Hace tres cuatro meses, El
Alto de La Paz fue escenario de un espectacular y televisado
operativo policial "antiterrorista" que se saldó con la
detención del dirigente campesino colombiano Francisco "Pacho"
Cortés, de dos dirigentes cocaleros y dos parientes de uno de
ellos. Este operativo, montado pieza por pieza, se inscribe
dentro de la política del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
para desacreditar a su principal opositor, el líder del
Movimiento Al Socialismo (MAS), el parlamentario Evo Morales.

El montaje (10/04/03) estuvo a cargo del Centro de
Investigación Especial del Estado, en el marco de lucha contra
el terrorismo y el narcotráfico auspiciada por el gobierno de
los Estados Unidos. El testimonio de periodistas que
asistieron al operativo es coincidente en señalar que llegaron
a la hora y lugar indicados porque fueron previamente
convocados por la Embajada de los EE.UU. Ante las evidencias,
el vice-ministro de Gobierno, José Luis Harb, no negó la
participación estadounidense en la operación: "Existen
tratados, convenios y acciones conjuntas... de lucha contra
el terrorismo... La actividad terrorista tiene una acción de
carácter extracontinental, por lo tanto tenemos acuerdos para
entendernos con cualquier país, no solo con Estados Unidos".

Tras las detenciones, el gobierno se precipitó a decir que la
acción había permitido abortar el alumbramiento del problema
colombiano en Bolivia, señalando a Cortés como involucrado en
movimientos guerrilleros, pero sin tener el respaldo de
pruebas fehacientes. Inicialmente se le acusó de pertenecer a
las FARC, para luego vincularle al ELN. De hecho, como en el
primer operativo no encontraron pruebas, fue preciso el
montaje de un segundo para hallar las siguientes piezas:
panfletos del ELN de Colombia, ropa de camuflaje, municiones,
coca, manuales de capacitación campesina y, sobre todo, una
foto de Evo Morales con el dirigente campesino colombiano.

Cortés y los otros detenidos -Claudio Ramírez Cuevas (ex
alcalde de La Asunta), Carmelo Peñaranda (dirigente cocalero
del Chapare), Nelly Ramírez y Betty Nina (hija y sobrina de
Claudio Ramírez, respectivamente, las dos menores de edad)-
fueron recluidos en una cárcel de máxima seguridad de
Chonchocoro, bajo los cargos de terrorismo, alzamiento armado
contra la seguridad y soberanía del Estado, organización
criminal, espionaje, falsedad material, falsedad ideológica y
uso de instrumento falsificado (las tres últimas imputaciones
son, solamente, contra Cortés y Claudio Ramírez). Sin
embargo, las pruebas no aparecen.

"El problema es que el Gobierno se ha precipitado de tal
manera que se metió en un callejón sin salida. Con sus
anuncios y su insistencia prematura, ha comprometido tanto al
Ministerio Público, que ahora la Fiscalía se siente casi
obligada, por presión política, a demostrar lo indemostrable",
sostiene el periodista boliviano Víctor Orduno. Y acota:
"Para no contrariar la palabra del Presidente, los fiscales
están forzados a una investigación al limite de lo imposible:
demostrar una acusación de terrorismo, alzamiento armado y
organización criminal en base a una pistola de silicona, un
puñado de balas -probablemente robadas- y algo de literatura
sobre el ELN en Bolivia. Porque eso es lo mas que dice tener
la fiscalía -aunque públicamente no se lo ha podido conocer-,
un documento que establecería la configuración de un ELN
boliviano".

De modo que estamos ante un proceso en el cual poco o nada
cuentan los aspectos jurídicos, pues como anota el Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo, no solo se registra un
evidente desconocimiento del debido proceso y de las garantías
judiciales aseguradas por la Constitución boliviana, sino
también una flagrante violación de la libertad de acción de
los defensores de los derechos humanos y las libertades de
asociación y de expresión, reconocidos en la normatividad
internacional. Lo que cuentan son las consideraciones y
cálculos políticos gubernamentales para afectar al MAS (la
segunda fuerza política más importante del país) y a su líder,
el ex-candidato presidencial Evo Morales, relacionándolos con
la insurgencia colombiana y el narcotráfico. Tan es así que
el propio Morales denunció que en el Chapare el gobierno hace
circular panfletos que lo señalan como defensor de
narcotraficantes extranjeros, entre ellos "Pacho".

¿Quién es "Pacho" Cortés?

Francisco Cortés es un reconocido luchador en favor de los
derechos humanos de los campesinos de Colombia; fue dirigente
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad de
Reconstrucción ANUC-UR, y en tanto tal ha representado
internacionalmente al Consejo Nacional Campesino de Colombia y
al movimiento campesino internacional Vía Campesina. Por su
condición de dirigente social ha sufrido reiteradas amenazas
contra su vida. En razón de su labor en derechos humanos y de
su situación de seguridad, desde 1999 es atendido por el
Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas del
Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.