COICA se pronuncia sobre el llamado "Diálogo para
armonizar los Derechos Colectivos de las Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la Legislación
Vigente y el Desarrollo de la Industria Petrolera".

Con gran preocupación recibimos la noticia de que el
Ministerio de Energía y Minas declaró la utilidad pública
de 61,5 Km. en tierras de comunidades indígenas a lo
largo del trayecto donde se construye el Oleoducto
secundario Yuralpa-Puerto Napo, como un paso previo a la
expropiación de estas tierras. En efecto, este fue uno de
los puntos de análisis en la agenda del denominado
"Diálogo para armonizar los Derechos Colectivos de las
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la
Legislación Vigente y el Desarrollo de la Industria
Petrolera", que tuvo lugar en la capital entre el 5 y 9
de Agosto del presente año.

Según conocemos, el mencionado evento fue unilateralmente
planteado desde el Ministerio de Energía y Minas como
"diálogo para armonizar", o llegar a un acuerdo- sin
contar con la aceptación definitiva de la CONFENIAE. El
Ministerio lo anunció y difundió en afiches y en
distintos medios de comunicación, como un evento
auspiciado por la CONFENIAE, situación que produjo
confusiones y generó reacciones por parte de distintas
instancias no gubernamentales, e incluso de las mismas
federaciones y nacionalidades indígenas.

Oportunamente, la CONFENIAE hizo categórico un
pronunciamiento en el mismo acto inaugural: ellos
asistían al evento en calidad de invitados, y su
participación en el evento no tenía el objetivo de llegar
a ningún tipo de acuerdo o armonización con las empresas
petroleras y / o el gobierno respecto al tema de la
explotación petrolera. Por el contrario, el evento se
propuso desde un inicio como un espacio para la discusión
sobre el contenido, implicaciones y propuestas de los 15
Derechos Colectivos que constan en el artículo 84 de la
Constitución.

El evento calificado por el Ministerio como un "diálogo
para armonizar", en la práctica se desarrolló como un
taller de discusión para explicar a los representantes
del gobierno, ONG's y empresas petroleras- los derechos
colectivos desde la perspectiva de las nacionalidades
indígenas y abordar una vez más las implicaciones de la
intervención de las petroleras en territorios indígenas.

Por su parte, la COICA participó en el evento con uno de
nuestros asesores en calidad de facilitador para la
realización de dicho Taller. No emitimos pronunciamiento
alguno al respecto. Lamentamos que este hecho haya sido
mal interpretado por los medios de comunicación locales,
que ciertamente no conocen lo suficiente nuestro trabajo
en lo que respecta a la actividad petrolera.

Nos pronunciamos en la presente en concordancia con la
posición de la CONFENIAE, en profundo desacuerdo con la
forma en que el Ministerio de Energía y Minas manejó la
denominación y difusión del evento. Si bien aceptamos el
ejercicio del diálogo como un mecanismo de intercambio de
ideas y posiciones y sobre todo de debate sobre la
situación de nuestros pueblos tras las intervenciones de
las compañías petroleras en nuestros territorios, nos
oponemos a la posibilidad de un "diálogo para la
armonización" con la Industria Petrolera, pues no estamos
dispuestos a negociar nuestros derechos fundamentales.

Manifestamos una vez más nuestra profunda preocupación
sobre la acción del Ministerio de declarar la utilidad
pública a los territorios arriba mencionados, y
demandamos a la vez la modificación del numeral 2 del
artículo 84 de la Constitución, que ampara la acción de
declaratoria de utilidad pública, tema discutido
ampliamente en el taller. Nos oponemos en general, a toda
nueva infiltración por parte de empresas petroleras en
nuestros territorios, por las consecuencias que han
sufrido y continúan viviendo las comunidades en términos
de violación a nuestros derechos territoriales,
particular que también fue expresado claramente por parte
de los delegados indígenas del sur de la amazonía,
manifestando su oposición al desarrollo de la actividad
petrolera en territorios shuar, achuar y kichwas de
Pastaza, por el inminente deterioro ambiental, división
de las comunidades y la dependencia económica generada.
Por ello, en aquellas comunidades afectadas por la
industria petrolera, demandamos que se efectúen las
correspondientes indemnizaciones por los daños socio
ambientales ocasionados. Además, debido a la gravedad de
los impactos, planteamos la suspensión de la actividad
petrolera en tierras indígenas mientras no se adopten
nuevas políticas de relacionamiento comunitario,
compensaciones e indemnizaciones, consulta y
participación directa en la distribución de la renta
petrolera.

* COICA- Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica