Segunda fase de FOMILENIO destruirá los manglares salvadoreños en nombre del turismo

2012-07-31 00:00:00

San Salvador.- En El Salvador se ha perdido alrededor del 60% del área de manglar, reduciéndolo a menos de 40,000 hectáreas situación que no es nada alentadora en el marco de la celebración del Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, según lo revela un estudio elaborado por la organización Unidad Ecológica Salvadoreña –UNES- y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN-. Un caso  ejemplarizante es la pérdida de 500 hectáreas de bosque salado en la zona costera de Barra de Santiago, en la zona sur de Ahuachapán, a consecuencia del desarrollo de cultivo de caña, manifestó el investigador y especialista en manglares, César Abrego.
 
Y encima de esta grave situación el gobierno salvadoreño anuncio en el año 2010 que se incrementaría la siembra de 25,000 manzanas adicionales de este cultivo para dedicarlos a la producción de etanol.
 
Además se está destinando los 300 millones de dólares de los Fondos del Milenio provenientes del gobierno de los Estados Unidos para promover el turismo a gran escala, así como la agricultura y la pesca industrial que es inviable para los deteriorados ecosistemas marino-costeros y la vida de sus habitantes, destaca el ambientalista Mauricio Sermeño.
 
Los manglares desde la visión del mercado y las corporaciones son consideradas como mercancía para bonos de mercado, es decir, como territorios con capacidad de absorción de gases de efecto invernadero (GEI) que puedan agenciárselos los países más contaminantes a través de una simple transacción de compra y venta en concepto de bonos, situación que se perfila en el caso de los bosques salados salvadoreños, denunció la ecologista Carolina Amaya.
 
Según las organizaciones ambientalistas los Fondos del Milenio deben tener a la base una serie de instrumentos de planificación que sirvan de base para las acciones a ejecutar; como son una política de uso de los recursos costero marinos, una ley de costas que regule el uso de la tierra, un plan de ordenamiento y desarrollo territorial costero y una estrategia de sostenibilidad.