Seminario Internacional sobre los impactos negativos de la política
de reforma agraria de mercado del Banco Mundial

Declaraciòn final

Nosotros y nosotras, miembros de organizaciones campesinas, de
investigación, ambientalistas, religiosas y de derechos humanos de 15
países nos hemos reunido en Washington DC entre el 15 y el 17 de
abril.

Compartimos la lucha por un mundo y una sociedad en los cuales el ser
humano y la vigencia de todos los derechos humanos de todas las
personas y comunidades sean el principio rector; en los que se
reconozca el derecho a la tierra de las comunidades rurales; se
garantice la soberanía alimentaria a todos los países; se preserve la
sostenibilidad ambiental en todo el planeta y se garantice la
integridad cultural a todos los pueblos.

Alarmados por la intensidad con que la política de tierras impulsada
por el Banco Mundial y otros organismos de cooperación internacional
está despojando de sus medios de vida a los grupos rurales más
pobres, hemos analizado varios aspectos de estas políticas a la luz
de nuestros propios testimonios y experiencias. Hemos constatado que
el Banco impone a un sinnúmero de países los mismos programas
ignorando la historia, las realidades locales y las costumbres
productivas y del uso de la tierra.

Por sus impactos consideramos que las políticas de tierra del Banco
Mundial buscan fundamentalmente hacer de la tierra una mercancía y,
en última instancia, colocarla en función de los intereses del
comercio internacional y las transnacionales. Tales políticas no son
la reforma agraria que los movimientos sociales han exigido a lo
largo de su lucha histórica, y por tanto, no van a conducir a mejoras
significativas en las condiciones de vida de los pobres, ni van a
conducir a un desarrollo integral. Por naturaleza los mercados de
tierra no ayudan a los necesitados, a los pobres. Los mercados
responden al dinero, no a las necesidades humanas.

Específicamente constatamos que:

* Los proyectos de administración de la tierra -como mediciones,
mapeos, catastros, registros y titulaciones individuales alienables-,
si bien tratan de responder a la demanda histórica de varios grupos
rurales de tener seguridad de la tenencia de la tierra, están
diseñados primordialmente para crear condiciones para "mercados
funcionales de tierras" y resultan con demasiada frecuencia en una
masiva o progresiva venta de las tierras, en la reconcentración de la
propiedad y en el aumento de conflictos en el interior las
comunidades como vimos en el caso de Tailandia

* La privatización de tierras públicas o comunales conlleva la
reconcentración de la tierra en manos de grandes propietarios
privados y la pérdida del derecho de uso de las tierras de todos o
parte de los miembros de las comunidades. La privatización de
tierras comunales socava las estrategias comunitarias de
supervivencia, la cohesión cultural y los mecanismos de cooperación
conduciendo a un mayor empobrecimiento.

* La llamada "reforma agraria basada en el mercado", "dirigida por el
mercado", "apoyada por el mercado" o "fundamentada en la comunidad"
es otro intento de eludir la verdadera redistribución de la propiedad
de la tierra y crea más problemas de los que puede resolver. Nuestra
experiencia en países como Africa del Sur, Brasil, Colombia y
Guatemala indica que los programas, por su naturaleza, nunca podrán
crear condiciones para superar la privación de tierra de millones de
familias. Los programas han excluido a los grupos más pobres por no
cumplir con las precondiciones exigidas, a grupos tradicionalmente
marginados como las mujeres rurales, y son inaplicables a las
comunidades indígenas. La oferta de tierras es de la peor calidad y
es común que los terratenientes aprovechen estos programas para
deshacerse de tierras marginales o lejanas de los centros de
mercadeo. En otros casos, la oferta de tierras proviene de medianos
y pequeños propietarios quebrados por la libertad de importaciones,
con lo cual los programas no producen efectos redistributivos y deja
intactos a los latifundios. La falta de integralidad de los
programas hace que fracasen los proyectos productivos de los
beneficiarios ya que ellos casi no cuentan con recursos para
seguridad alimentaria, capital de trabajo, servicios básicos y
asistencia técnica. En todos los países analizados en el seminario
la gran mayoría de los beneficiarios está en mora con el pago de los
créditos. Así, el endeudamiento masivo y el abandono o la pérdida de
la tierra para pagar el préstamo terminará sumiendo aún más en la
pobreza a las pocas familias beneficiarias. Además de fomentar la
corrupción y el clientelismo político, estos programas han sido
utilizados para salirle al paso a políticas de reforma agraria
basados en la expropiación o extinción del dominio de los grandes
propietarios y para distraer, socavar, dividir y frenar los
movimiento de campesinos sin tierra.

* Programas de "apoyo a asociaciones productivas" o "alianzas
estratégicas" recientemente apoyados por el Banco son graves pues
tienden a subordinar al campesino, a las comunidades y a sus tierras
a los grandes propietarios y transnacionales. Pretender igualdad de
condiciones entre grandes y pequeños "socios" es encadenar a los
pequeños a la estrategia de los grandes.

Ante estas evidencias, exigimos:

* Al Banco Mundial:

- el cese inmediato de sus políticas con respecto a la tierra y su
sustitución por una política basada en el derecho a la tierra y a la
alimentación;

- la publicación de todos los documentos y la información que tiene
sobre los proyectos.

* A los Estados:

- la participación decisoria de los campesinos, de otros sectores
populares y sus organizaciones, en la planificación, gestión e
implementación de los programas económicos en general, y de los
programas de desarrollo rural y reforma agraria en particular;

- programas de redistribución de la tierra por medio de la
expropiación con o sin indemnización y extinción de dominio de
tierras de calidad, y en las que el Estado asuma sus
responsabilidades;

- políticas integrales de apoyo a la economía campesina que incluyan
los aspectos macroeconómicos, el mercadeo, asistencia técnica crédito
de fomento, procesamiento de productos, protección de la producción
nacional, respeto a la integridad cultural y sostenibilidad
ambiental;

- protección jurídica y creación de tribunales agrarios para
solucionar conflictos agrarios;

- políticas fundamentadas en el respeto de los derechos humanos y los
principios de justicia social, en lugar de las fuerzas del mercado.

* A las organizaciones sociales y la sociedad civil hacemos un
llamado para que se sumen a la defensa de la reforma agraria y a la
lucha por los principios aquí plasmados.

Washington DC, abril 17 de 2002

Actionaid - Brasil
ADC - Alianza Democrática Campesina, El Salvador
ANUC-UR / Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad e
Reconstrucción, Colombia
APR - Animação Pastoral Rural, Brasil
BIC - Bank Information Center, USA
Bretton Woods Project, England
CECCAM, México
CNA - Coordinador Nacional Agrario, Colombia
COCOCH, Honduras
CNOC - Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas,
Guatemala
CONGCOOP - Coordinadora Nacional de ONG y Cooperativas, Guatemala
CPT / Comissão Pastoral da Terra, Brasil
Environmental Defense, USA
FENSUAGRO / Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria,
Colombia
FIAN - Foodfirst Information and Action Network, Germany
Food First Institute for Food and Development, USA
Franciscan and Dominicans International, Switzerland
Franciscan Network, USA
Franciscan Washington Office, USA
Global Land Reform Policy Center, Zimbabwe
INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos, Brasil
La Vía Campesina
LPM / Landless Peoples' Movement, South Africa
Maryknoll Office for Global Concerns, USA
MST / Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
Brasil
NLC - National Land Comittee, South Africa
Nkuzi Development Association, South Africa
PER / Project of Ecological Recovery, Tailand
Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, Brasil
Robert Kennedy Center for Human Rights, USA
War on Want, England