Seminario Internacional sobre los impactos negativos de la política de reforma agraria de mercado del Banco Mundial

Declaraciòn final

Nosotros y nosotras, miembros de organizaciones campesinas, de investigación, ambientalistas, religiosas y de derechos humanos de 15 países nos hemos reunido en Washington DC entre el 15 y el 17 de abril.

Compartimos la lucha por un mundo y una sociedad en los cuales el ser humano y la vigencia de todos los derechos humanos de todas las personas y comunidades sean el principio rector; en los que se reconozca el derecho a la tierra de las comunidades rurales; se garantice la soberanía alimentaria a todos los países; se preserve la sostenibilidad ambiental en todo el planeta y se garantice la integridad cultural a todos los pueblos.

Alarmados por la intensidad con que la política de tierras impulsada por el Banco Mundial y otros organismos de cooperación internacional está despojando de sus medios de vida a los grupos rurales más pobres, hemos analizado varios aspectos de estas políticas a la luz de nuestros propios testimonios y experiencias. Hemos constatado que el Banco impone a un sinnúmero de países los mismos programas ignorando la historia, las realidades locales y las costumbres productivas y del uso de la tierra.

Por sus impactos consideramos que las políticas de tierra del Banco Mundial buscan fundamentalmente hacer de la tierra una mercancía y, en última instancia, colocarla en función de los intereses del comercio internacional y las transnacionales. Tales políticas no son la reforma agraria que los movimientos sociales han exigido a lo largo de su lucha histórica, y por tanto, no van a conducir a mejoras significativas en las condiciones de vida de los pobres, ni van a conducir a un desarrollo integral. Por naturaleza los mercados de tierra no ayudan a los necesitados, a los pobres. Los mercados responden al dinero, no a las necesidades humanas.

Específicamente constatamos que:

* Los proyectos de administración de la tierra -como mediciones, mapeos, catastros, registros y titulaciones individuales alienables-, si bien tratan de responder a la demanda histórica de varios grupos rurales de tener seguridad de la tenencia de la tierra, están diseñados primordialmente para crear condiciones para "mercados funcionales de tierras" y resultan con demasiada frecuencia en una masiva o progresiva venta de las tierras, en la reconcentración de la propiedad y en el aumento de conflictos en el interior las comunidades como vimos en el caso de Tailandia

* La privatización de tierras públicas o comunales conlleva la reconcentración de la tierra en manos de grandes propietarios privados y la pérdida del derecho de uso de las tierras de todos o parte de los miembros de las comunidades. La privatización de tierras comunales socava las estrategias comunitarias de supervivencia, la cohesión cultural y los mecanismos de cooperación conduciendo a un mayor empobrecimiento.

* La llamada "reforma agraria basada en el mercado", "dirigida por el mercado", "apoyada por el mercado" o "fundamentada en la comunidad" es otro intento de eludir la verdadera redistribución de la propiedad de la tierra y crea más problemas de los que puede resolver. Nuestra experiencia en países como Africa del Sur, Brasil, Colombia y Guatemala indica que los programas, por su naturaleza, nunca podrán crear condiciones para superar la privación de tierra de millones de familias. Los programas han excluido a los grupos más pobres por no cumplir con las precondiciones exigidas, a grupos tradicionalmente marginados como las mujeres rurales, y son inaplicables a las comunidades indígenas. La oferta de tierras es de la peor calidad y es común que los terratenientes aprovechen estos programas para deshacerse de tierras marginales o lejanas de los centros de mercadeo. En otros casos, la oferta de tierras proviene de medianos y pequeños propietarios quebrados por la libertad de importaciones, con lo cual los programas no producen efectos redistributivos y deja intactos a los latifundios. La falta de integralidad de los programas hace que fracasen los proyectos productivos de los beneficiarios ya que ellos casi no cuentan con recursos para seguridad alimentaria, capital de trabajo, servicios básicos y asistencia técnica. En todos los países analizados en el seminario la gran mayoría de los beneficiarios está en mora con el pago de los créditos. Así, el endeudamiento masivo y el abandono o la pérdida de la tierra para pagar el préstamo terminará sumiendo aún más en la pobreza a las pocas familias beneficiarias. Además de fomentar la corrupción y el clientelismo político, estos programas han sido utilizados para salirle al paso a políticas de reforma agraria basados en la expropiación o extinción del dominio de los grandes propietarios y para distraer, socavar, dividir y frenar los movimiento de campesinos sin tierra.

* Programas de "apoyo a asociaciones productivas" o "alianzas estratégicas" recientemente apoyados por el Banco son graves pues tienden a subordinar al campesino, a las comunidades y a sus tierras a los grandes propietarios y transnacionales. Pretender igualdad de condiciones entre grandes y pequeños "socios" es encadenar a los pequeños a la estrategia de los grandes.

Ante estas evidencias, exigimos:

* Al Banco Mundial:

- el cese inmediato de sus políticas con respecto a la tierra y su sustitución por una política basada en el derecho a la tierra y a la alimentación;

- la publicación de todos los documentos y la información que tiene sobre los proyectos.

* A los Estados:

- la participación decisoria de los campesinos, de otros sectores populares y sus organizaciones, en la planificación, gestión e implementación de los programas económicos en general, y de los programas de desarrollo rural y reforma agraria en particular;

- programas de redistribución de la tierra por medio de la expropiación con o sin indemnización y extinción de dominio de tierras de calidad, y en las que el Estado asuma sus responsabilidades;

- políticas integrales de apoyo a la economía campesina que incluyan los aspectos macroeconómicos, el mercadeo, asistencia técnica crédito de fomento, procesamiento de productos, protección de la producción nacional, respeto a la integridad cultural y sostenibilidad ambiental;

- protección jurídica y creación de tribunales agrarios para solucionar conflictos agrarios;

- políticas fundamentadas en el respeto de los derechos humanos y los principios de justicia social, en lugar de las fuerzas del mercado.

* A las organizaciones sociales y la sociedad civil hacemos un llamado para que se sumen a la defensa de la reforma agraria y a la lucha por los principios aquí plasmados.

Washington DC, abril 17 de 2002

Actionaid - Brasil
ADC - Alianza Democrática Campesina, El Salvador
ANUC-UR / Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad e Reconstrucción, Colombia
APR - Animação Pastoral Rural, Brasil
BIC - Bank Information Center, USA
Bretton Woods Project, England
CECCAM, México
CNA - Coordinador Nacional Agrario, Colombia
COCOCH, Honduras
CNOC - Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Guatemala
CONGCOOP - Coordinadora Nacional de ONG y Cooperativas, Guatemala
CPT / Comissão Pastoral da Terra, Brasil
Environmental Defense, USA
FENSUAGRO / Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Colombia
FIAN - Foodfirst Information and Action Network, Germany
Food First Institute for Food and Development, USA
Franciscan and Dominicans International, Switzerland
Franciscan Network, USA
Franciscan Washington Office, USA
Global Land Reform Policy Center, Zimbabwe
INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos, Brasil
La Vía Campesina
LPM / Landless Peoples' Movement, South Africa
Maryknoll Office for Global Concerns, USA
MST / Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Brasil
NLC - National Land Comittee, South Africa
Nkuzi Development Association, South Africa
PER / Project of Ecological Recovery, Tailand
Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, Brasil
Robert Kennedy Center for Human Rights, USA
War on Want, England