El Día Internacional de la Mujer, de celebración creciente y de preocupante “cooptación” por el mercado, es fecha propicia para los balances sobre los logros y los pendientes en cuanto a derechos de las mujeres. El denominador común en los últimos años ha sido destacar los avances en la participación política y en la visibilidad y atención conseguidas para asuntos antes desestimados, como la violencia contra las mujeres; todo ello como resultado de la acción feminista y de organizaciones afines, aunada a la de instancias comprometidas con el impulso de políticas de equidad de género.

Es notable el rezago en materia de derechos económicos de las mujeres, esto es aquellos relacionados con el acceso a los recursos materiales, con la retribución al trabajo, y con la toma de decisiones (inclusive las macroeconómicas). De esta realidad dan cuenta los índices de “desarrollo relativo al género” y de “potenciación de género” del Informe de Desarrollo Humano Ecuador 2001 del PNUD. Aún siendo medidas parciales, reflejan los adelantos de las mujeres en el acceso a puestos profesionales y técnicos (0,92, cercano a 1 que indica equidad) y en la participación política (0,74), mientras en distribución de los ingresos se ubica en 0,61, con grandes disparidades entre regiones, llegando en la costa rural al mínimo de 0,15.

Atender este rezago resulta, pues, urgente. Frente a ello, la experiencia mundial de las últimas décadas demuestra que las políticas económicas de corte neoliberal son incompatibles con los derechos económicos de las mujeres; no sólo que no crean condiciones para su aplicación, sino que han dado lugar a fenómenos como la “feminización de la pobreza”.

Uno de los mecanismos de empobrecimiento femenino han sido las privatizaciones de los servicios básicos, como se ve de manera patética en Argentina. El consecuente encarecimiento de estos servicios impacta severamente en la economía de los hogares y en sus condiciones de vida, en la subsistencia diaria que está a cargo de las mujeres.

La creación de riquezas nacionales tiene una importante cuota de trabajo mal o no retribuido de las mujeres, de tiempo y sacrificios nunca contabilizados, que han constituido la “variable de ajuste” para hacer frente a sucesivas crisis. Al mantenerse como bienes públicos, existe la posibilidad de que, con un manejo eficiente y políticas adecuadas, esto se revierta en mejores condiciones de vida, en acceso a servicios de calidad a precios razonables, y en participación en las decisiones sobre el manejo de estas empresas. Venderlas a precios rebajados y colocar esos recursos en un sector financiero en crisis, es injusto e ineficiente.

Como actoras económicas, las mujeres experimentamos mayores desventajas frente al mercado que frente al Estado. Este tiene compromisos y políticas para promover nuestros derechos, algunos de ellos ya incorporados a la Constitución, que se ven debilitados al disminuirse las competencias públicas vía privatizaciones. Las razones y voces de las mujeres para que se reconsidere la privatización de las empresas eléctricas, hacen parte de un clamor nacional que no debe seguir siendo descalificado.

* Magdalena León T. Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía, Publicado en Diario El Comercio, Quito, 7 de marzo de 2002