Propuesta de declaración
El ordenamiento del territorio y de la autonomía es la base para la paz en
Colombia

En Colombia ha sido una constante la indefinición del modelo territorial, y ha
sido la causa evidente de conflictos entre defensores de uno u otro modelo.
Este debate se ve claramente en la Asamblea Nacional Constituyente del año 91,
en donde la comisión que abordó el tema territorial tuvo el mayor número de
dificultades para ponerse de acuerdo, discutiendo si Colombia debería adoptar un
modelo federal, seguir con el Estado unitario, pensar en el Estado regional, o
en cualquier otra forma. Finalmente, se impuso el modelo de Estado Unitario,
pero matizado con el reconocimiento de autonomía a las entidades territoriales
(al menos en el papel, pues la práctica está mostrando una dinámica totalmente
diferente).

Así las cosas, una simple Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no va a tener
la capacidad de resolver un problema estructural del ordenamiento territorial
colombiano, entre otras cosas porque el actual modelo es funcional a los grupos
que desde tiempo atrás han controlado el país y quieren seguirlo controlando.
El problema es mayor aún al tratar de reglamentar la conformación y delimitación
de las Entidades Territoriales Indígenas, porque esta nueva división político
administrativa vendría a eliminar algunos municipios, e incluso departamentos,
que son igualmente funcionales a las actuales estructuras de poder.

De tal forma que uno de los puntos fundamentales de camino hacia la solución del
conflicto que vive Colombia, será sin lugar a dudas la definición del modelo
territorial que: potencie la autonomía de las entidades territoriales, haga real
la participación ciudadana en la toma de decisiones, garantice la sostenibilidad
para la atención de los servicios públicos y, algo muy importante, permita hacer
real el país pluriétnico y multicultural.

Ausencia de una real reforma agraria

Campesinos, negros e indígenas tenemos en común el problema de la inexistencia
de una política de reforma agraria. Y lamentablemente la constante ha sido que
la solución de la problemática de escasez territorial de unos signifique el
comienzo del problema de los otros. De ahí que se presenten conflictos
territoriales entre los tres sectores, y lo que es aún más grave, dentro del
mismo sector. Pero no somos ni los negros, ni los campesinos, ni los indígenas
los que generamos estos problemas: todos somos partes del juego que nos han
impuesto los grandes terratenientes secundados por los gobernantes que hemos
tenido hasta ahora. No es justo que haya disputas territoriales entre dos o más
comunidades que no poseen ni siquiera media hectárea por familia, cuando están
rodeados por grandes propiedades que no están cumpliendo la función social de la
propiedad.

Existe la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la cual fue creada
mediante el Decreto 1397 de 1996, después de la toma de los pueblos indígenas al
Episcopado. A pesar de que en el reglamento de funcionamiento se ha establecido
que se hagan cuatro reuniones anuales, el Ministerio de Agricultura escasamente
convoca a una por año. Adicionalmente, la priorización que se hace para la
compra de predios no se respeta por el INCORA, que finalmente decide qué se
compra y qué no se compra.

Megaproyectos: el capitalismo criminal

En las últimas décadas, van tomando forma los megaproyectos de infraestructura y
de explotación de todo tipo de recursos, que en su mayoría se ubican dentro de
los territorios indígenas. Los proyectos están financiados, en la casi
totalidad de los casos, con capital multinacional. Las multinacionales han
venido adecuando la institucionalidad y la legalidad en los diferentes países,
como Colombia, con el fin de allanar el camino para llevar a efecto sus
propósitos (o sus despropósitos). La presión a los gobiernos es ejercida a
través de los organismos internacionales de financiamiento, quienes condicionan
los créditos (condonables o reembolsables) a que los países tomen una serie de
medidas de orden político y legal que allane el camino para sostener el modelo
económico vigente.

Mientras tanto, el gobierno avanza en el otorgamiento de licencias ambientales
para la construcción de grandes obras de infraestructura o para la explotación
de los recursos naturales en los territorios indígenas, pasándose por alto el
derecho a la consulta previa. Así por ejemplo, en los casos Embera del Alto
Sinú, U'wa, por mencionar solamente dos. Esta estrategia de adecuación legal e
institucional y de actuación de hecho por parte del Gobierno colombiano, se
complementa con la estrategia paramilitar de desplazamiento de la población con
el fin de desocupar los territorios y dejarlos libres de cualquier oposición
para adelantar las grandes obras o la explotación de recursos. No es gratuito
que las zonas más altamente presionadas sean aquellas en donde hay yacimientos
de oro (como en Barrancabermeja o en el Naya), de petróleo (como en el Putumayo,
y en general en la Amazonía), de minas (como en el bajo Cauca antioqueño);
aquellas en donde se proyectan obras como el canal seco interoceánico Atrato-
Truandó; aquellas en donde se prevé el establecimiento de cultivos
agroindustriales como la siembra de palma africana (en la Amazonia); o aquellas
en donde se quiere potenciar los cultivos con fines ilícitos como Nariño.

Para enfrentar estas políticas, insistimos en crear o fortalecer nuestra propia
estructura de gobierno, nuestro propio sistema de economía, nuestras propias
leyes sobre el territorio y recursos naturales; en elaborar nuestros propios
Planes de manejo territorial y ambientales y en desarrollar los planes de vida.
Estas acciones las impulsamos a partir de la función de las autoridades
tradicionales, de los conocimientos tradicionales, de nuestra protección
cultural.

De lo anterior, nosotros concluimos: Si el problema territorial es la causa
estructural de la guerra, entonces la paz debe nacer de resolver ese problema.
Por eso proponemos al país, que ése sea el eje de la paz. Y por otro lado la
autonomía territorial indígena es para nosotros un principio irrenunciable.

Reordenamiento democrático territorial

Nos sumamos a quienes sostienen que se requiere refundar la República. Ir más
allá de una simple reforma administrativa que distribuya funciones a los
gobiernos locales sin que se haga una verdadera distribución del poder. Un
ordenamiento territorial es un ordenamiento del poder público. En consecuencia,
proponemos como principios rectores de las Entidades Territoriales la identidad
cultural regional, la diversidad e Interculturalidad, la autonomía, la
sustentabilidad y la participación política. En ese sentido, proponemos:

1. Avanzar hacia un Estado con regiones autónomas (entre ellas las indígenas).
Lo cual significa que las determinaciones en materia de recursos naturales,
educación, megaproyectos, medio ambiente, salud, cultura, son de atribución
exclusiva de las regiones. El endeudamiento público no podrá hacerse sin
autorización de los Entes regionales. En una República nueva con autonomías
regionales, serán de atribucion del Estado Nacional la seguridad nacional, la
representacion ante los Estados y demás funciones de la soberanía.

2. Avanzar hacia un Estado multi-étnico que exprese al país multiétnico. Lo
cual significa reconocimiento a los territorios y gobiernos indígenas, de los
afrodescendientes y raizales. No podemos seguir con un Estado monoétnico y
etnocéntrico. Vemos en ello la necesidad de que haya dos Cámaras en el
Congreso: una que exprese las regiones autónomas y otra que exprese a las
poblaciones según proporción numérica. Las entidades étnicas,
adicionalmente, tendrán jurisdicción especial.

3. Avanzar hacia una refundación del poder municipal o local, con control fiscal
de las poblaciones, previa garantía de una distribución presupuestal que
posibilite un ingreso mínimo en calidad de vida. Responsabilidad nacional en
el suministro de recursos para la prestación de los servicios sociales de
salud, educación y servicios domiciliarios. En este sentido apostamos por el
reconocimiento de formas de gobierno comunitario a las Zonas de Reserva
Campesina.

La autonomía territorial como parte de un acuerdo de paz

Los indígenas tenemos un derecho legítimo sobre nuestros territorios. Ese
derecho legítimo además ha sido reconocido por la firma de tratados, por títulos
de origen colonial, por títulos nuevos de resguardo y otros están pendientes de
reconocer y delimitar. A la vez, nuestro derecho legítimo está reconocido por
diversas normas nacionales e internacionales. Buscamos articular estos
territorios y gobiernos, sin caer en la política integracionista, en un nuevo
País Multiétnico y Pluricultural, con un Estado que garantice esa diversidad,
donde a las autoridades propias implementen su ejercicio de desarrollo
económico, político, social y cultural de los pueblos indígenas; donde nuestras
reivindicaciones milenarias como la AUTONOMÍA TERRITORIAL sean un hecho, y no
una teoría con definiciones restringidas como las planteadas en las leyes y la
Constitución Política de 1991.

En la actualidad tenemos que partir del hecho de que con el Estado y con la
insurgencia nos disputamos los territorios, bregamos por hacer cumplir leyes
territoriales que se excluyen, los comandantes del ejército y la guerrilla nos
disputan la hegemonía judicial. Pareciera que el proyecto de autonomía
territorial indígena choca con cualquier modelo de Estado, sea el actual
(defendido por el Ejército y los escuadrones de la muerte), o el que promueve la
insurgencia (y que trata de imponer sobre la gente). Esa es la preocupación que
tenemos frente a un posible acuerdo de paz: que ante el mutuo interés que existe
para disminuir nuestra autonomía territorial, terminemos perdiendo más en la
negociación que en la guerra; que una redistribución del poder se haga a costa
del gobierno indígena y de todas las experiencias de poder local, comunitario y
popular que se han venido consolidando en el país; que una reforma agraria se
haga contra nuestros territorios con tal de no tocar a los terratenientes.

Por eso, para los Pueblos Indígenas resulta claro que nuestra mínima exigencia
en los procesos de refundación de la República -que surjan de una negociación o
de otro proceso constituyente-- será la autonomía territorial. Sin ello,
simplemente vamos a desaparecer. Para ello, es fundamental que se impulse la
conformación de las Entidades Territoriales Indígenas ETIS en dirección a
configurar una Colombia multiétnica, y superar la idea de una sola nación en la
que apenas se nos reconoce como minorías. En las diferentes movilizaciónes
indígenas sobre el tema, hemos ido identificando los componentes de dicha
exigencia, que proponemos también para los pueblos afrodescendientes, rom y
raizal:

1. El reconocimiento de los territorios indígenas como una realidad anterior al
Estado; se trata de las áreas poseídas en forma regular y permanente por un
pueblo, o que constituyen su territorio ancestral o el ámbito tradicional de
sus actividades.

2. El reconocimiento de la autonomía cultural, política, administrativa y
presupuestal para la gestión de sus intereses.

3. El reconocimiento del derecho a gobernarse por autoridades propias,
participar de los recursos de la Nación y administrarlos, establecer los
tributos y participar en la definición de las políticas económicas, sociales,
ambientales y culturales de la Nación.

4. Reconocimiento del patrimonio colectivo de los pueblos indígenas, los cuales
son: su existencia misma, su legado cultural, sus conocimientos
tradicionales, los recursos naturales renovables y no renovables, la
biodiversidad, las obtenciones vegetales y recursos genéticos que tengan
origen en sus respectivos territorios.

5. En desarrollo de estos criterios, los pueblos indígenas debe tener derecho
preferencial al uso y aprovechamiento de los recursos marinos, fluviales y de
sistemas hidrográficos existentes en sus territorios; así como la
administración, uso y manejo de las áreas protegidas y de manejo especial.

6. Como parte de la República, los territorios indígenas deben garantizar la
integridad del territorio indígena, la conservación y protección de la
biodiversidad y el conocimiento tradicional, diseñar, dirigir y ejecutar la
política ambiental, la prestación de los servicios sociales, ejecutar las
obras y proyectos de inversión económica y social, garantizar el uso oficial
y la enseñanza de las lenguas indígenas en su territorio y promover la
educación propia.

7. Los Territorios Indígenas podrán conformar Provincias, y estarán articuladas
directamente a la Nación, en reconocimiento del carácter multiétnico del
Estado.

8. De forma especial, le apostamos a implementar un Plan de Reconstrucción
Económica y Social de los pueblos indígenas, que repare los impactos y daños
causados por 500 años de invasión y saqueo.

Creemos que la consolidación de las Entidades Territoriales Indígenas es el
punto de entrada para un pacto de paz con los pueblos indígenas; junto a lo cual
el fortalecimiento de los procesos territoriales regionales es inaplazable tal
como vienen impulsando los gobernadores del suroccidente del país. Sabemos que
eso no lo lograremos en el Estado actual; tampoco parece ser posible en el
Estado que hoy promueve la insurgencia. Sólo un país que salga de la más amplia
participación de las organizaciones sociales, podría lograrlo. Los indígenas
sabemos que eso solo es posible si pensamos al mismo tiempo un pacto de paz con
los trabajadores, con las madres comunitarias, con todos los excluidos y
oprimidos por el neoliberalismo.