Hoy, viernes 14 de marzo, la Misión Internacional contra la Impunidad en
Bolivia denunció lo que, según palabras de uno de los integrantes de la
misma, no puede definirse de otra forma que "masacre" en referencia a los
asesinatos que tuvieron lugar durante los días 12 y 13 de febrero, la
mayor parte de ellos en la ciudad capital, La Paz. La Misión
responsabilizó, también, al Gobierno de Losada de ser responsable de que
después de un mes no haya todavía ningún encausado por los delitos y por
la "tardanza", en el mejor de los casos, con que las investigaciones
están sucediendo. Tras evidenciar las dificultades, principalmente
políticas, que el caso entraña, la Misión propuso también la constitución
de una Comisión Internacional Permanente de Observación contra la
Impunidad en Bolivia que dé seguimiento al proceso y haga esfuerzos ayude
a crear las condiciones para evitar el mantenimiento de la impunidad.

Estas afirmaciones fueron realizadas durante una rueda de prensa, en el
Salón Rojo del Parlamento boliviano, en la el grupo internacional de
observadores hizo públicas sus primeras impresiones sobre la matanza de
33 personas acontecida en Bolivia, después de dos días de encuentros y
reuniones con representantes asociaciones de derechos humanos, entidades
sociales, organizaciones políticas (MAS, NFR) e instituciones del Estado,
entre los cuales el vicepresidente Carlos Mesa, y el viceministro de
Gobierno (Interior) José Luis Harb.

Saliendo de la conferencia de prensa, un grupo de mujeres, reunido en la
Plaza Murillo, local de la mayoría de las muertes, anunció la
constitución de la Asociación de Madres y Viudas de las víctimas,
asesinadas y heridas de la plaza Murillo, contando con la presencia de
Nora Cortiñas, de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo-Línea
Fundadora, de Argentina.

Ante una platea que incluía la práctica totalidad de los medios de
comunicación locales, los miembros de la Misión Internacional expusieron
las primeras conclusiones, no definitivas, de una visita marcada por la
emoción y el dolor, pero también la esperanza, expresada en la grande
movilización de organizaciones sociales y ciudadanos.

Frei José Fernandes, de Brasil, enfatizó la falta de garantías observadas
y, principalmente, la falta de voluntad política del Gobierno y el
Ejército para poder llevar adelante un proceso de investigación
"independiente y transparente" que lleve a juicio y condenas. Y esto,
enfatizó, es fundamental. En caso contrario, como dejan muy claro los
acontecimientos recientes, difícilmente podrá haber paz en el país. "La
paz", sentenció el dominico, "sólo puede venir de la justicia". El
Gobierno boliviano, por tanto, es el más interesado en el esclarecimiento
de los hechos.

Ya el diputado José Cardozo, llamó a los diputados y senadores bolivianos
a constituir una comisión extraordinaria, como los propios hechos
febrero, para poder complementar y garantizar la imparcialidad y
transparencia del proceso de investigación. Propuso, así mismo, a las
organizaciones de derechos humanos y sociales bolivianas la constitución
de una Comisión Internacional Permanente contra la Impunidad en Bolivia,
que de seguimiento al proceso y ayude a crear y garantizar condiciones
favorables para que éste no deje impune los crímenes cometidos.

Este es un caso claro de "masacre", sentenció, por su parte, el
representante de la Central Única de los Trabajadores de Brasil, Jorge
Luis Martins. Tiene que ser hecha justicia y los culpados tienen que se
condenados. Martins señaló también el carácter marcadamente político del
caso cuando informó que ayer fue detenido un universitario acusado de
"terrorismo", mientras que los nombres de soldados francotiradores que
pueden ser identificados en un vídeo filmado el día 13 de febrero no han
sido dados a conocer todavía, ni han sido llamados a declarar ni ninguno
de sus responsables tampoco. "Es el primer preso político de este
proceso".

Cerró la rueda de prensa la madre argentina, Nora Cortiñas, quien se
solidarizó con las madres y familiares de las víctimas, en nombre de la
Misión. Nora afirmó que estos hechos no ocurren por casualidad ni son
"accidentes", "es una forma de respuesta de los poderosos a la lucha de
los pueblos cuando reivindican sus derechos". La intervención de los
Estados Unidos, directamente o través del FMI u otras organizaciones
criminales, imponiendo programas de ajuste a los países de América
Latina, produce miseria y pobreza, produce hambre, que es la "mayor
violencia contra los pueblos". Y cuando los pueblos se rebelan, entonces
son baleados. La madre argentina llamó a las madres y familiares de las
víctimas de la plaza Murillo de La Paz a no dejar caer en el olvido estos
acontecimientos, a enfrentar al poder y "mantener viva la esperanza en
otro mundo justo que es posible".

La misión estaba constituida por:
Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina),
Frei José Fernández Alves, PO (Brasil),
José Eduardo Cardozo (diputado federal PT-Brasil),
Jorge Luis Martins (CUT, Brasil),
Jorge Guamán (diputado Pachakutik-Ecuador)
Pep Valenzuela (periodista Brasil)

La Paz, 14 de marzo de 2003