1. Desmilitarización de la sociedad rural

Vastas zonas del país siguen sometidas a Estados de Emergencia aun cuando la
violencia armada no existe más. En otras zonas, incluso se impone recién ahora el
estado de emergencia, cuando en ellas ni hay, ni han habido antes violencia armada.
En todos los casos, la derrota del MRTA y SL está siendo seguida de un
reforzamiento de la presencia autoritaria y antidemocrática de las FF.AA. a costa de
las autoridades e instancias civiles que la propia constitución vigente contempla.

Los gobiernos regionales y el proceso de regionalización en general han sido
desactivados para subordinarlos al poder centralista del Estado y controlarlas
militarmente a través de los comandos políticos militares.

Frente a esta situación, planteamos:

a) Levantamiento de los Estados de Emergencia, plena vigencia de los
derechos sociales y políticos y de la autoridad civil.

Para ello, es necesario que cesen progresivamente los Estados de Emergencia y se
recupere la vigencia de los derechos sociales y políticos de las poblaciones rurales y
de sus autoridades civiles y locales, dándole libertad y corte de juicio a todos los
campesinos, dirigentes, personas y luchadores sociales injustamente calumniados de
terrorista; respeto y vigencia irrestricta de los derechos humanos. Solución política a
la guerra. No a la negociación a espaldas del pueblo. Paz basada en la Justicia Social.

b) Autonomía de las organizaciones de autodefensa.

Derogatoria del DS OO2-93-CCFA y modificatoria del DS 077-92-MD que somete
a las Rondas a la autoridad militar. Vigencia y respeto irrestricto de la Ley de Rondas
Campesinas 24571. Participación de las rondas en el control interno y en la
administración de justicia a nivel primario.

Para alcanzar la paz con justicia se requiere, a su vez, que se desmilitarice las
organizaciones de autodefensa surgidas en el enfrentamiento a delincuentes, malas
autoridades o grupos subversivos, teniendo el derecho a seguir funcionando de
manera autónoma y ser una base adecuada que como parte de las comunidades
fortalezcan la autoridad comunal, y potencien las experiencias de autogobierno en el
terreno del orden interno.

c) Atención a las necesidades de la población desplazada a causa de la violencia
política en el país.

Apoyo en la tarea de reconstrucción de la comunidad, a los desplazados que hayan
decidido retornar a sus lugares de origen, garantizando su regularidad y dotándoles de
capital de trabajo que permita reactivar su economía.

Declaratoria de emergencia de la educación y la salud en las zonas militarizadas con
la aprobación de políticas de mediano plazo que rayen atacando las graves demandas
en salud y educación.

Apoyo a los desplazados que hayan decidido quedarse en los centros urbanos que los
acogieron. Demandamos un programa de emergencia de apoyo a este sector en
vivienda, generación de empleo y alimentación.

d) Reforma y descentralización de la administración de justicia

Planteamos una reforma y descentralización de la administración de la justicia que
delegue a las propias organizaciones sociales la administración de la justicia sobre
ciertos temas y que contemple la elección y fiscalización popular de los jueces en
vez de un nombramiento vertical desde las instancias centrales.

Demandamos la reglamentación de los artículos 149 y 152 de la Constitución del
CCD. Corte de juicio y libertad para todos los ronderos acusados de usurpación de
autoridad, haber aplicado medidas para proteger sus cosechas y propiedades, así
como las que provengan de la violación de usos y costumbres comunales.

Defensa de las comunidades campesinas y nativas de la amazonia peruana. El régimen
de protección de tierras comunales les garantizará a los comuneros desplazados de
sus tierras por la violencia para que puedan retornar sin temor a ver sus tierras
ocupadas.

e) Descentralización del Estado, constitución de nuevos gobiernos regionales
elegidos por los pueblos. Recuperación de la autonomía municipal y de sus
rentas.

Demandamos la necesidad de retomar el impulso a la descentralización, poniendo
énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones rurales en especial las
comunidades campesinas y nativas, municipios como órganos de autogobierno y
sustento sólido de una nueva regionalización.

En las zonas rurales donde no haya municipalidad, planteamos que sean las
comunidades campesinas las que asuman el rol, las funciones y los presupuestos de
los municipios.

Exigimos el cese de los actuales presidentes de las regiones, la convocatoria a
elecciones regionales y la reactivación de los gobiernos y asambleas regionales con
autonomía, recursos y funciones legislativas en todo lo que corresponda a su ámbito.

2. Democratización del poder del Estado. Por un gobierno de Unidad Nacional
y Popular.

Para los comuneros, pequeños y medianos productores, la pretensión del Ing.
Fujimori y los grupos de poder que lo sostienen, de hacerse reelegir por cinco años
es una traba para lograr la reconstrucción y desarrollo integral del agro y las regiones
de nuestro país, así como la democratización del poder y la sociedad para dar cabida
a experiencias y espacios de autogobierno.

Estamos interesados en reclamar el respeto a las reglas de juego electoral que
permitan a todas las fuerzas sociales y políticas especialmente a quienes están más
lejos del poder económico y político a competir en igualdad de condiciones.

Rechazamos la imposición del distrito nacional único para la elección al Congreso
Nacional. Exigimos la implementación del Distrito Electoral Múltiple.

Avancemos en la construcción de un nuevo gobierno de Unidad Nacional y Popular
que sobre la base de nuestra diversidad regional y cultural, integre a los pueblos y
nacionalidades amazónicas y genere el desarrollo regional y nacional.

Avancemos en una sola representación departamental de los campesinos y demás
productores agrarios, especializando las tareas empresariales y las gremiales, para
ejercer nuestros deberes y derechos como productores y ciudadanos.

3. Respeto a nuestra condición de nación pluricultural y multiétnica.

Respeto a la integridad del territorio comunal, incluyendo las tierras eriazas y los
recursos naturales.

Distrito nacional especial para que los pueblos originarios de la amazonia puedan
tener su representación nacional y regional propia. Efectiva educación bilingüe en
los pueblos amazónicos y andinos en ámbitos regionales que así lo acuerden.