La mayoría de los Estados de nuestro continente han firmado convenios y tratados mediante los cuales se han comprometido no solo a satisfacer la necesidad de vivienda e infraestructura a sus habitantes, sino a cumplir y hacer cumplir el Derecho a la Vivienda, considerado como un Derecho Humano Fundamental para todos los habitantes del planeta. Tales compromisos se han reiterado en muchas cumbres y eventos, incluso el Foro Urbano Mundial en 2006, cuando se cumplieron 30 años de la Primera Cumbre Mundial de Hábitat, realizada en Vancouver, así como 10 años de Hábitat II, llevada a cabo en Estambul. Otra ha sido la Declaración de los Objetivos del Milenio donde se establece crear alojamiento seguro para unos 100 millones de personas viviendo en la calle, lo que según estudios, en vez de cumplirse, amenaza con crecer hasta 700 millones para el 2020.

Es decir, no obstante todos estos compromisos internacionales, desde entonces a la fecha mucha agua ha corrido bajo los puentes del Derecho a la Vivienda. Veamos a la luz de los hechos, que tales objetivos no se han cumplido: abandono de los Estados de las políticas habitacionales populares favoreciendo en cambio los sectores inmobiliarios y financieros, la persistencia de los desalojos forzosos en numerosos países los cuales son ejecutados a veces de manera directa por los propios gobiernos o en complicidad con sectores inmobiliarios, casos denunciados constantemente en varios países (ejemplo, República Dominicana); aumento de la inseguridad de la vivienda, costes del alojamiento no soportable, empeoramiento de la calidad de vida urbana.

La Alianza Internacional de Habitantes (AIH), red global de los movimientos sociales urbanos y asociaciones, tenemos una lectura sobre las causas que producen esta inseguridad para la vida humana en nuestros países. Veamos:

Causas:

• las políticas implementadas por la mayoría de los gobiernos del continente han estado al servicio de las orientaciones desacertadas de los organismos y acuerdos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, TLCs) las cuales dan la prioridad al pago de la deuda externa, para cuyo servicio se destina en promedio en cada uno de nuestros países algo más del 25 por ciento de los presupuestos nacionales, lo cual impide que éstos sean instrumentos al servicio del desarrollo de nuestros pueblos;

• las inversiones especulativas en el sector urbano, la construcción de grandes infraestructuras a modo de megaproyectos como el Plan Puebla Panamá, por ejemplo, la agresión turistico-inmobiliaria a la naturaleza (el modelo de turismo de arena, playa y cruceros), financiadas principalmente por inversiones extranjeras;

• las migraciones internas e internacionales debido a la desarticulación del tejido social que conlleva la pérdida de identidad de los pueblos originarios, impactados también por los modelos de monocultivo y de pesca industrial, en algunos casos;

• el abandono del bienestar social por los Estados para favorecer procesos de privatizaciones y liberalizaciones del sector inmobiliario, de la renta y los servicios básicos;

• los factores geopolíticos de distinta naturaleza que se dibujan en América Latina, como las guerras internas (principalmente Colombia y México) y el bloqueo económico a Cuba, la presencia de la narcopolítica, entre otras.

Las políticas de los gobiernos de nuesrtro continente en términos de hábitat, en lo fundamental han tenido como orientación básica el modelo neoliberal, que ha privatizado el mercado del suelo y la oferta de vivienda. Los impactos de estas políticas en nuestras ciudades, muestran una realidad que topa con una inexorable barrera social, económica, racial y de género excluyente. Los programas oficiales de vivienda han tenido como interlocutor esencial al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos créditos se han orientado a los sectores medios y altos vía la banca convencional, excluyendo de los mismos a los sectores pobres de la ciudad.

La población de bajos ingresos se ha visto obligada a resolver sus problemas de vivienda a partir de sus propios esfuerzos autogestionarios, siendo la autoconstrucción la experiencia práctica de producción social del hábitat, base para la construcción de la ciudad. Este esfuerzo ha sido, en general, desconocido y poco apoyado financieramente por los Estados del Continente.

Si los gobiernos cifran su atención fundamental en los habitantes y no en seguir profundizando la deuda social que contribuyen a aumentar significativamente, deberían exigir a los organismos internacionales revisar críticamente dichas políticas implementadas en América Latina y el Caribe.

Conviene, en consecuencia oír la voz de los sin voces, los habitantes humildes, sus organizaciones y redes, que reclaman por todas partes el cumplimiento de los compromisos asumidos por acuerdos entre los Gobiernos en los eventos internacionales, como son los Objetivos del Milenio (OM), entre ellas la meta 7-11. proveyendo legislación para garantizar un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad.

Ante esta acuciante realidad de pobreza y exclusión derivada del neoliberalismo, los movimientos sociales urbanos del Continente, proponen un enfoque alternativo, fundamentado sobre los principios altermundistas del FSM y el intercambio de las experiencias, definiendo estrategias unitarias para hacer frente común y construir solidaridad concreta por el derecho a la vivienda sin fronteras.

En efecto, AIH promueve la integración latino-americana y caribeña, dentro de este marco, la construcción de la Alternativa Bolivariana para las América (ALBA) promovida por Venezuela y Cuba.

¿Qué quisiera decir ALBA si los derechos sociales, en particular el derecho a la vivienda, no fueran respetados?

Por estas razones la AIH propone un Enfoque Humano sobre el Derecho a la Vivienda y el Hábitat:

• Fortalecer los procesos de integración política, social y económica, regional y subregional, como la Comunidad Sudamericana de Naciones, el MERCOSUR, la Comunidad Andina, el CARICOM. Esto implica la no suscripción de los TLC que promueve el Gobierno de los Estados Unidos, habidas cuentas de las graves consecuencias que acarrea para la vida de nuestros pueblos.

• Poner en práctica nuevas políticas sociales de vivienda y hábitat, orientadas a resolver los acuciantes problemas de acceso a la vivienda digna dejando de lado las orientaciones neoliberales que privatizan las políticas de viviendas.

• En este camino, los Gobiernos Locales, Regionales y Estaduales, están llamados a jugar un rol fundamental en la construcción de condiciones de justicia social para nuestros pueblos. Ello requiere superar las trabas del centralismo y el control por parte de los Gobiernos nacionales. Por tanto, deben contar con una verdadera participación social y los fondos necesarios para que puedan ejercer sus funciones de verdaderos representantes de la ciudadanía en los espacios locales, particularmente impulsando los presupuestos participativos con control social ciudadano.

Conscientes de la importancia estratégica de la propuesta del ALBA, la AIH propone construir nuevos espacios de articulación, incidencia y seguimiento a iniciativas emprendidas por los actores populares, para afrontar y solucionar las problemáticas urbanas y de vivienda a nivel local, nacional y continental en el campo social, politico, económico, jurídico e institucional.

Sobre estas bases proponemos la siguiente Plataforma frente a la grave problemática de la vivienda y el hábitat :

1. Reconocer irrestrictamente el Derecho Humano a la Vivienda, establecido por el art. 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en acuerdo con los Comentarios generales n. 4 y 7; el art. 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos ratificada por todos los países de América Latina y el Caribe. Este derecho tiene que ser justiciable y fundamentado en politicas urbanas y de vivienda.

2. Declarar la tierra como bien común no mercantil igualitario (tales como las empresas públicas de servicios y los recursos naturales hídricos, entre otros) estableciendo el bloqueo de las liberalizaciones del sector inmobiliario, por el control público de los precios (ej: alquiler y hipoteca no mas de 10% de la renta, la penalización de los inmuebles desalquilados por especulación (ej: tasación, requisa, expropiación).

3. Aprobar la Carta Mundial Por el Derecho a la Ciudad, como espacio de los derechos fundamentales de los habitantes, los verdaderos hacedores de las ciudades, incluida la toma de palabra, los intercambios de experiencias y el partenariado.

4. Declarar la moratoria continental de los desalojos, a través de:

• la institucionalización de los territorios “Libres de Desalojos”;

• el bloqueo de las inversiones nacionales o extranjeras en infraestructura y especulativas inmobiliarias que provoquen desalojos sin reubicación digna y concertada;

• apoyo de la cooperación internacional a procesos de paz con justicia en los territorios de guerra.

5. Formular y adoptar planes y programas de desarrollo barrial, municipal y metropolitanos sustentables, inclusivos y de forma participativa que garanticen el acceso a la tierra urbana y a la vivienda al conjunto de los y de las ciudadano/nas.

6. Establecer Mesas de concertación de suelo y vivienda a nivel local, nacional y regional para:

• la regularización y la titulación no especulativa de la tenencia de la tierra;

• el desarrollo de politicas por la vivienda social y cooperativa basados en el principio de la casa como derecho humano;

• la puesta en marcha de políticas de servicio público de vivienda social;

• la constitución de Fondos Populares por la Tierra y la Vivienda financiados por la cancelación de la deuda exterior, el presupuesto público y constituyendo el Banco del Sur, que contribuyan a dar seguridad del suelo y la vivienda, mediante cooperativas de propiedad colectiva, de ayuda mutua, u otras formas asociativas;

• el reasentamiento acordado y digno, pago de indemnización a las comunidades movilizadas, inclusas las afectadas por desastres.

Este es el aporte AIH para desarrollar la lucha contra el imperialismo, el neoliberalismo y el ALCA en el Continente.

Abril de 2007