticas de las que gozamos no han sido una concesión ni dádiva del Estado. Al contrario, son producto de siglos de lucha contra un grupúsculo de explotadores.
 
La lucha por la defensa de la tierra es una manifestación más de la resistencia del pueblo ante la voracidad de los empresarios por incrementar su riqueza, aun a costa de la vida misma. Tal es el caso del proyecto carretero “Libramiento Norte” que pretende despojar con un proyecto expropiatorio terrenos de cultivo, hogares, ruinas arqueológicas y mantos acuíferos, con lo cual se afectaría a más de diez mil pobladores de Puebla y Tlaxcala.
 
Por nuestra negativa a vender se nos ha mentido e intimidado; sin embargo, no claudicamos y reiteramos: ¡¡NO VENDEMOS!!
 
Advertimos que se están preparando las condiciones para generar un conflicto y con ello justificar la intervención policíaco-militar. Por lo que hacemos responsables al Gobernador Rafael Moreno Valle, al Secretario de Gobernación Fernando Manzanilla Prieto y al Secretario de Seguridad Pública Ardelio Vargas Fosado de la integridad física de los que integramos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche, así como de todas las personas y organizaciones solidarias con nuestra lucha.
 
Finalmente, hacemos un llamado a los intelectuales y académicos, democráticos y progresistas, a las organizaciones populares y al pueblo en general a forjar un proceso de unidad para la democratización de nuestro país, así como también estar atentos al desarrollo de los acontecimientos de nuestra lucha.
 
¡¡Zapata Vive, la Lucha sigue!! ¡¡La Tierra no se vende, se cuida y se defiende!!
 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche FPDTARM / Frente de Organizaciones Sindicales, Sociales, Campesinas, Estudiantiles y Populares del Estado de Puebla FOSSCEP / Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS / Red de Defensa de los Derechos Humanos REDDH
 
Perú
 
Conmemorando el Día de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, miles de mujeres provenientes de diferentes zonas del país y pertenecientes a Femucarinap llegarán a Lima y marcharán hasta la Plaza Mayor desde el Óvalo de Av. Cuba para realizar “La siembra de la semilla de la esperanza”,acto simbólico que busca representar el trabajo diario de las mujeres en el campo, los problemas y retos que enfrentan.
 
Marisol Espinoza, vicepresidente de la República; Susana Villarán, alcaldesa de Lima; Susana Baca, ministra de cultura; Daniel Abugattás, presidente del Congreso de la República; entre otras autoridades, acompañarán a las mujeres en este acto simbólico. Ellas buscan que se reconozca su aporte a la alimentación nacional, que se respeten sus derechos sobre sus recursos (tierra y agua) y que se invierta en ellas para que mantengan el rol estratégico que tienen en la seguridad alimentaria de todos los peruanos y peruanas.
 
FECHA: VIERNES 14 DE OCTUBRE / LUGAR: PLAZA MAYOR DE LIMA / HORA: 09.30 A.M. - 03. 00 PM
 
Estados Unidos
 
El 12 de octubre, los Comités de Defensa del Barrio participaron en la Minga Global por la Madre Tierra así como lo hicieron muchos otros Pueblos Indígenas de todo el continente de Abya Yala, realizando una peregrinación ceremonial desde el Nahuacalli, Embajada de Pueblos Indígenas hasta el Barrio de los Jaguares (Barrio Garfield) en el Centro de Phoenix, Arizona. La caminata ceremonial se inici’o a las 4:00 AM y se presentó frente la salida del sol en un acto de reivindicación y reafirmación de la lucha de los Pueblos Indígenas del Abya Yala en defensa de los Derechos de la Madre Tierra.
 
Honduras
 
Los pueblos indígenas y negros del planeta venimos padeciendo una ofensiva por parte de compañías multinacionales y estados-nación, que en conjunto se están apropiando de nuestros territorios además de saquear la biodiversidad de los hábitats de los pueblos.
 
En el caso de Honduras, la situación del pueblo Garífuna es cada día más endeble, ante la avalancha de leyes de corte neoliberal que han sido aprobadas a partir del golpe de estado, las que nos hacen temer por la sobrevivencia cultural de nuestro pueblo.
La Ley de Regiones Especiales para el desarrollo, conocida como "ciudad modelo", esta concebida para subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero. El despojo de las comunidades ubicadas en la Bahía de Trujillo, por la empresa conocida como 'Banana Coast', de capital canadiense, es un preámbulo de las inversiones canadiense y coreanas que en el futuro pretenden apoderarse del territorio Garífuna.
 
La ofensiva general en contra de los pueblos indígenas y negros de Honduras abarca desde el territorio miskito hasta el del pueblo chorti.
 
Las violaciones a los territorios de los pueblos indígenas y la negación del derecho a la consulta, es una violación directa a los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es enfática sobre la importancia del reconocimiento del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada. 
 
En relación al derecho a la propiedad comunitaria que ejercen los pueblos indígenas sobre sus territorios, se han incrementado las amenazas en Honduras desde el año 2004, cuando el Congreso Nacional aprobó a instancias del Poder Ejecutivo la denominada Ley de Propiedad. Dicha ley fue impulsada por el Proyecto de Administración de Áreas Rurales (PAAR) financiado por el Banco Mundial (BM), sin que fuera discutida con los pueblos indígenas.
 
El 21 de agosto del 2003, 10 organizaciones de nueve pueblos indígenas solicitaron al estado de Honduras efectuar una consulta en relación a la ley de Propiedad, la cual se efectuó los días 25 y 26 de octubre del mismo año, en la comunidad Garífuna de Durugubutu (San Juan, Tela).
 
El pleno de los delegados Garifunas participantes en la Asamblea Garífuna en Durugubuti rechazó los dos borradores que el PAAR presentó, además los líderes comunitarios presentaron a los agentes del Estado un análisis jurídico elaborado por el apoderado legal de nuestra organización sobre ambos borradores.
 
En junio del 2004 la Ley de Propiedad fue aprobada por el Congreso Nacional, siendo el espíritu de su contenido exactamente al de los borradores rechazados por la asamblea comunitaria, donde se incubaban ambiguos artículos relacionados con la disolución de los títulos comunitarios, tal como es planteado en el Titulo V, Capítulo III, en su artículo 100.
 
La política de diluir la propiedad comunitaria por parte de los organismos financieros internacionales, surge de la visión neocolonial de señalar la propiedad comunitaria como un obstáculo para el desarrollo, alentando su individualización. El Banco Mundial inició en México su iniciativa para destruir la propiedad comunitaria con su proyecto PROCEDE, posteriormente en Panamá con el PRONAT. De igual forma el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, financió en el Perú la controvertida Ley 1015 conocida también como la Ley de la Selva.
 
A los pocos meses de haber sido ratificado el Convenio 169, el otrora Fiscal de la Etnias, Licenciado Eduardo Viallanueva, impulsó una campaña para la "regularizaciòn" del Convenio, lo que según sus propias palabras consistía en adecuar el Convenio 169 a las leyes nacionales; siendo está intención por parte de la Fiscalía una violación a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
 
Desafortunadamente en Honduras los principios de ius cogens son desconocidos por el Estado, el que acomoda las leyes nacionales a los intereses de los empresarios-políticos que controlan el destino del país. Anteponer el ius dispositivum al ius cogens es una aberración jurídica.
 
Como una señal inequívoca de las inconsistencias en la relación entre  los pueblos indígenas del país y el Estado de Honduras, a partir del golpe de estado el Poder Ejecutivo y Legislativo han emitido una serie de Leyes que conculcan los derechos de los pueblos indígenas. En enero del 2010, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la “Visión de País 2010 – 2038” y el “Plan de Nación 2010- 2022”, preparado por una comitiva nombrada por el mismo Congreso, con el supuesto de que pueda ejecutarse durante los siguientes siete períodos de Gobierno. Dicha Visión de País y Plan de Nación abarcan los territorios de los pueblos, los que en ningún momento fuimos informados de forma previa o consultados al respecto
 
El Congreso Nacional de Honduras emitió en el año anterior medio centenar de decretos relacionados con "energía limpia", facultando a un grupo de familias de la elite de poder local para la construcción de represas hidroeléctricas. Buena parte de las licencias ambientales requeridas fueron extendidas durante período conocido como el intinerato. Los burócratas afines el régimen de facto de Roberto Micheletti, procedieron de forma acelerada a emitir licencias ambientales y en el caso de los ríos localizados dentro de territorios de los pueblos indígenas omitieron de forma deliberada consultar a las comunidades.
 
En enero del presente año, el Estado de Honduras dio luz verde a la represa hidroeléctrica conocida como Patuca III, la que contará con un espejo de 72 kilómetros cuadrados. La represa es financiada por el gobierno de China y Sinohydro - la empresa constructora de las Tres gargantas- será la encargada de edificarla.
 
El Patuca III generará severas consecuencia para  el pueblo Tawahka, que habita el sector conocido como Patuca medio. Los humedales de la Moskitia sufrirán de un proceso de salinización, siendo los pueblos Miskito, Pech y Garífuna los que padecerán las consecuencias.
 
Como respuesta a ese estado fallido y la ausencia de un sistema judicial despolitizado e imparcial, nuestra organización se ha visto obligada ha recurrir al sistema interamericano de justicia, para así tratar de evitar lo que denominamos la tercera expulsión del pueblo Garífuna.
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Consejo Indígena de Centro América (CICA), Consejo Indígena de Meso América (CIMA), CONACAMI, CONAMAQ, ECUARUNARI, ONIC, FOCO, FUNDAMAYA, COMKADES, No a la Mina, CRIC, CONAFROIC, CRIDEC, CONAVIGUA, Minga Informativa de los Movimientos Sociales, TONATIERRA, Peruanos en Acción, Movimiento Indígena Nacional (México), Grito de los Excluidos, Plataforma 12 de Octubre: ¡Nada qué celebrar!, GTEPIC-15M, SICSAL, ECOPORTAL, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, otras organizaciones indígenas del Abya Yala.