Chonchocoro, enero de 2004
Bolivia

Compañeras y compañeros,

Reciban mi saludo fraterno con la esperanza que se encuentren
bien.

El próximo 10 de febrero estaré cumpliendo nueve meses de
presidio, en una celda de dos por dos metros cuadrados, en un
penal de máxima seguridad, a más de cuatro mil metros sobre el
nivel del mar, con una temperatura entre los menos 10 y los 10
grados centígrados.

Por ahora sólo estamos imputados, la fiscalía boliviana se
encuentra realizando las investigaciones y montajes necesarios
para hacer la acusación oficial. Mientras tanto me encuentro
en condiciones críticas, enfermo, preocupado, y lo peor de
todo, lejos, ausente de mi tierra y de mi pueblo. Durante el
gobierno de Sánchez de Lozada las determinaciones jurídicas
estaban supeditadas a las necesidades políticas del Ejecutivo,
situación que esperamos que ahora cambie, debido al giro
histórico que está experimentando Bolivia tras el mes de
octubre. Sin embargo, continuamos privados de la libertad,
bajo condiciones infrahumanas, sufriendo nuestros problemas de
salud además de las precarias situaciones que deben enfrentar
nuestras familias tanto en lo económico como en lo social,
cuando en Latinoamérica y el mundo entero se impone una
estigmatización del trabajo de los dirigentes sociales y una
persecusión a los defensores de derechos humanos.

Nuestra detención ocurrió el 10 de abril del 2003, con graves
irregularidades, entre ellas, la hora del allanamiento, 6:30
de la mañana, cuando el horario establecido para estos
procesos es otro, violando el derecho a la intimidad. Además
la policía llegó encapuchada, vestida de diferente manera y
con armas de todos los calibres, tanto así que pensamos que
eran ladrones que se estaban entrando a robar la casa. Al
llegar abrieron las puertas hacia el exterior, así mientras
unos estaban permitiendo el ingreso de los medios de
comunicación, otros estaban mandándonos de cabezas al suelo.
Dos mujeres que estaban en la casa, menores de edad, las
sacaron desnudas a los medios de comunicación, violando no
sólo los derechos humanos sino la ley boliviana que prohibe
exhibir a los menores detenidos a los medios de comunicación.
Nos tuvieron unos quince minutos en el patio, medio desnudos,
con un arma en la cabeza, una tortura terrible, sin dejarnos
mirar qué estaba sucediendo. Finalmente nos sacan, mi compadre
y su hija en un carro, Carmelo y yo en otro, a la otra mujer
la dejan, la trasladan más tarde a la PTJ (Policía Técnica
Judicial, policía investigativa).

Las irregularidades durante la detención se agravan con dos
hechos. Por una parte, el acta que el Fiscal y la PTJ hacen
está fabricada, sin nuestra presencia, sin nuestros abogados,
sin nadie cercano a nosotros. Es un acta a su manera, firmada
por los vecinos, incluida una mujer que hasta donde tengo
entendido es la esposa de un policía. El hecho es de una
gravedad inmensa porque esta acta dice que encontraron
municiones, documentos de propaganda subversiva, que fuimos
tratados excelentemente, sin golpe ni maltrato, firmada por
gente que nosotros no conocemos, sin nuestra presencia, con el
objeto de lograr que la policía descargue sus
responsabilidades por las irregularidades cometidas. Por otra
parte, dos o tres horas después de concluido formal y
legalmente el proceso de detención y allanamiento, se hace un
segundo en el que se encuentra droga, lo cual pone en
evidencia la intromisión política que sobre este caso ha
existido desde el inicio.

En conclusión, son variados y abundantes los hechos que
precisan una capitulación, con el fin de captarlos en su
magnitud. Primero, es sospechoso que algunos medios de
comunicación hayan llegado con la PTJ y la Fiscalía a hacer un
allanamiento, algunos periodistas, incluso seguidores de
Sánchez de Lozada, denunciaron que fue la embajada
norteamericana la que convocó en la madrugada del 10 de abril
a estos específicos medios de comunicación para un operativo
no definido en El Alto. Segundo, es sospecho que un día antes
de la detención, el 9 de abril, día en el que se celebra la
revolución del 52, un día antes de nuestra detención, el
presidente de la república de entonces, Gonzalo Sánchez de
Lozada, quien hoy es ex presidente a causa de toda la
corrupción y el mal manejo que hizo como mandatario del país,
anunciara que la democracia la iba a defender con las armas.
Tercero, un día después de nuestra detención aparece por la
televisión el ministro de Gobierno Yerkoc Kukoc diciendo que
va a emprender una lucha contra el terrorismo, el narcotráfico
y la corrupción, cuando a posteriori se ha comprobado que el
gobierno de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no tenía
ninguna autoridad para detener a nadie, porque el mayor
terrorista de Bolivia era dicho gobierno, que entre muchas
otras cosas asesinó a más de cien personas en un par de días
en El Alto y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

También hemos sufrido. Mi hijo ha sido amenazado, mi familia
en Colombia está amenazada, han llegado cartas, llamadas,
sufragios, amenazas directas. Nuestros abogados en Bolivia
recibieron llamadas a sus teléfonos celulares en las que les
decían que se retiraran de la defensa para que se evitaran
problemas a futuro. En ese mismo sentido también viene el robo
de bienes. A mi compadre se le entraron a su casa, y
aproximadamente un mes y medio volvieron a robarle pero esta
vez en su chaco, en su tierrita. A uno de los abogados se le
robaron varios documentos del auto. A esto hay que sumarle los
montajes, como el que sufrieron en la Asunta, la comunidad de
mi compadre Claudio Ramírez, en donde en los mismos días de
nuestra detención unos militares dejaron unos explosivos para
hacerle creer a la comunidad que gente de ellos estaba
involucrada en la fabricación de explosivos. Afortunadamente
la gente se dio cuenta y de manera rápida los obligaron a
retirarlos. Posteriormente en Cochabamba detienen a una
persona que viajaba en una bicicleta e iba con droga y
documentos del ELN, pero nunca más se volvió a decir
absolutamente nada. Luego, durante varios problemas de orden
público en el Chapare entre la fuerza pública y gente de la
región, resultaron algunos heridos, sobre los cuales la
Fiscalía declaró que obedecían órdenes que Cortés había
preparado. Después detienen a una señora llamada Juanita, una
sindicalista de la región, muy reconocida como dirigente, a la
que le ponen explosivos. En medio de las jornadas de
septiembre y octubre, detienen a un tal Marcelino, que iba
también con explosivos. Todos ellos públicamente y sin pruebas
ligados al caso Cortés. Luego aparece una carta falsificada
del Ministro del Interior de Colombia, en la que se
recomendaba a uno de los abogados para el caso, con el fin de
hacer creer que Cortés o sus abogados estarían falsificando
documentos y firmas. Y para conclu! ir con e sta etapa nos
trasladan de la cárcel de San Pedro para Chonchocoro, con un
montaje: un teniente apareció diciendo que nosotros estaríamos
involucrados en un plan de fuga.

Aquí en Chonchocoro han continuado las irregularidades y
violaciones. Nos tuvieron aislados casi ocho meses. Cuando nos
trajeron nos golpearon con palos, nos metieron a la ducha con
agua fría y aunque yo estaba resfriado nos dejaron así como
quince minutos. Por otro lado se han buscado las maneras de
hostigarnos para que nos metamos en problemas, los comentarios
de la policía nos hacen preveer amenazas a nuestra integridad,
contra nuestra vida. Con el mayor Téllez, uno de los
encargados del Penal, ha habido varios problemas, la población
ha presentado varias denunias contra él porque abusa contra
los derechos de la gente privada de la libertad. En los
últimos meses se suma la presión de Régimen Penitenciario para
prohibir nuestro traslado de la zona de asilamiento a la
población. El traslado lo conseguimos apenas hace un mes, en
diciembre, y sólo porque el director nacional estaba
personalmente facilitándolo. Una vez trasladado a la población
he sido ingresado en esta pieza en el peor pabellón, el más
peligroso. En la mayoría de los casos a los presos los dejan
cambiar de celda a los pocos días, pero a mí no me han dejado
mover.

Actualmente estoy representando a 23 extranjeros presos, en el
espíritu de conseguir medicamentos, tramitar documentos con
los consulados y embajadas, los trámites en materia de
libertad y derechos, hemos conformado una coordinacón de la
cual he sido elegido delegado. Ni el gobernador del Penal ni
nadie me permiten participar porque según ellos eso no hace
parte de la Ley. Los derechos de los extranjeros son los más
vulnerados en la prisión, por eso nos movemos con mucho
cuidado, no podemos recibir alimentos de todo mundo, no
podemos andar a cualquier hora ni solos, la seguridad personal
está en bastante riesgo. Yo sé que mi vida en Chonchocoro
corre peligro. Además de verse atacada de manera sutil pero
constante gracias a la manipulación de la prensa que dice lo
que a la Fiscalía le conviene. Por las carátulas que sacan,
las figuras, las noticias de televisión, los suplementos de
periódicos completamente amplios y bien pagados, se puede
saber que tras este caso hay toda una campaña de desprestigio
de mi imagen, violando el derecho a la legítima defensa y los
prinicipios de la Ley.

Pese a este panorama, estoy convencido de que debemos
aprovechar esta coyuntura constituida por varios factores, y
aprovechar la ventaja de que no estamos acusados. Primero,
tenemos un nuevo gobierno, un poco más abierto a tratar las
cosas y existe algún interés internacional de solidaridad,
como es el caso de la Vía Campesina, parlamentarios y
diputados internacionales, organizaciones de derechos humanos,
gente de diferentes movimientos políticos, de jóvenes, de
mujeres. Segundo, existe una crisis social y de gobernabilidad
en Colombia, se cayó el referéndum, las cárceles están llenas
de presos políticos y sociales. Y por último, el gobierno de
Bolivia que me puso preso y me tendió el montaje acaba de
salir bastante desprestigiado. Por todas estas situaciones que
expreso con el fin de romper el silencio y el aislamiento que
intensifica la prisión, les propongo apoyarnos en la lucha por
nuestra libertad y derecho a una defensa legítima, en el marco
de los derechos humanos. Por eso se necesita veeduría
internacional, acompañamiento, misiones humanitarias, acciones
concretas en las embajadas bolivianas en el mundo. Porque tal
cual cómo se comporta esta arremetida del imperialismo
norteamericanos en Latinoamérica, mi defensa debe estar
dirijida en dos líneas, la política y la jurídica, y en ambas
necesitamos apoyo y solidaridad, tanto económica como de
acciones que permitan avanzar y desvertebrar los intereses de
quienes buscan reprimir la organización social para abrirle
espacio a la inversión extranjera en la región,
fundamentalmente para controlar la producción de hoja de coca
y el comercio de droga.

He sido un convencido de las luchas campesinas en defensa de
la vida, el territorio y la paz, esa es mi consigna y aun en
la cárcel y en las precarias condiciones en las que me
encuentro he seguido dando la lucha por los derechos de las
personas. Mi moral, mi fidelidad social y mi espíritu de lucha
social siguen vigentes y en alto, y aunque mi cuerpo está en
prisión, mi conciencia, mis principios sociales y mi ideología
están en plena libertad. Mi esperanza es que seamos capaces de
mantener vivo el principio generador de nuestra lucha, incluso
y sobre todo, por encima de los muros que levantan quienes
buscan minarnos obstaculizando el ejercicio de ese principio
básico, esa columna que nos mantiene unidos y en esperanza: la
solidaridad.

Para comunicarnos por teléfono, marcar al (591) 2 213 05 81, 2
213 05 82, 2 213 55 65 (horario Bolivia). Para comunicaciones
por internet, escribir a geancorcolbo@hotmail.com,
libertadparapacho@hotmail.com, libertadparapacho2003@yahoo.es

Agradeciendo de antemano el apoyo y la solidaridad, me despido
fraternamente.

Atte.

FRANCISCO "PACHO" CORTÉS

Andres Cortes
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