1. Quienes somos?

Somos 125 representantes de la sociedad civil, movimientos populares,
organizaciones de mujeres gobiernos de 20 países, y agencias iternacionales,
preocupados por temas de pobreza rural y los derechos de acceso a la tierra y
otros recursos naturales. Nos hemos reunido en Bonn, Alemania entre el 19 y
el 23 de Marzo de 2001, para discutir colectivamente y expresar nuestras
preocupaciones sobre el estado que guardan los problemas de aceso a la
tierra.

2. Nuestras preocupaciones básicas.

Hemos examinado las experiencias y perspectivas de los procesos de Reformas
Agrarias (RA) y conflictos por la tierra en 9 países de América Laina, Asia,
Africa y Europa del Este. El objetivo de la conferencia ha sido despertar el
interés de la comunidad internacional sobre la necesidad de impulsar con
energía las Reformas Agrarias como un paso indispensable para encontrar
soluciones pacíficas al hambre, la pobreza rural y el manejo sostenible de
los recursos naturales.

Nos preocupa que la retórica no se compadezca con la realidad. A pesar de
los compromisos internacionales para reducir la pobreza y eliminar el hambre,
la situación de los pobres rurales se ha deteriorado durante las dos décadas
pasadas. Las recomendaciones de la Cumbre Mundial de la Alimentación y la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, establecieron la meta de reducir a
la mitad el número de personas con hambre hasta el ano 2015. La realidad
demuestra que lejos de alcanzar esa meta, el número de pobres sigue siendo
persistentemente alto y ellos están ahora expuestos a mayor vulnerabilidad.

En un mundo globalizado la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando.
Al presente podemos constatar que esta limitada meta de reducción de la
pobreza no será alcanzada. Hoy día todavía mas de 800 millones de personas
están sufriendo hambre crónica, extrema pobreza y vulnerabilidad, la mayoría
de ellas en áreas rurales. A ellos se les niega el acceso a la tierra y a
los recursos naturales, lo cual agrava la exclusión social, incrementa el
desbalance del poder y conduce a la destrucción de la autoestima y de la
identidad. El despojo de las semillas, de los recursos genéticos, la
biodiversidad, el agua y la tierra, destruyen el entorno de las comunidades,
de sus hogares y de sus condiciones de vida familiares.

Esta situación puede ser cambiada hoy día porque contamos con los medios para
hacerlo. El bienestar de la gente y la realización de sus derechos pueden
ser logrados.

3. Nuestras Recomendaciones

A la luz de las anteriores constataciones, recomendamos:

1. Reconocer que el rol de los Estados para impulsar programas de Reformas
Agrarias es irremplazable. Se necesita políticas públicas nacionales, claras
y transparentes, que promuevan el reconociminto de las organizaciones
populares de indígenas, campesinos y mujeres rurales como legítimos sujetos y
protagonistas con derechos a participar en el proceso de la RA.

2. Las Reformas Agrarias deben ser parte de procesos más amplios de
estrategias de desarrollo rural. Requieren ser concebidas como herramientas
básicas de las políticas nacionales que generan desarrollo humano integral y
no simplemente como políticas sociales asistencialistas aisladas, marginales
y compensatorias. Esto implica el uso de apropiados y suficientes recursos
humanos y financieros.

3. Una vez asumida la decisión nacional de aplicar la RA, este proceso debe
garantizar canales de participación social de las organizaciones populares de
manera que no se convierta en mecanismo de refuerzo de las élites locales.
Es necesario asegurar que toda reforma agraria tome en cuenta el uso
sostenible y viable de sistemas de producción.

4. Las RA deben asegurar el uso sostenible de la tierra y la viabilidad de
los sistemas de producción.

5. Allí donde las RA incluyen programas de reasentamientos humanos, los
asentamientos voluntarios no deben generar rupturas sociales, sino tratar de
restituir y devolver espacios territoriales a las poblaciones locales.

6. Concebir las Reformas Agrarias como un derecho humano básico para
garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a producir de los campesinos
e indígenas. Las RA no son solo distribución de tierras, sino procesos
integrales de acceso, tenencia y uso sostenible del conjunto de los recursos
naturales de bosques, aguas, semillas, recursos, genéticos, tierra y
biodiversidad.

7. Los gobiernos deben respetar, proteger y cumplir con el respeto de los
derechos humanos en relación a los derechos civiles, culturales, políticos y
económicos. El acceso a los recursos productivos incluyendo la tierra a
través de las RA es una importante parte de estas obligaciones.

8. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales deben garantizar
el acceso de la población a todos los instrumentos legales y mecanismos de
conciliación para resolver las disputas sobre la tierra.

9. Existe la necesidad de impulsar la formación y fortalecimiento de
instituciones que están tomando nuevas iniciativas sobre reformas de tierras
y manejo de recursos naturales.

10. Reconocer que los programas de catastro, registro y administración de
tierras no reemplazan a las Reformas Agrarias. Son solo herramientas que
fortalecen la seguridad jurídica de todos los propietarios y cuando son
usados deben ser capaces de reflejar derechos primarios, los derechos que se
superponen y los derechos de terceros.

11. Instar a los gobiernos a que involucren directamente a las poblaciones
locales, organizaciones sociales y movimientos populares en el debate y en la
aplicación de las políticas. Incluir a las instancias locales, comunidades
campesinas, pueblos indígenas y municipios rurales -con amplia participación
de la sociedad civil- en la activa gestión de los recursos naturales
renovables.

12. Asegurar y promover la igualdad en el derecho al acceso, control y
titulación individual y colectiva de las mujeres a la tierra.

13. Reconocer y respetar los derechos ancestrales y consuetudinarios de los
pueblos indígenas y de las comunidades campesinas así como a las minorías
nacionales y culturales.

14. Involucrar a todos los actores sociales, incluyendo a las mujeres,
campesinos y pueblos indígenas en los procesos de formulación de políticas de
desarrollo rural sostenible incluyendo legislación y programas de RA.

15. Tomando en cuenta los procesos globales de cambio en las últimas décadas
los gobiernos deben revisar, renovar y retomar los compromisos hechos hace 22
anos atrás en la Conferencia Mundial sobre Reformas Agrarias y Desarrollo
Rural (WCARRD), y recientes eventos como la Cumbre Mundial sobre Alimentación
y la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo que puso en
práctica el Convenio 169 y convenios relacionados a la biodiversidad y
desertificación.

16. Las políticas de Cooperación al Desarrollo de organismos multilaterales
y bilaterales deben ser negociadas en un marco democrático para priorizar las
RA y el desarrollo rural.

17. Las políticas agrícolas que generan dumping, penalizan la producción y e
comercio de los países en desarrollo estrangulan el desarrollo rural y
generan más pobres deben ser desalentadas. Los países industrializados deben
asumir mayor responsabilidad para el desarrollo agrícola sostenible en los
países del Sur.

18. La comunidad internacional y los gobiernos deben reconocer que las
políticas de Reformas Agrarias Asistidas por el Mercado (incluyendo
mecanismos como bancos o fondos de tierra) son instrumentos limitados en
sociedades altamente inequitativas. Estas RA asistidas por el mercado son
herramientas complementarias que no reemplazan los procesos redistributivos
de RA. Las expropiaciones de latifundios que no cumplen la función económica
y social deben ser realizadas de acuerdo a las leyes en vigencia y estas
tierras distribuidas a los que no tienen tierra.

19. Promover programas especiales de RA en los países en los que se han
producido guerras y existen conflictos de desplazados y refugiados. En la
mayoría de estos casos, las Reformas Agrarias son un camino a la paz.

20. Aumentar la transparencia en la ejecución de proyectos y programas
mediante el involucramiento y el control social de las poblaciones locales.

21. Promover la organización de la población que está excluida para
garantizar que participen en los procesos de desarrollo rural y de RA.

22. Las organizaciones de la sociedad civil deben facilitar y proveer los
medios y mecanismos para la expresión de la voluntad popular. Esto incluye
roles como gestión política, mediación, control social, monitoreo y
auditorías sociales, que incremente las capacidades de sus organizaciones.

23. Promover mayor flujo de información y conocimiento en temas de acceso a
la tierra. Este intercambio debe ir más allá del actual intercambio de
información solamente técnica y debe referirse a las experiencias concretas
de la sociedad civil, en orden de levantar la atención pública, compartir
experiencias y construir espacios de solidaridad.