En horas de la madrugada del día lunes 8 de octubre, luego de la medida de hecho protagonizada, desde el 4 de octubre, por la población afectada por la presencia de la empresa Curiming SA y del cuerpo de ingenieros del ejército, a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo, la empresa Curiming S.A. ha decidido salir de la zona de ocupación minera.

Las comunidades afectadas han acompañado el retiro de todo el personal y maquinaria del sector las Naves y Echandía.

Las comunidades afectadas son las propietarias ancestrales de las tierras que actualmente están ocupadas por proyectos devastadores de sus formas tradicionales de vida, que están además amparadas por marcos legales totalmente lesivos para los derechos colectivos e individuales de las poblaciones rurales del país.

Las medidas tomadas por la población afectada son el resultado de tanto atropello legal cometido por el estado y por estas empresas en particular

Nos solidarizamos con la población afectada y advertimos, sobre todo a la fiscalía y poder judicial del país, que cualquier acción legal que se tome contra las comunidades será parte del proceso sistemático, ya conocido por parte de las empresas mineras, de persecución a líderes y de criminalización de la protesta.

La protesta es un legitimo derecho de las poblaciones, sobre todo, en defensa de sus derechos políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales y colectivos. exhortamos a la fiscaliza así como al poder judicial a estudiar las denuncias de la población local afectada, dentro del marco amplio de derechos consagrados en la constitución de la republica.

Agradecemos la acción de la Gobernación de Bolívar a través de cuyo intermedio se logró efectivizar la salida de la empresa, y de esta manera evitar consecuencias mayores.

Exigimos al Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno Nacional la suspensión definitiva de la concesión a la empresa Curiming SA, así como al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo y la declaratoria de territorio libre de minería y de centrales hidroeléctricas privadas a la provincia de Bolívar.

!La vida, el agua, la naturaleza no se compra, no se vende, se defiende!!!

Quito, 9 de octubre del 2007