La construcción de la represa El Chaparral no es necesaria en El Salvador

2012-05-16 00:00:00

“Señor Presidente, usted, si es un terrorista. Aterroriza los campesinos para dejarlos en el camino y ponerle la mano dura y llevarlos al tribunal y decir que son terroristas los que salen a manifestar”, dijo un campesino en resistencia contra la represa El Chaparral.
 
Más de 45 mil represas en el mundo han inundado más de 400 mil kilómetros cuadrados de tierra, desplazando de sus tierras a 60 y 80 millones de personas, en su mayoría indígenas y campesinas. Esta realidad no es ajena a países como El Salvador en Centroamérica, con 21.041 km² kilómetros cuadrados y una población de 6.251.495  millones de habitantes, carga la huella de cuatro represas, proyectándose por lo menos cinco más para los próximos años; una de ellas es la Represa el Chaparral, ubicada en el Río Torola en la zona oriental de El Salvador.
 
En el 2008, el ex presidente Antonio Saca, lanzó públicamente el proyecto de El Chaparral, aduciendo que generaría 232 gigavatios, con un costo inicial de 220 millones de dólares de los cuales un 80 por ciento proviene de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
 
La obra con un rosario de anomalías, le fue concesionada a la corporación ASTALDY, transnacional de capital Italiano, con presencia en 60 países de 4 continentes.
 
La principal anomalía al otorgar la concesión es que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) no presentó toda la información que debía como solicitante, y que lo hizo “anunciándose como gestora de un proceso que sólo la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET) puede autorizar.
 
Otra irregularidad es la dudosa selección de la compañía ASTALDI, ya que no se detallaron las 12 empresas que, supuestamente, concursaron y ni por qué se declaró desierta la licitación; no existe hasta la fecha información que demuestre cómo ganó la referida empresa italiana, cuyo contrato no desglosa obras civiles, equipamientos, ni mitigación.
 
La “excesiva velocidad” con que fueron aprobados documentos y procedimientos esenciales para la transparencia y correcto otorgamiento de la concesión donde sólo la CEL participó, a finales de 2006, publicó una advertencia que puso fuera de participación a cualquier otro interesado en el proyecto.
 
Sorprende la aprobación rápida y la superficialidad del permiso ambiental concedido a la CEL: “No encontramos una evaluación de impacto ambiental satisfactoria, ni la cuantificación de indicadores de sostenibilidad del proyecto y tampoco se muestra la capacidad de la CEL para enfrentar inundaciones o desbordamientos”, cita un análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidroeléctrico hecho por la SIGET.
 
Esta serie de anomalías y evidente corrupción planteadas por este funcionario, no mellaron en el Primer Presidente de “izquierda” en El Salvador, Mauricio Funes, esto tiene una respuesta, el ex presidente de CEL, Nicolás Salume, en la campaña electoral, su padre de igual nombre le otorgó un crédito al entonces candidato Funes por casi tres millones de dólares para financiar su campaña como candidato a presidente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); por lo tanto, esto lo hacía acreedor de una deuda que de alguna manera tendría que pagar
 
Pobreza, deuda financiera y ecológica
 
El Movimiento Contra Los Proyectos de Muerte, en sus múltiples acciones de resistencia al proyecto, ha planteado la falacia del gobierno al afirmar que solo afectada a 79 familias, cuando en realidad son 11.000 familias de los municipios de San Luís de la Reina, San Antonio del Mosco, Carolinas Nuevo, Edén de San Juan, San Gerardo del Departamento de San Miguel, los que están viviendo a flor de piel los impactos socio-ambientales por los despojos de sus tierras.
 
La oferta del gobierno a quienes tienen cómo comprobar la titularidad de la tierra es de 100 metro cuadrados de terreno por 60 dólares, lo que cuesta llenar un tanque de combustible del carro para ir a la capital, esto según el posicionamiento del Movimiento Nacional Contra los Proyectos de Muerte.
 
Torola es el municipio que presenta la taza más altas de extrema pobreza del país, la cual es de 60,4 por ciento. Esta población, históricamente excluida de las políticas económicas y sociales, ahora despojadas de lo único que tienen: su tierra, contradictoriamente son las que pagarán la deuda adquirida con el BCIE para la construcción de la represa.
 
Según el Ministerio de Hacienda solo en el 2008 el 10 por ciento de los hogares salvadoreños más pobres pagó al Estado en concepto de impuestos 30 dólares por cada 100 dólares que percibió. En el otro extremo, el 10 por ciento de los hogares con más ingresos pagó al Estado un promedio de 11 dólares por cada 100 recibidos.
 
Empresas y corporaciones no pagan, el pueblo paga
 
Datos revelados por la bancada legislativa del FMLN el año de la crisis económica, 2008, 42 empresas reportaron ingresos por más de 6 mil 400 millones de dólares (6, 406, 678,575 dólares). Monto 50 por ciento mayor que el presupuesto de la nación aprobado.
 
Hace dos semanas, dieron a conocer que para el 2012, 15 de las 42 empresas que reportaron mayores ingresos son las petroleras: ESSO, con un poco más de 450 millones de dólares; Chevron, con 397,6 millones de dólares, y Puma El Salvador, con un poco más de 117 millones de dólares. Le siguen TACA International Airlines, con más de 81 millones de dólares, y American Airlines, con 15.2 millones de dólares. Pero reportan pérdidas mayores “42 millones” fueron entregados a 15 empresas que fingen pérdidas. Incluidas ESSO, Taca, etc., esto según lo publicado por Sergio Arauz en El Faroelfaro.net
 
Represas y Mecanismos de “Desarrollo Limpio” - Hacia la Mercantilización de la Naturaleza
 
Diferentes expresiones sociales han presentado alternativas para la no construcción de la Represa El Chaparral, las mismas van desde resistencia social hasta propuestas técnicas, como las presentadas por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), frente a la argumentación del gobierno de que la represa triplicará la capacidad de potencia energética del país en menos de 15 años.
 
El ecologista Ángel Ibarra, afirma que El Chaparral no es necesario y que en el 2008 la capacidad instalada de producción de energía eléctrica de El Salvador era de un 1.422 megas y sólo se utiliza 925 megas.
 
“La represa hidroeléctrica El Chaparral no es necesaria y por lo tanto un gran despilfarro de fondos del Estado”, ya que, la energía que produciría se puede obtener mediante el ahorro energético, como hacer un cambio de focos incandescentes por fluorescentes, lo cual generaría la misma cantidad de energía 65.7 Megawats, suficientes para abastecer de electricidad a unas 200,000 familias, y con un costo de 7 millones de dólares, ante los $220 millones del costo de El Chaparral”.
 
Entonces, ¿qué otros intereses hay detrás de la represa el Chaparral?
 
Como parte del paquete de falsas soluciones a la crisis climática los gobiernos, las corporaciones y quienes han utilizado el planeta como lote privado para la generación e incremento de ganancias económicas nos presentan  una gama de recetas: Mecanismos de “Desarrollo Limpio (MDL), REDD ++, Agro-combustibles, entre otros.
 
El Chaparral y la mayor parte de represas en el país integran los portafolios de MDL en El Salvador, es más, este proyecto fue registrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como MDL. De construirse el proyecto, se ofertaría en los mercados de carbono a cualquier país o corporación contaminante, responsable de la crisis climática para que éstas se laven la cara como empresas “verdes” sin reducir in situ sus emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero GEI.
 
Resulta que los que despojan, endeudan destruyen y contaminan la vida y la naturaleza, se les premia e incentiva para alimentar su voracidad económica, ahora bajo el disfraz de limpio y verde. Pero las comunidades organizadas están alertas ante éste y otro tipo de engaño, ya sea verde, azul o tricolor, y continuarán en resistencia como lo han hecho por más de 500 años de invasión.
 
San Salvador – El Salvador
 
- Carolina Amaya / Mercy Palacios y Colaboradoras Contra-Punto/ Jubileo Sur