Al cumplirse un año de la masacre ocurrida en las tierras conocidas como Marinacue del distrito de Curuguaty, tierras que fueron donadas por la Industrial Paraguaya al Estado paraguayo y las cuales por decreto posteriormente se transfirieron al INDERT para ser destinadas a campesino/as sujeto de la Reforma Agraria.

Desde el Movimiento Agrario y Popular denunciamos al Poder Judicial la cual mediante una orden de allanamiento viciado de irregularidades, el día 15 de junio del 2012, ocasionó el asesinato de 11 campesinos y 6 policías seguido de apresamientos ilegales, torturas y posterior encarcelamiento de 15 campesinos/as quienes hasta la fecha se encuentran privados de su libertad.

Creemos que la Corte Suprema de Justicia continúa especulando sobre la titularidad de las tierras de Marinacue, porque busca apañar por un lado, los procedimientos ilegales realizados por el juez José Benitez el pasado 15 de junio de 2012, y por otro, pretende defender los intereses de Campos Morombi.

Sostenemos que la Fiscalía General del Estado también se asoció a las acciones ilegales del Poder Judicial manteniendo una parcialidad manifiesta en todo el proceso, porque hasta ahora el fiscal Jalil Rachid (recusado en varias ocasiones por los abogados) solo se ha investigado a campesinos/as y no así a la fuerza de operaciones represivas, ni a los fiscales, ni al juez de la causa, quienes conjuntamente ejecutaron el procedimiento que derivó en la Masacre de Curuguaty. 

Ante esta situación, acompañamos la exigencia de los/as compañeros/as de Curuguaty reclamando:

• La libertad inmediata de todos/as los/as campesinos/as presos en las cárceles y de quienes se encuentran con prisión domiciliaria.

• Al Fiscal General del Estado, que dictamine ratificando que las tierras de Marinacue son del Estado paraguayo.

• Al Poder Judicial, la recuperación de las tierras de Marinacue autorizando la inscripción de las mismas en los Registros Públicos a nombre del Estado paraguayo.

• Al Estado paraguayo, la indemnización a los familiares de las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados, y

• Al Poder Judicial, el castigo de los responsable de la Masacre.

Asunción, 14 de junio de 2013.