Declaración de organizaciones de la sociedad civil boliviana sobre el proceso de la Cumbre de Río+20

2012-06-14 00:00:00

Nosotras, organizaciones, instituciones, activistas, redes y plataformas de la sociedad civil boliviana que hemos estado dando seguimiento a los procesos de negociación del clima, del agua, la desertificación y la biodiversidad en el marco de las Naciones Unidas y que al mismo tiempo militamos en nuestro país por la defensa de la equidad, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza, queremos dar a conocer nuestro punto de vista sobre el proceso de negociaciones hacia la Cumbre de Río + 20 a realizarse en junio de este año.
 
En el proceso preparatorio para la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, más conocida como Río+20, se está debatiendo un documento, que aunque en su última versión ha logrado incluir algunos aspectos derivados de las propuestas de los pueblos del sur para defender el planeta y cuidar a la Madre Tierra, reconocer el agua como derecho humano y otros temas en esencia busca avalar la economía verde como la alternativa para enfrentar la crisis ambiental global. Un plan a la medida de los intereses de las grandes transnacionales y las grandes potencias para seguir mercantilizando el planeta.
Rechazamos la economía verde por ser una falsa solución ante la crisis climática y la destrucción de la biodiversidad, consecuencia de la expansión desarrollista y mercantil del capitalismo y el desarrollismo. La rechazamos además por constituir uno de los mayores peligros para el planeta al pretender mercantilizar la naturaleza e incorporarla en los sistemas financieros ya que en esencia permite a los países desarrollados y a las grandes corporaciones continuar evadiendo sus responsabilidades históricas y seguir contaminando nuestras tierras y sobreexplotando los bienes naturales en nuestros territorios.
 
Alertamos del peligro de que en Río+20 el sistema y la institucionalidad para la economía verde sea acordado y lanzado como la propuesta  para enfrentar la crisis climática y ambiental obedeciendo los intereses de las transnacionales y los países desarrollados que en su afán por resolver sus crisis financieras pretenden ahora  incorporar las funciones de los ecosistemas en la lógica mercantil creando nuevos sistemas especulativos.
 
La implementación de la economía verde seguirá fortaleciendo el poder del gran capital y vulnerará aún más los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, las políticas de protección de la naturaleza a nivel local y global, provocando incluso desplazamientos, apropiaciones de territorios y tensiones locales derivados de la dinámica mercantil. 
 
La economía verde en nuestro país significará un retroceso en las conquistas logradas hasta el momento, como son derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho humano al agua, la economía plural y las normas aprobadas por los derechos de la Madre Tierra. Abrirá mayores posibilidades de acaparamiento para las corporaciones, aumentando condicionalidades de la ayuda para el desarrollo a la implementación de estas políticas. 
 
Alertamos que la economía verde promoverá  la creación de nuevas medidas de ajuste estructural, de normas y leyes que modificarán el sistema de gobernanza global y local y contribuirá a la pérdida de soberanía de los países del sur global y la creación de una cultura mundial de mercantilización y especulación financiera sobre la vida..
 
Por ello:
 
Reiteramos a los países conscientes de la deuda ecológica presentes en Río+20, nuestra demanda defender los principios de la vida, del cuidado del planeta y los derechos humanos oponiéndose decididamente a la lógica del mercado y del capital y que exijan el pago de la deuda ecológica, respetando los acuerdos multilaterales de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
 
Reiteramos, en particular a nuestros gobiernos a recoger el mandato del Acuerdo de los Pueblos emanado de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia en abril del 2010, que se propone la creación de un nuevo modelo que se base en el  respeto a los derechos de la Madre Tierra y lucha contra la pobreza, el rescate de los sistemas productivos comunitarios basados en la solidaridad, reciprocidad y sostenibilidad no vinculados al mercado. Deben hacer prevalecer la visión de que se invierta en la equidad social, rechazar la guerra, exigir el pago de la deuda ecológica y climática, proponer recortes en los presupuestos militares, limitar el poder de las corporaciones en la pugna por el acceso a los recursos del planeta.
 
El G77 que reúne a los países en desarrollo más vulnerables debe defender los principios de la vida antes que caer en la trampa de la mercantilización total del planeta en el intento de modificar la “economía verde”.
 
Creemos que si el resultado de la cumbre de Río se constituye en un aval para la economía verde nuestros gobiernos no deberían comprometerse firmándolo y deberían rechazar cualquier falsa solución que profundice la devastación planetaria.
 
En esta misma línea y a nivel local, exigimos al gobierno boliviano coherencia al elaborar proyectos y leyes de interés nacional para evitar contradicciones como fue el caso de la aprobación de la Ley de Revolución Productiva que abre las puertas a los transgénicos  o el proyecto de la carretera del TIPNIS que se ha convertido en el símbolo de las tensiones ante la falta  de un modelo de desarrollo alternativo que preserve nuestros ecosistemas y respete los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Las organizaciones reclamamos hacer prevalecer el principio precautorio al uso de los transgénicos para evitar daños en la salud del pueblo, así como en actividades extractivas como la minería, contra la contaminación y el uso abusivo del agua. Exigimos el respeto a los territorios y los derechos indígenas vigilando que el espíritu de lo normado prevalezca, tanto en sus valores, principios y fines en éste nuevo Estado comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (Art. 1 CPE).
 
Debemos avanzar en la construcción real de un modelo de sociedad alternativo que supere las deficiencias del desarrollo capitalista vinculado solo a inversiones, mercado, depredación ambiental y crecimiento económico, aunque se lo llame "sustentable".
 
Se necesita construir una alternativa para la gestión y manejo integral de los bosques, agua y tierra que supere el concepto de “servicios ambientales” que pueda ser financiada por fuentes innovadoras como el impuesto a las transacciones financieras para constituirse en una alternativa viable.
 
Exigimos que las políticas de desarrollo y las políticas públicas en todos los países estén dirigidas a implementar acciones de protección a la Madre Tierra, así como medidas urgentes para la vida en armonía con la naturaleza. Se debe generar una nueva alternativa a la economía verde, el vivir bien y los derechos de la Madre Tierra para una alternativa al modelo de desarrollo capitalista depredador de la naturaleza.
 
Llamamos a la sociedad civil global a organizarse mediante campañas y acciones concretas para sumarse a este llamado y buscar de manera creativa y solidaria alternativas posibles para enfrentar este nuevo intento de acaparación de la vida por parte del capital. 
 
Firman
 
 
AIS Bolivia
Articulación de mujeres por la equidad y la igualdad - AMUPEI
Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia - AOPEB
Bus Ecológico – El Alto
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
CENDA (Centro de Comunicación  y Desarrollo Andino) – Cochabamba
CEPA – Oruro
Centro para el Desarrollo Sostenible Molle (CDS Molle) - Oruro
Colectivo Cabildeo –La Paz
Escuela de Líderes Ambientales - Oruro
Fundación Comunidad y Axión – El Alto
Fundación Solón
Instituto de Terapia e Investigación - ITEI
Red Hábitat
Red UMAVIDA
REMTE Bolivia
 
Campaña Nacional contra la economía verde y por los Derechos de la Madre Tierra
 
Más información: noeconomiaverdebolivia@gmail.com